La exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha asegurado este lunes ante el tribunal que juzga el caso de los ERE que entre sus competencias no estaba el control del gasto y que su labor se limitaba a la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma. En ese sentido ha defendido el uso de las modificaciones presupuestarias y de las transferencias de financiación en la Junta de Andalucía, limitando su participación en el caso a la gestión que le correspondía a su departamento, desconociendo que dichos mecanismos sirvieran para el pago de las ayudas sociolaborales que se están juzgando ya que su la tramitación correspondía a la Consejería de Empleo. “Que empiece a pagar el IFA no lo he dicho yo”, ha dicho cuando se le ha preguntado por la decisión de que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se convirtiera en 2001 en ‘pagador’ de las ayudas. “Nada que sea ejecución entra dentro de mis competencias”, ha insistido.
“Es un error pensar que la Consejería de Hacienda lo controlaba todo. Eso lo controlaba la Intervención General”, ha dicho cuando se le preguntaba por los programas económicos financieros previos a la elaboración de los presupuestos andaluces de cada año. “Los de Hacienda no tienen por qué conocer los convenios. Convenios en la Junta había miles. Es la cosa más natural del mundo en una administración”, ha respondido al ser preguntado por el contenido del convenio marco entre IFA y Empleo. “No sé nada del procedimiento interno de ninguna consejería”, también ha comentado en referencia a si le parecía normal que las ayudas fueran aprobadas por el director general y no por el consejero.
Álvarez se sentaba este lunes ante el tribunal del caso ERE acompañada de una carpeta verde con nutrida documentación y ha asegurado que respondería a las preguntas de la Fiscalía, del tribunal y de su defensa. La primera de los cargos de la Consejería de Hacienda que declara en el juicio tras tres exresponsables de Empleo no se ha querido ratificar en las dos declaraciones que hizo a finales de 2013 ante la jueza Mercedes Alaya “porque no recoge en su integridad lo que manifesté”. “No recoge muchas cosas, señor fiscal”, ha repetido.
Su declaración se ha basado principalmente en el camino que seguían las modificaciones presupuestarias y su autorización, así como la finalidad de las transferencias de financiación y en la responsabilidad que ella como consejera podría tener. “La función de la partida no tenía por qué venir desarrollada en una modificación presupuestaria”, ha dicho mientras se le exhibía alguno de los extractos de las modificaciones presupuestarias.
“Un crédito no determina el procedimiento. Ni el programa, ni el crédito, ni la partida tienen que ver con el gasto ni con la ejecución. No tienen relación ninguna”, ha insistido. “De un crédito no se puede deducir nada porque el presupuesto se corresponde con el órgano gestor. Nos liga con una fase muy posterior que es la del pago”, ha dicho en referencia a los excargos de Hacienda encausados, detallando que le llegaban unas 4.000 propuestas de modificaciones presupuestarias al año y que el Consejo de Gobierno no las sometía siquiera a debate porque contaban con los vistos buenos previos.
“Nunca me he reunido con el interventor general”
“Una transferencia de financiación no es una subvención, son transferencias de Empleo a su ente público”, ha tratado de aclarar, señalando que su uso es “muy frecuente” en las administraciones y detallando que dichas transferencias “tienen su propio expediente de fiscalización” y van dirigidas “a lo que digan los presupuestos”. “Yo no sé nada de ayudas ni de subvenciones”, ha dicho también, comentando que no tuvo conocimiento de que la Consejería de Empleo estuviera preparando una regulación específica para ayudas.
La exconsejera también ha dicho que “nunca” tuvo conocimiento de algún tipo de reparo por parte de la Intervención General al procedimiento del que se sirvió la administración andaluza. “Había un procedimiento reglado y una fiscalización previa”, ha dicho, recalcando que “en diez años no llegó ni un reparo al Consejo de Gobierno ni de esta cuestión ni de ninguna otra”, ha comentado. Ante su abogado ha aclarado incluso que la primera modificación presupuestaria por la que se le juzga, de 18 de abril de 2000, fue autorizada en un momento “anterior” al reparo de la Intervención Delegada en el expediente de Hijos de Andrés Molina.
Sobre cambios en las modificaciones presupuestarias ha lamentado que se le haya dado “una lectura extraña” porque con ellas “no se vulneraban derechos” sino que “Empleo gestionaba las partidas de manera diferente”. “La modificación no es algo discrecional, es algo que está tasado, y se ha cumplido con el mecanismo legalmente establecido”. En cuanto al detalle de las modificaciones, Álvarez ha explicado que a Hacienda “sólo nos llegaba un extracto de dos folios, un resumen del expediente visado por los jefes de servicios de Presupuestos en el que se decía que cumplía con los requisitos legales”.
Respecto a los citados extractos ha dicho Álvarez que contaban también con los visados favorables del director general de Presupuestos y del interventor general antes de autorizarse por parte del Consejo de Gobierno y aprobarse por el Parlamento, resaltando que ella no tenía posibilidad de negarse a las mismas en ningún caso ni tenía por cometido el control de la legalidad de las mismas, haciendo hincapié en que entre la Consejería y la Intervención, más allá de la relación orgánica, no había “ninguna relación” de jerarquía excepto la dotación de medios materiales. “Nunca me he reunido con el interventor general para hablar de temas de trabajo”, ha dicho.