La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha remitido un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que reitera su petición para que se impongan fianzas de responsabilidad civil a más de 70 imputados en la causa.
La Junta, pocos días después de trascender que afirma que las prejubilaciones de los ERE son legales, ponen de manifiesto en un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que “las medidas cautelares de carácter real que se citan fueron solicitadas al término de la declaración judicial de cada uno de los imputados, en orden a garantizar el reintegro de los fondos públicos defraudados al erario público andaluz”.
De este modo, la Junta solicita que se imponga una fianza civil de 11.182.767 euros a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla; de 1,3 millones al exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero, o de 66.666 euros al exalcalde de El Real de la Jara (Sevilla) José Antonio Méndez (PSOE).
También pide una fianza civil de 58.666 euros para una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla); de 16.000 euros al que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos, y de 45.537 euros a Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén), por su inclusión en el ERE de una empresa para la que supuestamente no habría trabajado.
Además, reclama una fianza civil de 200.000 euros para el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, todo ello en un escrito donde reitera las fianzas civiles solicitadas en su día para 'intrusos' de A Novo, Faja Pirítica, Hitemasa, o Gres Vilches, entre otras empresas.
Tras la petición formulada por la Junta, la juez ha dictado una providencia, fechada el 15 de julio y consultada por Europa Press, en la que acuerda unir el escrito y anuncia que “se acordará conforme a derecho”.