Last Tour, la empresa organizadora del festival Cala Mijas, ha informado este viernes de que este año no habrá festival. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad (que también organiza el BBK Live o el Azkena Rock) ha cargado duramente contra el ayuntamiento de la Costa del Sol, al que acusa de incurrir en “reiterados y graves incumplimientos”, como el impago del patrocinio correspondiente a la edición de 2023, y de no tener interés en la continuidad del festival. El consistorio está gobernado desde el pasado octubre por el PP, Vox y un concejal no adscrito, que desalojaron al gobierno de PSOE y Ciudadanos tras una moción de censura.
Last Tour anuncia que resuelve y “deja sin efecto” el contrato de patrocinio que le vinculaba con el Ayuntamiento, y lamenta que los impagos persisten a pesar de los “continuos requerimientos de pago formulados”. Añade a los incumplimientos la falta de acondicionamiento y dotación de las instalaciones.
“Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada”, dice Last Tour, que subraya que ese ingreso es “esencial” para promocionar el festival. Todo eso evidenciaría la “falta de interés” por el festival. La promotora asegura que ya ha comunicado la resolución contractual al consistorio.
“Last Tour rechaza la actuación del Ayuntamiento y lamenta, sobre todo, verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones, habida cuenta del éxito de las anteriores ediciones”, remata el comunicado.
La promotora asegura que devolverá el precio de los abonos adquiridos durante las últimas horas de la edición anterior.
El ayuntamiento acusa a Last Tour de no justificar las inversiones
El ayuntamiento de Mijas ha reaccionado con otro comunicado remitido a los medios esta tarde, en el que acusa a la promotora de incumplir sus obligaciones, lo que permite atisbar un conflicto judicial en ciernes. El consistorio asegura que Last Tour debió presentar el cartel al finalizar la edición 2023 (algo que sería inusual entre los grandes festivales musicales). Al no tener “ni tan siquiera” una propuesta (que debe aprobar el equipo de gobierno), el ayuntamiento imputa a la promotora un “incumplimiento contractual grave”. El consistorio también exigió a la organizadora que justificara de manera detallada las inversiones, algo que “ni remotamente” ha atendido.
Por contrato, Mijas proporciona un espacio adecuado y patrocina el evento, pero no lo organiza ni lo promueve. Según el consistorio, Last Tour le habría exigido asumir partidas que no le corresponden. “Se ha mostrado inflexible”, explica la nota municipal, sin aclarar qué partidas son esas, si bien en ocasiones anteriores los concejales se han referido a gastos de seguridad o de iluminación.
Mijas apunta a un último motivo económico: las liquidaciones de las tasas de ocupación de vía pública del recinto, un terreno municipal de 145.000 metros cuadrados. “Nunca pueden ser bonificadas puesto que ese espacio (Cortijo Colorado) deja de estar destinado a la población y se utiliza de manera exclusiva para la celebración de una actividad lucrativa”. En los Presupuestos, el nuevo equipo de gobierno ha consignado unos ingresos de diez millones por esa partida, imputando 6,6 a lo que pagaría retroactivamente Last Tour por los años 2022 y 2023.
1,2 millones de euros por la edición de 2023
La cancelación del Cala Mijas, que el año pasado congregó a 110.000 en tres días de festival, era algo que a estas alturas se daba por descontado, pero sobre la que el organizador y el Ayuntamiento guardaban un mutismo absolutos, conscientes de que se dirime una partida que puede tener consecuencias millonarias.
Este medio ya adelantó que los motivos del inusual retraso eran las desavenencias económicas. El 1 de marzo, el Ayuntamiento confirmó en un Pleno que adeudaba 1,2 millones de euros a Last Tour, y se justificó en que el interventor habría puesto reparos a algunas facturas y gastos de la edición de 2023 que el ayuntamiento, y no la promotora, asumió. Las siete primeras facturas de 2023 (por valor de 950.000 euros) tienen reparo de Intervención, y la última de las ocho mensualidades y la factura final no tendrían la conformidad de los técnicos, según fuentes municipales. El consistorio asegura que los reparos del interventor suspende la tramitación del expediente de gasto.
La alcaldesa dijo en aquel Pleno que el problema no era de voluntad, sino de papeles, aunque dejó entrever que un trasfondo de discrepancias económicas, al asegurar que el coste previsto (1,2 millones anuales) se había transformado en casi dos millones. También anunció la convocatoria de un Pleno extraordinario, que nunca llegó a celebrarse.
El contrato de patrocinio, suscrito en su día por el anterior alcalde Josele González (PSOE) comprometía al Ayuntamiento de Mijas a pagar 6.686.013,81 euros (IVA incluido) por la creación y celebración durante cinco años de un festival de al menos tres días con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional”, una promesa electoral del PSOE. A cambio, la promotora se comprometía a una inversión anual creciente de 8 millones de euros en 2022 a 12 en 2026.
Apoyo en público
Cuando Ana Mata (PP) llegó al poder, el pasado octubre, el futuro del Cala Mijas empezó a oscurecerse. Ya en la moción de censura, Mata reprochó al alcalde saliente que “Mijas sea una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”. Pedro Sánchez acudió a la última edición para ver a The Strokes y se fotografió en el backstage, lo que generaba una imagen para el festival asociada a los socialistas.
Sin embargo, públicamente tanto la alcaldesa como sus concejales han mantenido durante meses que el festival es positivo para Mijas, y decían apostar por su continuidad. En paralelo, deslizaban exigencias económicas que la hacían imposible.
En el Pleno de diciembre, el concejal de Hacienda, Mario Bravo, presentó los Presupuestos, donde incluía 10 millones de euros en tasas por ocupación de vía pública, cuando en 2023 Mijas recaudó en total 170.000 euros por este concepto. Los socialistas preguntaron cómo era posible, y Mario Bravo dijo que pretendían cobrar 3,3 millones de euros al festival por 2024, y además, otros 3,3 millones por cada una de las dos ediciones anteriores. En total, diez millones. Los socialistas no salían de su asombro.
Last Tour asegura que ha decidido “no promover” el festival, y no abre la puerta a una ubicación alternativa, aunque durante estas semanas se ha barajado extraoficialmente la celebración en alguna otra ciudad, con un cartel similar al del Kalorama de Lisboa, contando con la posibilidad de que los organizadores ya tuvieran avanzado el cartel. De hecho, había bandas que anunciaban su presencia en Málaga para ese fin de semana, como The Smile.