El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, que entre sus medidas más contundentes incluye la obligación de las empresas que consuman más de tres gigavatios por hora a someterse a auditorías que midan las emisiones que no están controladas dentro del Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Se trata de dar un paso más en el control de las emisiones. En caso de que superen los límites establecidos, que se fijarán por reglamento por desarrollar, deberán compensar el daño con el pago de proyectos medioambientales que contribuyan a la absorción de estos gases, sobre todo reforestaciones y tareas de conservación de humedales.
De todas maneras, la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio no tiene cuantificado el número de empresas de esta dimensión en Andalucía, pero la consejera María Jesús Serrano ha garantizado que “se buscarán mecanismos y fórmulas” para conocerlas y poder saber si cumplen la ley. De hecho, se prevé la creación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) que controlará que los establecimientos cumplen con la referida obligación, que por cierto también podrá ser un compromiso que adquieran voluntariamente las empresas que estén por debajo de los tres gigavatios por hora en consumo.
Sin embargo, la ley descarta la creación de tasas nuevas en este terreno. En este sentido, cabe recordar que en el pacto firmado por el PSOE-A e IU se incluye la redacción de una Ley de Fiscalidad Ecológica, pero lo cierto es que de momento los socialistas se niegan a la creación de nuevos tributos. Eso sí , la ley tendrá también un régimen sancionador para las empresas que no se sometan a las auditorías a las que obligará el SACE, porque, como ya se ha dicho, superar las emisiones se penalizará obligándolas a invertir en proyectos medioambientales. Las multas irán de 30.000 a 60.000 euros, dependiendo de la gravedad de la falta. “El objetivo no es sancionar sino concienciar y que creemos un ambiente propicio en Andalucía para que tanto empresarios como ciudadanos se adhieran voluntariamente a estos compromisos”, ha dicho la consejera.
Otra de las propuestas de la ley es la creación de la figura de Municipio de Baja Emisión de Carbono, distinción que permitirá a las administraciones locales que la consigan para su territorio conseguir algún punto más a la hora de acceder a determinadas subvenciones.
En su opinión, “el Gobierno de Andalucía tiene la responsabilidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático”.Para ello ha incidido en que es necesaria la suma de todos los partidos y administraciones en este objetivo de lucha contra el cambio climático. Por ello, ha apelado a que los grupos parlamentarios “enriquezcan” ael texto con propuestas durante su tramitación.
La consejera ha recordado que en 2002 nació la Estrategia Andaluza contra el Cambio Climático que ha permitido, a través del correspondiente plan, reducir en casi un 20% las emisiones en Andalucía entre 2004 y 2012. “En nuestro país ninguna comunidad autónoma ha elevado a rango de ley la lucha contra el cambio climático”, ha continuado, al tiempo que ha precisado que ahora el punto de partida de la ley será el Plan Andaluz de Clima, del que ya están los borradores.