El sector profesional y el entorno sanitario han recibido con un delicado equilibrio entre optimismo y escepticismo el nuevo proyecto de Ley para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, presentado el pasado martes por el nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso.
El fondo de la ley, reforzar el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuribles copagos o privatizaciones, es un objetivo deseable para una inmensa mayoría del sector. Pero su desarrollo, los recursos y presupuestos que debería llevar, no están del todo claros.
“Hemos recibido la noticia con satisfacción, siempre hemos subrayado la necesidad de un pacto por la Sanidad y toda medida paro fortalecer los servicios es favorable; pero ese tipo de anuncios deben ir de la mano de la reducción de recortes y la lucha contra la precariedad y la eventualidad en el sector”, explica el doctor Antonio Vergara, responsable de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de Puerto Real, en Cádiz, y portavoz en Andalucía de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. En su opinión, en Andalucía no se ha ahondado en las privatizaciones como ha ocurrido en otras regiones, aquí el mantenimiento de los servicios y garantías ha recaído sobre las espaldas de los trabajadores“. Por eso, para Vergara una Ley que pretende blindar el sistema público debe ir acompañada de recursos, sino puede entenderse como ”un anuncio efectista pero de poco contenido“.
En líneas similares se expresa Antonio Rico, secretario general del Sindicato Andaluz de Médicos, al preguntarle por el proyecto. La primera impresión: “sorpresa” con el lamento añadido de enterarse “tarde y por los medios”. “Nos podrían haber mandado el borrador a los sindicatos presentes en mesa sectorial”, señala. Desde esa perspectiva, Rico aclara que desde el Sindicato Médico “hemos apostado siempre por la Sanidad Pública y por una actividad profesional sin presiones y en condiciones laborales dignas”. Así, indica que “cualquier ley que ofrezca garantías a la ciudadanía bienvenida sea, pero habrá que ver su desarrollo y aplicación en unos momentos en que existen grandes deficiencias en la asistencia sanitaria pública”.
Por su parte, Satse considera positivo el proyecto pero cree prioritario “empezar por restituir los recortes aplicados durante los últimos años en la sanidad pública andaluza como primera medida para garantizar su mantenimiento”. El Sindicato de Enfermería considera “contradictorio” que se presente un anteproyecto de Ley de estas características “cuando los recortes aplicados por la propia Junta de Andalucía, sumados a los impuestos por el Gobierno Central, han provocado que el Sistema Sanitario andaluz haya dado pasos atrás en los estándares de calidad que tanto esfuerzo había costado conseguir”, explican en un comunicado.
Los colegios se sienten ignorados
Los colegios profesionales de médicos y enfermeros no han realizado valoraciones a fondo. Fuentes de los colegios médicos de Huelva y Sevilla consultadas por eldiario.es/andalucia desconocían el contenido de la medida y han lamentado que un anuncio de este tipo se realice cuando no se les ha enviado un borrador del texto. Además, han subrayado que entre sus fines está la colaboración con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la salud.