A simple vista, la laguna de La Janda es un mar de cultivos entre Vejer de la Frontera, Barbate, Medina y Tarifa, al sur de Cádiz, muy cerca del Estrecho. Pero lejos de allí, La Janda esconde una pugna política, jurídica y medioambiental y sobre la propiedad de esos terrenos, desecados por el régimen de Franco a partir de los años 40 y que desde entonces explotan, con fondos de la UE, terratenientes como los Mora-Figueroa. La Junta de Andalucía se acaba de alinear –al menos parcialmente– con los grandes propietarios. En un informe del pasado mes de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es, la Junta concluye: “En cualquier caso, la inexistencia de lagos o lagunas en la zona, desde hace al menos cincuenta años, lleva a la conclusión de la inexistencia de dominio público hidráulico en los terrenos objeto de investigación”. La decisión vuelve al Ministerio de Transición Ecológica, que incluyó en sus planes recuperar al menos 1.000 hectáreas de la laguna.
Durante todo el siglo XX, los humedales eran considerados espacios a extinguir, lugares donde solo proliferaba la malaria y que frenaban el desarrollo económico. La primera ley de desecación es de 1918, conocida la ley Cambó. Después, Franco lanzó un ambicioso plan de desecación que afectó con, entre otros, a las Tablas de Daimiel, la laguna de Antela o el Mar de Campos. A La Janda le tocó el turno en 1946. Solo cuando la dictadura quiso desecar Doñana, un movimiento ecologista impulsado en Suiza logró frenar el proyecto.
Desde las obras, el agua solo ocupaba la antigua laguna de la Janda en momentos de grandes lluvias, y jamás las 6.000 hectáreas originales. La tierra fue comprada, vendida, parcelada, roturada, cultivada, heredada y subvencionada.
Pero hace unos años, un grupo de ecologistas y vecinos, unidos a partidos de izquierda, comenzaron un movimiento para intentar recuperarla. Parecía una lucha quijotesca hasta que, en noviembre de 2022, el Plan Estratégico de Humedales 2030, del Ministerio de Transición Ecológica, señaló como objetivo “restaurar parcialmente antes de 2030 alguno de los humedales más grandes y emblemáticos antaño desaparecidos, como la laguna de La Janda (al menos 1.000 hectáreas)”.
Esa mención puso en guardia a algunas de las familias más ricas y poderosas de Andalucía. Porque las Lomas, la empresa que cultiva gran parte del terreno, fue fundada en los 60 por José Ramón Mora Figueroa, casado con Carmen Domecq. Fue él quien fue agrupando los terrenos dispersos de la familia. Hoy es una finca enorme con una gran producción de verduras, cítrico y cereal, además de lugar tradicional de cacerías para nobles ricos y famosos como Juan Carlos I y Juan Abelló.
El plan de Transición Ecológica comenzó un procedimiento entre Administraciones sobre quién debía delimitar qué parte era dominio público hidráulico, si es que había, ya que La Janda se encuentra en una cuenca interna andaluza, gestionada por la Junta, pero el dominio público es estatal.
El 10 de abril de 2023, la dirección general de Patrimonio andaluza inició el “expediente de investigación patrimonial sobre los terrenos de la laguna de La Janda y el resto de lagunas asociadas [...] a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad”. La administración autonómica ha instruido “un expediente extraordinariamente extenso no solo por el número de interesados implicados y de alegaciones presentadas, sino también por haber sido necesario incorporar la documentación histórica de los procedimientos de desecación y expropiación llevados a cabo desde la década de 1940”.
El informe, de 28 páginas, desestima las pretensiones de las organizaciones ecologistas. Según estas, un deslinde del dominio público de 1949, aprobado por orden ministerial en 1961 y ratificado por el Tribunal Supremo en 1967, es motivo de sobra para mantener que la vieja laguna es, en realidad, dominio público y, por lo tanto, no puede pasar a manos privadas. “Ninguna de las actuaciones realizadas con posterioridad por los particulares que se tienen por dueños de las tierras de cultivo que hoy ocupan estos terrenos serían válidas y todos los procedimientos y títulos concedidos deberían tenerse por nulos”, resume el documento.
Sin embargo, el informe de la Junta concluye lo contrario. Y alude a que en la primera documentación, la concesión de 29 de noviembre de 1946 para poner la laguna en cultivo, ya “se infiere, sin lugar a duda, que existen propietarios privados en la zona”. El deslinde se hizo, siempre según el dictamen de la Junta, para “confirmar los nombres y residencias de los dueños de los terrenos que se necesita adquirir para la realización del proyecto de obras de la desecación, saneamiento y colmatación de las lagunas”, no para delimitar la propiedad pública.
La Junta se remonta a la ley de desecación de 1918, vigente cuando en los años 40 el Estado deslindó la laguna. “Este régimen jurídico, lejos de defender el dominio público hidráulico, lo ponía al servicio de las manos privadas que permitieran su desecación en zonas insalubres”. “Parece evidente que el Estado no legisló ni actuó con intención de retener la titularidad del dominio identificado como público, sino de convertirlo en tierras que pudieran ser cultivadas por manos privadas”.
Por todo, la Junta concluye que la Administración no puede “anular los derechos de propiedad privada, sin perjuicio de que las entidades denunciantes puedan acudir a la Jurisdicción Civil en defensa de los derechos que alegan”. “La inexistencia de lagos o lagunas en la zona, desde hace al menos cincuenta años, lleva a la conclusión de la inexistencia de dominio público hidráulico”.
El informe abunda en que, aunque los terrenos hubiesen sido públicos, ya estarían en periodo de aplicar la usucapión -la apropiación mediante el uso-: “Dado el tiempo transcurrido, más de cincuenta años, la usucapión ha actuado en favor de los actuales titulares de los terrenos que ocupaban la laguna de La Janda y el resto de lagunas”.
Pese a asumir en su totalidad el fondo de las alegaciones de los propietarios, al final concluye que no es competente para declarar que no existe dominio público. Según el gabinete jurídico de la Junta, esa es una potestad estatal tras varios litigios entre Administraciones.
El informe autonómico sobre La Janda está fechado el pasado 6 de octubre de 2023. En ese momento, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta Teresa Ribera aún no habían firmado en público el pacto sobre Doñana con el que enterraron la pugna entre las dos administraciones por la gestión del humedal.
Ahora La Janda vuelve de nuevo al Ministerio de Transición Ecológica, pero lo hace con un informe que es una gran baza para los dueños del terreno. Porque la batalla por la antigua laguna no ha hecho más que empezar. Si sigue adelante la expropiación, el caso previsiblemente acabará en los tribunales dentro de años.
Los precedentes así lo hacen ver. El Supremo sentenció en los 90 que los Ojos del Guadiana eran de titularidad pública aunque estuviesen secos. La diferencia es que allí la desecación se produjo de manera ilegal y por la vía de los hechos por los pozos de los agricultores. La Confederación Hidrográfica del Guadiana puso mojones señalando el dominio público hidráulico… en mitad de un campo de alfalfa que sigue en funcionamiento.
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