El problema está identificado pero no termina de solucionarse. Las administraciones públicas, así como las fuerzas policiales y judiciales, saben dónde hay que actuar, pero las necesidades y las infracciones están la orden del día y siguen afectando, muy a menudo, a miles de andaluces que se quedan sin electricidad, sin un suministro básico para poder llevar una vida digna, precisamente en las zonas más vulnerables. Más de un centenar de organizaciones de España han pedido al presidente del Gobierno, al Ministerio para la Transición Ecológica y al Ministerio de Derechos Sociales que se termine de una vez con la constante interrupción del suministro eléctrico que vienen sufriendo al menos una docena de barrios del país, entre ellos ocho de las ciudades de Almería, Granada y Sevilla. “Mal endémico”, “círculo vicioso”, “un problema que se mantiene” son algunas de las expresiones encontradas para la elaboración de esta información a través de la Policía Nacional, la Fiscalía, la compañía Endesa y los vecinos afectados por unos cortes que pueden tener efectos muy graves, como ya han advertido expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
La consecuencia es clara (cortes en el suministro de electricidad) y la causa, al menos desde el punto de vista de Endesa o de la Policía, está en la proliferación de plantaciones de marihuana en barrios humildes, cuyo enorme consumo de electricidad deja continuamente sin suministro a varias zonas de Andalucía por las saturaciones de las redes de distribución. Un negocio que va en aumento, que se extiende a las áreas metropolitanas de las capitales y que no tiene visos de resolución, según las fuentes consultadas. Mientras, familias con la energía eléctrica contratada pagan los platos rotos de un fenómeno generalizado “cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves”, según ha denunciado el Defensor del Pueblo de España en funciones, Francisco Fernández Marugán, a raíz de los prolongados cortes en la Cañada Real, en Madrid, abogando por no victimizar a la mayoría de las personas afectadas.
“¿Por qué no tenemos los mismos derechos que los demás?”
Son las personas directamente damnificadas por los cortes las que están elevando la voz en los últimos tiempos ante las continuas interrupciones de electricidad y están cargando principalmente contra las compañías eléctricas, obligadas a dar suministro a un bloque entero de viviendas aunque los contratos sean minoría en algunos casos. Se trata de un problema social en el que los cortes de luz son solo “la punta del iceberg”, apuntan algunas fuentes consultadas. “Si hay gente que no puede afrontar el pago de unas facturas abusivas, eso no puede servir para tapar que las infraestructuras están abandonadas”, denuncian desde Barrios Hartos de Sevilla, que piden que los servicios básicos como la electricidad se gestionen “desde lo público”. “En Torreblanca y en Polígono Sur están viviendo una precariedad energética que viola los derechos humanos, encontrándose sus hogares sin unas condiciones de vida dignas”, denuncian desde la asociación Yiló.
“Este verano ha sido nefasto como está siendo ahora el invierno”, comenta a elDiario.es Andalucía una vecina de Las Letanías, en Sevilla, que prefiere mantenerse en el anonimato. “En verano perdimos mucha comida porque se nos estropeaba el frigorífico, a mí y a otros vecinos. Y ahora nos tenemos que meter en la cama a las seis de la tarde porque no se aguanta el frío. Hemos tenido que quitar la vitrocerámica y volver a poner el gas. Y esos gastos no nos los ha cubierto nadie”, protesta. “No todo el mundo está aquí sin pagar”, advierte, sin entender “por qué no tenemos los mismos derechos que los demás”. “Hasta que no haya una desgracia...”, lamenta recordando un reciente incendio de un transformador acompañado de explosiones y el conocimiento de que vecinos cercanos han estado 24 horas sin luz. “Se habla mucho de la marihuana o de la gente que no paga, pero somos mucha gente que pagamos y no hay derecho”, añade.
