El PSOE y el PP han evitado este miércoles que se tramite una modificación de la ley para garantizar que el Gobierno de Andalucía pueda ser controlado por el Parlamento de Andalucía en periodos en los que se encuentre en funciones, como ocurrió tras las últimas elecciones autonómicas durante casi tres meses. Se trata de una proposición de ley elevada por Podemos y que ha contado también con los votos a favor de C's e IU mientras que el PSOE y el PP la han rechazado.
La modificación, en un segundo punto, pretendía también que el Parlamento de Andalucía pudiera funcionar en periodos de provisionalidad del ejecutivo, como los existentes entre la celebración de procesos electorales y la investidura de la nueva presidencia, facultando para ello que el Consejo de Gobierno pudiera, pese a estar en funciones, emitir dictámenes sobre la tramitación y toma en consideración de sus iniciativas legislativas.
La proposición de ley partía con el criterio en contra a su toma en consideración por parte del Gobierno de Susana Díaz, pese a que los socialistas han defendido este control en dos ocasiones -en 2016 y esta misma semana- para el Gobierno de España. En este sentido el debate se ha producido 24 horas después de otro similar en el Congreso de los Diputados en el que el PSOE, Unidos Podemos y C's han apoyado la reforma legislativa impulsada por el PNV para que los gobiernos en funciones se sometan al control de la oposición y evitar así que en el futuro se repita una situación parecida a la de la pasada legislatura, cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a resignarse a preguntas y comparecencias.
El PP, por su parte, ha comentado que es necesario esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) se defina, dado que desde 2016 está pendiente que se pronuncie después de que, esa primera vez, Mariano Rajoy se parapetara para no rendir cuentas en un informe de sus servicios jurídicos, lo que hizo el que el Congreso de los Diputados planteara un conflicto atribuciones. “Hay que esperar a lo que diga el TC”, ha remarcado este miércoles Carmen Crespo, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.
El diputado del PP Adolfo Molina no ha dudado en recordar a los socialistas su contradicción: “Hemos tenido una inmejorable oportunidad para ver la coherencia de los grupos”. En esta línea, ha recordado que en el Congreso de los Diputados, con una propuesta “de muy similares características”, el PSOE sí votó a favor, y, en cambio, en Andalucía, “ha emitido su criterio contrario”.
Su homólogo del PSOE, Mario Jiménez, se ha remitido a que los letrados “plantean serias dudas sobre la constitucionalidad de esta proposición de ley”, centrándose en el punto segundo de la propuesta, el que habla de la necesidad de que el Gobierno de Andalucía pueda pronunciarse sobre la tramitación y toma en consideración de leyes. En esto ha coincidido con C's, pese a que para los de Juan Marín está cuestión no puede parar la propuesta y ya “se corregirá” en su tramitación. “Compartimos que el Parlamento de Andalucía no está en funciones en esos tiempos”, ha aseverado Juan Marín, en este sentido.
¿Visos de inconstitucionalidad?
El caso se que durante el debate, tanto el PSOE como sus socios de investidura se han centrado en que la propuesta tiene visos de inconstitucionalidad porque negaría el derecho a veto que el Gobierno de Andalucía tiene en las proposiciones de ley que supone una modificación de las cuentas en vigor. Sin embargo, la propuesta de Podemos está planteada literalmente en estos términos: “No podrá mostrar su conformidad o no a la tramitación de una proposición de ley si esta planteara un aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios de la comunidad autónoma del ejercicio presupuestario en curso”. Esto choca, pues, con lo que han sostenido PSOE y C's, sin que ninguno de los dos haya podido explicar la contradicción.
Mario Jiménez ha eludido también entrar a fondo en la discrepancia de criterios con lo defendido por su partido en el Congreso de los Diputados. Entiende que “Podemos hace primera mención en esa dirección” [la propuesta del PNV en el Congreso de los Diputados] pero luego “entra en cuestiones inasumibles de limitación de la capacidad de gobierno en funciones de vetar iniciativas que comprometan a los presupuestos autonómicos”. Tras criticar hasta la exposición de motivos del texto de Podemos, invitando a compararla con la del PNV, ha repetido: “Podemos quiere limitar la capacidad del gobierno en un asalto a esas competencias una concepción política que pudo tener su lectura a principios del siglo XX”, pero ya “no tiene cabida” en el XXI.
En esta línea, igual que los de Podemos han calificado a los socialistas de “antisistemas” por negarse a este control del ejecutivo, Mario Jiménez los ha comparado con el “anarquismo” y ha hablado de un fondo “obsceno” en esta normativa, “que agrede directamente el Estatuto de Autonomía”. Para concluir: “La propuesta contra la lógica del principio de preeminencia del poder legislativo que elige a un gobierno y lo controla. [...] La primera obligación parlamentaria es elegir un ejecutivo”.
Sin embargo, Esperanza Gómez, portavoz adjunta de Podemos y también profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha garantizado que no se elimina ese veto que el Gobierno de Andalucía tiene sobre las propuestas legislativas que supongan modificaciones presupuestarias. De hecho, ha reconocido que el dictamen contrario del Gobierno de Andalucía “sostenía esto mismo”, que alegan PSOE y C's, lo que ha atribuido a que “no se han enterado bien” de lo que se está proponiendo. “Lo que pasa es que, para dejar claro que el Parlamento de Andalucía puede legislar cuando no hay alteración presupuestaria, proponemos cambiar en la ley el apartado del gobierno en funciones, donde se ponen límites, y en ellos decimos no puede dar su consentimiento a proposiciones de ley que lo hagan”.
En esta línea, ha defendido que Podemos pretende evitar el “vacío” en situaciones como la ocurrida en las últimas elecciones autonómicas, donde no había posibilidad de control del Gobierno de Andalucía en funciones en los más de 80 días que duró desde los comicios hasta la toma de posesión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien precisamente atribuye a esta formación el bloqueo por no haberle facilitado la investidura. “Podemos vuelve solito al escenario del crimen que cometieron en 2015 durante 80 días en los que paralizaron el Parlamento de Andalucía”, ha resumido en su intervención la socialista Ángeles Férriz.
Esperanza Gómez ha reconocido que esta iniciativa parte de la experiencia de 2015, “cuando no se constituyeron las comisiones parlamentarias y por tanto no podía funcionar la cámara legítimamente elegida en las urnas”. En su opinión, en estas circunstancias se produce “un secuestro del legislativo por parte del ejecutivo” que pretenden evitar. “Se trata de evitar la paralización del Parlamento de Andalucía y que pueda legislar”, ha zanjado.