El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, exige al Gobierno que respete el principio de adicionalidad y no supla la inversión del Estado en Andalucía con fondos estructurales de la UE, toda vez que la Junta cree que se están produciendo “anomalías” en ese sentido, pues, según recuerda “en los dos últimos años, el 62 por ciento de la inversión pública contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para Andalucía se ha financiado con fondos europeos, con lo que se sustituye una inversión por otra”.
Sánchez Maldonado ha anunciado este miércoles que Andalucía recibirá en el marco 2014-2020 un total de 9.357 millones de euros de fondos europeos, lo que supone “un 22 por ciento menos de recursos que en el periodo 2007-2013”, lo que supone “una disminución sustancial de fondos”.
Sánchez Maldonado precisa que dicha cantidad tiene que verse incrementada con “unos 1.500 millones de euros más” con la aplicación de la Cláusula de Revisión en 2016, una asignación que realizará la Comisión Europea en función de la situación económica y las perspectivas de crecimiento.
En ese sentido, el consejero precisa que de los 3.000 millones que recibirá España por la Cláusula de Revisión, “a Andalucía le correspondería una horquilla mínima de 1.200 millones, en el caso de que nos aplicaran el mismo porcentaje que el peso global que nos están aplicando, de en torno a un 32,3 por ciento”.
No obstante, considera que “si nos aplican un porcentaje en función de los datos reales, de decrecimiento del PIB per capita, la cantidad que nos correspondería podría llegar a 1.400 ó 1.500 millones de euros”. De esta forma, la Junta reclamará la horquilla de máximos, esto es, 1.500 millones de euros, una petición que hará “dentro del diálogo con el Gobierno central, y por la vía del acuerdo y la lealtad institucional”.
De esta forma, del total de fondos europeos de los que dispondrá Andalucía en todo el periodo, el 55 por ciento serán gestionados por la Administración central y un 45 por ciento por la Junta de Andalucía, 4.201 millones de euros. De esta forma, disminuyen los fondos europeos gestionados por el Gobierno central y se mantienen los gestionados por la Junta.
En el anterior marco, la Comunidad gestionaba el 37 por ciento y el Gobierno el 63 por ciento, por lo que se produce un salto “cualitativo y cuantitativo”, de forma que “a pesar de la reducción significativa del total de fondos europeos que lleguen a Andalucía, los fondos que va a gestionar la Junta van a ser similares a los que gestionaba anteriormente y se mantendrá un nivel de fondos europeos similar en los presupuestos andaluces, mientras que el Gobierno central gestionará bastante menos cantidad de dinero para Andalucía”.
En ese sentido, Sánchez Maldonado ha resaltado que “los esfuerzos de negociación y cooperación entre Gobierno andaluz y Administración central ha permitido minimizar el impacto de la salida de Andalucía del grupo de regiones menos desarrolladas a la condición de Región de Transición, en un contexto de reducción de recursos para la política de cohesión”, con un “mejor reparto que permite atenuar en el presupuesto andaluz de la bajada del 22 por ciento”.
Asimismo, ha recordado que la Junta de Andalucía reclamó un incremento de fondos para la comunidad autónoma tras el Consejo Europeo celebrado en febrero del pasado año, en el que se acordó la cantidad de fondos para España en el nuevo marco y que suponían una asignación estimada para Andalucía un 40 por ciento menor que en marco anterior.
Tras la negociación, la comunidad andaluza recibirá 9.357 millones de euros, 9.126,5 de Fondos Estructurales (que incluye el Fondo Social Europeo, FSE, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder), donde se produce una reducción, y 231 millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil.
La Junta de Andalucía defiende que a este volumen de recursos hay que añadir la asignación de recursos correspondiente a los programas de Cooperación Territorial así como a la asignación en 2016 de la citada Cláusula de Revisión, que considera que debería ascender a un máximo de 1.500 millones más.
PRINCIPIO DE ADICIONALIDAD
Del mismo modo, el consejero de Economía ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá reclamando al Estado el cumplimiento del principio de adicionalidad de la política de cohesión de la Unión Europea de forma que, tal y como establecen los reglamentos comunitarios, “los fondos estructurales sean adicionales y no sustituyan a la inversión que corresponda a cada región en los Presupuestos Generales del Estado”.
Sánchez Maldonado ha asegurado que a la Junta le preocupa el hecho de que en la gestión que se realiza por parte del Gobierno de los fondos estructurales de la UE, los fondos europeos “sustituyan a la propia inversión del Estado en Andalucía”, por lo que considera que este principio de adicionalidad “debe asegurarse a nivel regional, de modo que no exista compensación entre regiones equilibrando los menores fondos europeos de unos territorios con inversiones con fondos propios que se niegan a otros”.
“Hay indicativos de que puede producirse un incumplimiento de este principio, por lo que reclamamos mucha transparencia en los datos y en la distribución por comunidades autónomas de los fondos para verificar que se cumple el principio”, asevera el consejero, mientras que el secretario general de Economía, Gaspar Llanes, ha indicado que esa posible “anomalía” se ha comunicado al Ministerio de Hacienda, se ha reclamado públicamente y también se ha llevado a la UE y se reclama que “se mida el principio de adicionalidad a nivel regional”.
“Si el principio de adicionalidad no se cumple y se une a ello el incumplimiento de la DAT del Estatuto, se perjudicará el desarrollo económico andaluz y habrá reducción de la inversión pública, por lo que seremos firmes en el cumplimiento de estas cuestiones”.
MÍNIMO DE RECURSOS
Por otro lado, el consejero ha señalado además que los reglamentos que regulan el nuevo marco de fondos europeos implican destinar un mínimo de recursos para determinadas políticas que contribuirán a la consecución de un nuevo modelo productivo en Andalucía. En concreto, para I+D, TIC y pymes hay que asignar, cómo mínimo, 1.812 millones de euros (un 48,5 por ciento más que en 2007-2013). Del mismo modo, para políticas de economía baja en carbono hay que garantizar un mínimo de 222 millones (un 208 por ciento más que en el periodo anterior), y para combatir la pobreza y exclusión social, un mínimo de 282 millones de euros. Por su parte, para el Programa de Empleo Juvenil hay que destinar como mínimo 332 millones de euros.
El pasado 19 de noviembre, el Parlamento europeo aprobó, después de casi diez meses de negociación, las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 propuestas por el Consejo Europeo el 8 de febrero del año pasado. Dichas perspectivas suponen un presupuesto total de la UE para los próximos siete años de 960.000 millones de euros, lo que supone que “por primera vez hay un descenso de recursos sobre periodos anteriores” y con un importante retroceso de la política de cohesión, que disminuyen para el conjunto de la UE en un 8,4 por ciento.
Maldonado, que cree que a nivel europeo se está haciendo una distribución “regresiva” de los recursos, que afectará a las regiones menos desarrolladas y a las zonas en transición.
Recuerda que desde el pasado 1 de enero, las perspectivas financieras “están plenamente vigentes tras la ratificación por el Consejo Europeo el pasado 2 de diciembre de lo aprobado en el Parlamento europeo y la publicación de las mismas”.