La batalla de los 50 vecinos malagueños contra la operación urbanística que los puede echar de casa: “De aquí no se va a ir nadie”

Sora El Kaudi regresa de recoger a los críos del colegio Cristo de Mena, justo al otro lado de la calle, y dice que no tiene otro plan que resistir: “He recibido una carta que dice que debo irme de casa el 1 de marzo. No sé qué vamos hacer, pero no nos vamos a ir”.

Como ella, vecinos de varios edificios del barrio de El Perchel, en Málaga, repiten estos días un mantra: “De aquí no se va a ir nadie”. Es una advertencia a la nueva inmobiliaria propietaria, supuestamente interesada en derribar sus casas. Al menos seis arrendatarios (del medio centenar que hay en total) ya han recibido un burofax que les insta a que abandonen sus casas, porque pronto vencerá su contrato. Los vecinos, muchos de los cuales llevan más de tres décadas viviendo aquí, anticipan que habrá batalla.

Temen que la inmobiliaria intensifique la presión para que abandonen, que intente dividirlos. Pero su voluntad es resistir, por una razón sencilla: si no, ¿a dónde irían? En una ironía cruel, un repartidor ha dejado un folleto en los coches aparcados en la calle Montalbán: “¿Buscas un nuevo hogar?”.

Un barrio céntrico en plena 'turistificación'

El Perchel es un barrio de Málaga, cercano al Centro Histórico y al Puerto, sin ser ni uno ni otro. Debe su nombre a la industria del secado del pescado: los vecinos del Perchel lo colgaban de perchas o palos con el fin de acelerar el proceso, de ahí lo de “percheleros”. Es casi un tópico recordar que Cervantes lo cita en El Quijote, cuando un ventero le cuenta al hidalgo que conoce mucho mundo, y que ha visitado “los percheles de Málaga”.

Hoy en día, si uno pasea por aquí llaman la atención un par de manzanas entre Callejones del Perchel y las calles Malpica y Montalbán. Alberga edificios que no responden a la lógica de aquello en lo que se ha transformado el barrio: no lucen restaurados, ni son de nueva construcción, ni siquiera se encuadran en el desarrollismo de calle Cuarteles o Salitre. Son unos cuantos viejos edificios encalados de dos o tres plantas de altura, bastante deteriorados, de cuyos balcones cuelga, si no el pescado, sí la ropa tendida.

En total, una veintena portales con 141 viviendas que ocupan inquilinos que pagan una renta muy inferior a la habitual en la ciudad: de 200 a 450 euros. Algunos, unos quince, están acogidos al sistema de renta antigua: es decir, contrato indefinido, mientras que los demás se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Las abonan cada mes en metálico en una asesoría cercana. “Todos pagan escrupulosamente lo que tienen establecido en su contrato”, resalta Francisco Gutiérrez, exdefensor del ciudadano en la Diputación de Málaga, que está asesorando a los vecinos.

En la última semana, algunos han empezado a recibir cartas en las que se les anuncia el fin de sus contratos, unos antes del 1 de febrero, otros antes del 1 de marzo. Las firma una inmobiliaria madrileña, Dazia Capital Real Estate, aunque extrañamente las remite la propietaria histórica de los edificios, Vitrubio.

Esto ha servido para confirmar lo que contó en octubre la prensa local: Vitrubio ahora es parte de Dazia, que tiene intención de echar abajo los edificios y levantar nuevas viviendas. En octubre, Sur adelantó el proyecto de Dazia. Al enviar estas cartas, la inmobiliaria pretende extinguir los arrendamientos (prorrogados año a año desde hace mucho tiempo) a medida que vayan llegando a su mes de vencimiento. En el caso de los vecinos de renta antigua, estos tienen la sartén por el mango porque su contrato es indefinido.

Dazia no ha respondido a la petición de entrevista de este medio. Hace unos días declaró a El Español de Málaga que su intención es hablar con los vecinos uno a uno para alcanzar acuerdos individuales. También ha explicado que aboga por dar un plazo “razonable” para el desalojo, para evitar los desahucios.

“¿Dónde vamos a encontrar otro piso para nosotros?”

“¿Dónde vamos a encontrar otro piso para nosotros?”, se pregunta Suad El Kaudi, hermana y vecina de Sora, mientras trata de serenar al pequeño de sus hijos, de cuatro años. Los otros dos (de ocho y trece) también nacieron aquí, han hecho su vida en el barrio. “Están asustados. Me preguntan si nos van a echar y van a dejar de ver a sus amigos”. Lleva trece años en su casa, y 21 en esta misma calle.

Paga 300 euros, un precio inusualmente bajo que sí pueden permitirse con el único sueldo de su marido, que es chófer. Desde hace años, los precios del alquiler en Málaga suben aupados por los apartamentos turísticos (que sustraen viviendas a la oferta residencial), la pujanza de la ciudad y, ahora, su atractivo para trabajadores internacionales. Ni siquiera la pandemia frenó el alza, según un reciente estudio de Fotocasa, que cifra en el 5,1% el encarecimiento de la vivienda de alquiler en la capital de la Costa del Sol en 2021, hasta los 10,11 euros por metro cuadrado.