Endesa defiende sus actuaciones y sus inversiones de mejora en aquellas zonas que sufren los daños en sus centros de transformación. En Torreblanca, por ejemplo, el último barrio que se ha levantado contra los cortes, la compañía ha anunciado que llevará a cabo en los próximos dos años actuaciones en las redes de media tensión de este barrio sevillano “afectado por la sobrecarga de la red debido a los enganches ilegales”. Sus medidas, aseguran, “permitirán dotar de una mayor capacidad de suministro a una zona donde el 83% de la energía que se consume se hace de forma fraudulenta”. En Polìgono Sur, que arrastra problemas del mismo tipo, el 20% de los puntos de suministro cuenta con contrato en vigor, mientras que el resto, el 80%, son enganches ilegales a la red, dice Endesa. “No se está solucionando al ritmo que me gustaría ante la ola de frío, pero me consta que la empresa lo está haciendo”, ha dicho el alcalde Juan Espadas, en último pleno municipal.
Según Endesa, en El Puche, en concreto el centro de transformación de la calle Sevillanas, ha ardido tres veces en el último año. En ese barrio almeriense, el 77% de la energía que se demanda se hace de forma fraudulenta y hay bloques enteros de viviendas sin contratos en vigor, detalla la compañía.
“Las eléctricas están articulando una campaña de propaganda para culpabilizar de la situación a los enganches ilegales con el propósito de esconder sus responsabilidades”, replican desde Barrios Hartos de Sevilla. Las mediciones y sensorizaciones de los técnicos de Endesa desprenden “indicios claros” de que en las zonas donde se producen los cortes existen plantaciones de marihuana, con un gran consumo nocturno, aseguran fuentes de la compañía. Esos datos se comparten con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que programan actuaciones que necesitan de una orden judicial para intervenir. “Es un proceso lento”, añaden, pero el fenómeno “se está extendiendo por Andalucía de forma muy rápida” como “una mancha de aceite”. Endesa, aunque en Granada el problema es algo anterior, indica que la cuestión se ha intensificado en los dos últimos años.
Los narcotraficantes tienen más facilidades para establecerse en estos entornos más desfavorecidos, apuntan fuentes conocedoras de la problemática, con viviendas públicas fáciles de ocupar. Mafias internacionales establecidas en narcoviviendas provocan que las dimensiones del asunto se incrementen con el paso del tiempo sin que se vea la luz al final del túnel. Los narcos amenazan incluso a vecinos con necesidades para que acojan “por pura desesperación” alguna de esas plantaciones que engorde el ilícito negocio. Una serie de circunstancias (dificultades socioeconómicas, falta de perspectivas laborales, dejadez de las administraciones) supone el perfecto caldo de cultivo para que sea más fácil el establecimiento de los nacotraficantes en estos lugares y no en otros donde habría más posibilidades y sería mucho más factible denunciar unos hechos similares.
Desde Endesa se insiste en que se vela por que las instalaciones den servicio a los usuarios que tengan contrato, pero añaden que no le corresponde a la empresa la persecución de los presuntos delitos, lamentando que su esfuerzo en mejoras concretas no tengan reflejo ya que se trata de “un círculo vicioso”: “se daña un centro de transformación por la saturación de la red, se pone otro nuevo con más potencia y se quitan los enganches ilegales, pero vuelven a conectarse al día siguiente con más potencia y vuelve a dañarse, y así se repite”.
Parecidos argumentos ofrecen a este periódico desde la Fiscalía Superior de Andalucía, ubicada en Granada y desde donde se apunta a la extensión del problema al área metropolitana y a varias localidades cercanas a la capital. Sabedores de que la cuestión se va extendiendo, al poco tiempo de desarticular una organización en un lugar, vuelve a surgir otro grupo “y el problema se mantiene”, apuntan.
Desde la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Sevilla también informan de que el negocio de la marihuana “está viniendo con mucha fuerza” y “semanalmente” realizan actuaciones relacionadas con plantaciones de marihuana en pisos en zonas “habitualmente ligadas a la droga” como Las Vegas o Los Verdes, en el Polígono Sur. Esas intervenciones “han crecido exponencialmente”, aseguran.