La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha accedido a la declaración de tres altos cargos del Ministerio de Empleo para aclarar ciertas cuestiones relacionadas con la macrocausa y cuya presencia evitó el juez Álvaro Martín en septiembre de 2016 y, mucho más recientemente, el tribunal que ya está juzgando a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al rechazar la misma testifical solicitada por el abogado del exdirector de Trabajo Javier Guerrero.
El director general de Empleo, Javier Thibault, citado a declarar por videoconferencia el próximo 15 de febrero, fue el firmante del escrito que remitió en octubre al juzgado sobre la relación de ayudas del Ministerio y tratar así de solventar una cuestión que vienen pidiendo desde hace tiempo varias defensas acerca de la existencia o inexistencia de un marco legal que amparara la concesión de este tipo de ayudas en Andalucía. También deberán declarar en calidad de testigos-peritos el subdirector general de Empleo, Juan Manuel Gutierrez, y la vicesecretaria general técnica, Raquel Peña, según consta en una providencia de la jueza fechada este 30 de enero.
El Gobierno español no realizó concurso público alguno para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el periodo 2001-2011 y tramitó todas y cada una de ellas por el régimen de concesión directa. El Ministerio detalló ante la instructora Bolaños un listado de 220 ayudas con las empresas beneficiadas, la entidad aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectuó el ingreso y el importe de cada ayuda. Es de prever que las personas citadas como testigos deberán aclarar la concurrencia a las ayudas, los requisitos de los trabajadores y la aplicabilidad de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995.
En aquel informe también se explicaba que la concesión de ayudas se realizó según la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, desechada por la jueza Alaya durante la instrucción y que determinaba las ayudas que podía conceder de forma directa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. “La Dirección General resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada la disponibilidad presupuestaria existente”, sentenciaba Thibault ante el juzgado que ahora le llama pero en relación a otra pieza separada, que investiga la ayuda a la empresa Río Grande.
La testifical de Córdova en el juicio
Por otro lado, recientemente trascendía que Soledad Cordova, exdirectora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los años 90 e investigada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso ERE en la pieza separada de la Faja Pirítica de Huelva, también deberá acudir como testigo al juicio ya en marcha contra 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
El auto de la Audiencia de Sevilla que la semana pasada, entre otras cosas, rechazaba la testifical de Susana Díaz, consideraba “pertinente” la comparecencia de Córdova para que explique la normativa estatal bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2005, y que se valieron de una Orden Ministerial aprobada en 1995, según reconoció por escrito el propio Ministerio en dicha pieza.
La Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta validaron en el año 2000 la aplicación de al citada Orden en un par de informes del trámite de fiscalización de una de las ayudas que se investigan, si bien el entonces viceconsejero Antonio Fernández se acaba de desdecir de aquello ante el juzgado por lo que su abogado considera ahora una mala interpretación del tipo de ayudas que se manejaban.