En este contexto, las viviendas de El Perchel son una anomalía: alquileres con una renta baja, en una zona muy céntrica, muy bien comunicada (con las estaciones de AVE, Cercanías y Metro al lado) y de clara expansión turística. “La mayoría de quienes viven aquí son inmigrantes, familias numerosas, sin trabajo estable o al borde de la exclusión social. Esta es una operación puramente especulativa”, lamenta Enrique Gutiérrez, portavoz de los vecinos, que se han organizado en asamblea.

Los vecinos sospechan que su expulsión está planeada desde hace bastante tiempo: hace años que no se renuevan los alquileres que se extinguen. Las calles Montalbán y Malpica son un reguero de persianas bajadas y puertas tapiadas y descoloridos letreros de otro tiempo. La propietaria tampoco ha invertido en el mantenimiento y la conservación de las casas, que presentan humedades, desconchones, desperfectos y suciedad, y ha tolerado la presencia de okupas. “Es un caso de especulación urbanística donde los intereses económicos de un grupo inmobiliario se anteponen a 50 familias que viven en un barrio genuino”, alega Francisco Gutiérrez.

Lázaro López, que vive en un tercero de un edificio de la calle Montalbán, comparte rellano con dos puertas tapiadas. Asegura que el alquiler de su vivienda la paga el Instituto Nacional de la Vivienda. En 2012 lo echaron del bloque de Pescadores, un viejo edificio demolido en la cercana barriada de El Bulto. Sus habitantes fueron realojados, y a él le tocó aquí. “Nos engañaron. Firmamos un papel que decía que nos tenían que hacer una vivienda allí, pero la hicieron en Los Palomares. Y mire usted: no quiero un barrio conflictivo, así que cogimos esto. Eran lentejas”. Si ahora le echan otra vez, pide lo mismo: “Yo quiero una barriada donde no haya problemas”.

“Aquí habrá guerra”

“Esto primero fue vivienda social, primero una planta y luego construyeron la otra”, explica Miguel Olmo a la puerta de la peña que regenta, en calle Malpica. Casi todos sus clientes son vecinos, como José Domínguez, que se acerca cuando escucha la conversación: lleva en su casa 31 años y vive en ella con sus dos hijos, uno de ellos mayor de edad. “Aquí habrá guerra”, alerta. A su lado, Olmo cuenta que, si le echan, difícilmente podrá abrir en otro sitio. Lleva aquí doce años, paga 332 euros por su pequeño local, y lo que ha visto en el barrio no baja de 750. “Mis clientes son jubilados que pagan muy poco. No podríamos abrir”.

En Callejones del Perchel está el Mesón Aguilar, un histórico del barrio, presente desde 1982. José Aguilar cuenta con amargura cómo resistió las obras del Metro, que lastraron Callejones del Perchel hasta acabar con casi todos sus negocios. “Éramos ocho trabajadores. Ahora quedamos cuatro. Cuatro familias que viven de esto. Nos hemos chupado toda la obra, y ahora nos pegan este palo. No es normal”, lamenta. “No me ha dado tiempo ni a pensar qué haré”.

Moción contra el “acoso inmobiliario” a los percheleros

El runrún de la venta viene de lejos. En 2017, el grupo municipal de Izquierda Unida llevó a Pleno una moción, aprobada por unanimidad, instando al equipo de gobierno a intervenir ante el “acoso inmobiliario” de los “espantaviejas”. Unidas Podemos reiteró la moción el pasado noviembre, instando a la defensa de “un barrio” frente a una “operación urbanística que profundizará de manera directa en los procesos de gentrificación y especulación urbana”. La moción advierte de que los percheleros están siendo desplazados del barrio por la “construcción o rehabilitación edificatoria de carácter especulativo”. En los últimos años, varias calles de la zona han sido peatonalizadas y empieza a ser habitual la presencia de turistas, antes escasos. Remedios Ramos, portavoz de la confluencia, pide al alcalde que defienda a los vecinos para que no sean expulsados por los “fondos especulativos”: “Están peleando por seguir viviendo dignamente en sus viviendas”.

En diciembre, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, se reunió con ellos y les informó de que el Ayuntamiento había ofrecido a Vitrubio costear la mitad de la rehabilitación de la barriada, tanto de las zonas comunes como del interior de la vivienda, siempre y cuando mantuviera el alquiler de las viviendas durante siete años. Pero desde entonces, los vecinos no se han vuelto a reunir con el ayuntamiento, que remite ahora a la nueva propietaria para conocer sus planes. De ella nada se sabe, ni siquiera los vecinos, a los que nadie ha comunicado el cambio de titularidad, una obligación establecida por ley.  

Francisco Gutiérrez esgrime también el Plan Especial de Reforma Interior del Perchel Sur, aprobado en 2000, y una de cuyas condiciones de aprobación es el “mantenimiento de la población existente”. “Exigiremos al ayuntamiento que esto se cumpla”, anuncia. Y anuncia batalla legal: “No se va a ir nadie de manera voluntaria. Iremos a juicio y expondremos la situación de todas estas familias”. A la puerta de la peña confirman la voluntad de resistencia: “Tendrán que venir las tanquetas de la Guardia Civil”.