La presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, acusada por un delito continuado de maltrato animal por el supuesto sacrificio de 2.200 animales, ha dicho que “jamás” realizó ese exterminio y ha apuntado que eran los veterinarios los que decidían las eutanasias. “Yo tengo fobia a poner inyecciones”, ha indicado, rechazando también haber falsificado certificados o listados para incineración.
El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha comenzado este martes el juicio a la presidenta de dicha asociación, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también imputa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la dueña se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.
“Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas”, ha asegurado la acusada en su interrogatorio, apuntando que “con una jeringuilla me han podido ver”, pero no con producto eutanásico, sino con jarabe para darlo por la boca. Asimismo, ha señalado que “nunca” ha hecho listados para incineración, apuntando que “yo tenía mis ocupaciones que eran los animales, buscarles dueño y que la protectora funcionara bien”.
Ha apuntado que serían 283 fallecimientos con justificación los que ocurrieron en el periodo en el que las acusaciones le achacan la muerte de más de 2.200, una cifra “monstruosa que no sé de dónde se lo han sacado” y que es “imposible, un disparate, entonces por qué iba yo a dedicar mi vida a estar allí procurándoles dueños”, ha dicho, apuntando que sigue teniendo 12 perros, 14 gatos, dos conejos, dos ocas y dos tortugas, en su casa, porque “la gente sigue creyendo en mi, me los traen y no puedo decir que no”.
Ha considerado que este proceso “es un cúmulo de mentiras”, en relación con las declaraciones de testigos que hablan de estos sacrificios, y ha explicado que tuvo una reunión con tres veterinarios, que le propusieron gestionar ellos una parte del centro, a lo que ella se negó.
Las defensas han planteado la nulidad de todo el proceso por vulneración de derechos, sobre todo a la inviolabilidad del domicilio, por el registro realizado en Parque Animal, “sin control judicial”, porque a la Guardia Civil “sólo le interesa la trascendencia de este asunto”; pero el fiscal ha respondido que no existe tal nulidad, defendiendo la actuación de los investigadores que no realizaron un registro sino inspecciones y la retirada de los animales sacrificados.
Ha indicado que la relevancia social “no la causa el Seprona, la causan los hechos”, apuntando que fueron muchas las personas que pusieron su confianza en ella. El magistrado ha indicado que una de las cuestiones las resolverá en sentencia y ha rechazado otra, la relacionada con el derecho de defensa, al indicar que sí existió control judicial.
Antes de comenzar el juicio la asociación El Refugio de Madrid ha desplegado una pancarta y su presidente, Nacho Paunero, ha dicho que “hoy es un día feliz porque la presunta exterminadora de Parque Animal la tenemos sentada en el banquillo, acusada de, presuntamente, haber maltratado a miles y miles de animales de forma agónica administrándole un producto letal y de haber hecho todo esto por lucro personal”. “Esperamos que la acusada sea condenada y entre en prisión”, ha apuntado.
“Para nosotros es un día importante y un paso adelante en la protección animal”, ha indicado el responsable de este colectivo, personado en la causa como acusación popular y que solicita la misma pena que el fiscal. Asimismo, ha recordado que la pasada semana se celebró otro juicio por maltrato en Cádiz, por lo que “en siete días estamos delante de los dos casos más importantes de maltrato animal”, por lo que ha considerado que “vamos por el buen camino”.
Ha lamentado que haya “empresas, como la de Puerto Real, que lo que hacen, aparentemente, es proteger a los animales, pero no es así, lo que hacen es un terrible negocio con los animales y finalmente darle una muerte supuestamente agónica y terrorífica como en este caso de Torremolinos”.
LA ACUSACIÓN
En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación “de forma masiva e injustificada”, haciendo “auténticas sesiones de exterminio” sobre animales normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, “sin que hubiese causa que justificase la muerte”, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”. Considera que la presidenta era la que “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente”, con la colaboración “imprescindible” del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos “de forma inexperta” y “sin sedación previa”. “De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas”, pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
Asimismo, según esta acusación, era la acusada la que “bajo el nombre de supuestos veterinarios firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios”. También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento “o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses”.