El PSOE se ha ido con las manos casi vacías de la primera ronda de reuniones que durante la semana ha mantenido con los diferentes partidos -excepto con Podemos, que se verá el lunes o martes- para amarrar la investidura de Susana Díaz. Ninguna de las fuerzas políticas con las que los socialistas se han sentado le ha asegurado su apoyo, si no todo lo contrario; por ahora sólo cosechan “noes”. Las medidas anticorrupción y la dimisión inmediata de Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los grandes escollos, especialmente este segundo asunto. Como es lógico, las conversaciones seguirán, matizan fuentes socialistas, pero el tiempo corre en su contra. El próximo jueves tendrá lugar la constitución de un Parlamento muy plural, con cinco grupos, donde tomarán posesión los 109 diputados (47 de PSOE, 33 de PP, 15 de Podemos, 9 de Ciudadanos y 5 de IU). Ese día se crearán los órganos de la Cámara, entre ellos la Mesa del Parlamento, un órgano clave tanto por la retribución como por la tarea que desempeña, que cuenta con siete miembros y que está siendo otro de los elementos centrales de las conversaciones entre los partidos.
Siete u ocho miembros para la Mesa del Parlamento
Aunque todos tratan de separar la negociación de la investidura -la primera votación está prevista sobre el 30 de abril- del diálogo sobre la constitución de los órganos del Parlamento, ambos asuntos han estado íntimamente relacionados. El PSOE considera que, según la aritmética, le corresponden tres miembros de la Mesa, incluido el presidente del Parlamento, un cargo muy jugoso que no está dispuesto a ceder a otras formaciones a cambio de un apoyo en la investidura. El Reglamento de la Cámara asegura una representación en la Mesa a todos los grupos políticos, es decir, si cada grupo se vota a sí mismo (hay tres votaciones para presidente, vicepresidentes y secretarios) el reparto quedaría así: tres miembros para el PSOE, y uno para cada una de las formaciones restantes.
El PSOE ya ha dejado claro que no va a pedir una ampliación de la Mesa, básicamente porque está contento con el reparto aritmético, pero busca cerrar un “gran acuerdo institucional” de todos que allane el camino de la elección de Susana Díaz. El PP sí quiere aumentar el número de miembros porque considera que le corresponden dos. Ciudadanos también está dispuesto a buscar mayor proporcionalidad siempre y cuando no implique un sobrecoste para la institución, al igual que IU, mientras que Podemos ha sido tajante a la hora de rechazar esta propuesta que, a su juicio, supondría engordar los privilegios. En cualquier caso, ampliar los miembros de la Mesa del Parlamento no es tan fácil. El próximo jueves se constituirá la Mesa con siete miembros y, a partir de ahí, si hay acuerdo entre los grupos, se podría aumentar cambiando una Disposición Adicional Transitoria del Reglamento de la Cámara, algo que se ha hecho en dos ocasiones. Eso sí, necesita el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces y la mayoría absoluta del pleno. La ampliación se concretaría en un vocal más con voz en la Mesa pero sin voto.
Si el acuerdo para constituir una Mesa más proporcional está relativamente cerca, el consenso para que Susana Díaz sea investida presidenta se antoja, por ahora, muy complicado. Todos los partidos dan por hecho que Díaz no será elegida en la primera vuelta (por mayoría absoluta), y que habrá que ir a sucesivas votaciones (donde saldría con un recuento de más síes que noes). Se habla, incluso, de la posibilidad de alargar el proceso hasta después de las municipales del 24 de mayo, una operación que algunas de las formaciones políticas consideran beneficioso.
El escoyo de Chaves y Griñán
La dimisión de Chaves y Griñán, que exigen Ciudadanos y Podemos como condición sine qua non para empezar a negociar, está bloqueando el diálogo. Díaz ha reiterado que sólo pedirá el escaño de los expresidentes andaluces si el Supremo les imputa un delito, una decisión para la que no existe plazo, pero nunca antes. Se da por hecho que, una vez que se constituya el Parlamento, el PSOE no renovará su propuesta de enviar a Griñán al Senado y que, por tanto, el predecesor de Díaz abandonará la Cámara Alta. Pero a Ciudadanos y Podemos no les vale este gesto ni tampoco el compromiso de la máxima dirigente del PSOE andaluz; quieren que los expulsen ya.
IU es el único partido que ha dejado claro que emitirá un voto negativo en cualquier vuelta de la investidura, algo que no preocupa demasiado al PSOE ya que, con cinco diputados, los exsocios en el Gobierno andaluz son ahora, en solitario, poco decisivos en el Parlamento. Los socialistas intensificarán su negociación con los demás grupos. Hay distintas combinaciones para que Díaz sea elegida presidenta. Con la abstención del PP (33 diputados) sería suficiente, pero el partido de Juan Manuel Moreno Bonilla no se lo va a poner nada fácil. Pese a que en campaña el PP prometió dejar gobernar a la lista más votada, tras el 22-M matizaron que esto significa no presentar candidato en el debate de investidura. En su primera reunión en San Telmo con la presidenta, Moreno Bonilla pidió un pacto para que gobierne la lista más votada también en las municipales de mayo, una cita en la que el PP podría perder alguna de sus capitales más emblemáticas. El líder popular también ha metido en el debate público previo a la investidura un listado de inversiones en cada provincia que reclamará al PSOE en la negociación. Exige, además, una comisión de investigación en la Cámara para saber las conexiones entre los casos de los ERE y fondos de formación.
El encuentro con Ciudadanos fue también infructuoso. El partido de Albert Rivera demanda un decálogo anticorrupción que el PSOE considera asumible excepto en una cosa: la dimisión inmediata de Chaves y Griñán. Más complicada está resultando la interlocución con Podemos. Después de una semana de tiras y aflojas para cuadrar agendas -Teresa Rodríguez criticaba desde Twitter que no los hubieran convocado-, al final han conseguido cerrar un orden del día, una exigencia de Podemos. Esta formación envió al PSOE un documento con sus demandas más desarrolladas: además de la dimisión de los expresidentes, exigen limitar a dos los cargos políticos a dedo en cada consejería (consejero y viceconsejero) y que el resto de puestos lo ocupen funcionarios. Proponen un recorte drástico de altos cargos para lograr un ahorro de unos 23,3 millones de euros, un cálculo aproximado porque reconocen que no tienen acceso a las plantillas y sueldos en las empresas públicas, consorcios o fundaciones. Reclaman, asimismo, “vaciar” las cuentas de la Junta en los bancos que desahucian, anular los contratos con estas entidades y revisar “uno a uno” los convenios. El PSOE y Podemos se sentarán a negociar previsiblemente el lunes o el martes próximo y continuarán los encuentros con el resto de fuerzas antes y después de superar el primer reto de la X Legislatura: la constitución de un Parlamento con cinco voces.