El consejero de Presidencia, José Jiménez Barrios, ha asegurado este jueves que la Junta de Andalucía “llevará a cabo el mandato” del Parlamento autonómico para adoptar todos los “mecanismos políticos y jurídicos necesarios” para declarar la inconstitucionalidad de una norma tan “anacrónica y desfasada” como la Ley Hipotecaria de 1946 y cuya reforma se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
Así lo ha dicho en el pleno del Parlamento tras ser interpelado por la diputada de IULV-CA Alba Doblas sobre esta resolución aprobada por la Cámara autonómica y sobre si la comunidad va a “utilizar todos los mecanismos” a su alcance con el fin de declarar la inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria “que había dado la posibilidad a la Iglesia de inmatricular masivamente bienes que pertenecen a todos” como la Mezquita de Córdoba.
Jiménez Barrios ha afirmado que el Gobierno andaluz “va a dar cumplimiento” a este mandato del Parlamento y que, por tanto, lo que va a hacer es “fundamentar plenamente los principios” tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía frente a el “privilegio” que ha tenido en esta materia la Iglesia.
El consejero, que ha mostrado el “rechazo” del Ejecutivo andaluz a que “en pleno siglo XXI” siga vigente una ley que “plantea muchas dudas de constitucionalidad” y que “equipara a diocesanos con fedetarios públicos”, ha valorado no obstante que el Gobierno de la Nación esté estudiando la reforma de esta ley hipotecaria en el Congreso, un trámite que, según ha apostillado, es el ideal para “hacer desaparecer la posibilidad de que la Iglesia utilice el procedimiento especial para la inmatriculación de los bienes”.
Por ello, ha dicho que el PSOE va a utilizar el trámite de enmiedas para que se lleve a efecto esta posibilidad y, sobre todo, para que la aplicación y entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria sea “inmediata”, no que ahora mismo contempla dar “curiosamente un año” de plazo para ello.
“Creemos que ahí está el 'quid' de la cuestión. No debe tener un año de entrada en vigencia sino ser de inmediata ejecutividad para poner las cosas en su auténtico sitio”, ha remarcado tras pedir al PP que “aproveche esta oportunidad que tiene para rectificar” y “acabar con este privilegio” de la Iglesia.
Por su parte, Doblas ha advertido de que la petición de que la Mezquita de Córdoba de titularidad pública “no es una cruzada contra la Iglesia” sino una “defensa de la grandeza de nuestro patrimonio contra quienes nos lo quieren arrebatar, se llame Iglesia o 'Periquito el de los Palotes'”.
De ahí, que haya pedido al Gobierno andaluz que lleve a cabo tres acciones concretas como son las de “conocer, informar y recurrir” porque, según ha advertido, puede haber muchos bienes que se consideren públicos y que, sin embargo, hayan sido inmatriculados por la Iglesia.
“Esa realidad está ahí y el Estatuto nos obliga a defender nuestro patrimonio”, ha concluido para urgir a la Junta de Andalucía a “defender” su patrimonio y a conocer qué “bienes han sido usurpados” por la Iglesia.