Apenas tres años después de ser inaugurado, el centro penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona y que fue utlizado como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a finales del año 2017, cuenta ya con el primer informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) del Defensor del Pueblo de España. Y las conclusiones muestran diversas carencias, entre ellas, falta de personal, quejas y denuncias por malos tratos que no han sido comunicados y falta de información en el libro de aplicación de medios coercitivos, que “no se está cumplimentando de forma adecuada”.
En el centro, cabe recordarlo, fueron recluidos 572 migrantes argelinos que habían llegado a las costas de Murcia y Almería entre el 16 y el 20 de noviembre de 2017. Desde el comienzo de su internamiento, partidos políticos, ONG, sindicatos, activistas y el Defensor del Pueblo, que visitó las instalaciones un par de veces a finales de 2017, denunciaron la carencia de servicios básicos (como agua potable, calefacción o asistencia sanitaria suficiente). Los primeros días Interior obvió que el centro de Archidona era, en realidad, una cárcel.
Ahora, después de la visita sorpresa de los pasados 30 de junio y 1 de julio de 2020, con 359 personas encarceladas en aquel momento, la primera visita de carácter multidisciplinar de dos técnicos del MNPT y un técnico externo, médico, se han examinado las condiciones de vida en celdas de aislamiento, la aplicación de medios coercitivos, la atención sanitaria prestada en el centro, las instalaciones, diferente documentación, así como la situación del centro durante el estado de alarma y la pandemia provocada por el coronavirus, llevándose a cabo entrevistas reservadas con los internos, así como con el equipo directivo y con los funcionarios.
El informe del Defensor, al que ha tenido acceso este medio, indica en primer lugar que el trato por parte del equipo que recibió al MNPT, sobre todo el subdirector de seguridad, fue “en todo momento muy bueno y con total disposición”, informándose por parte del responsable del establecimiento y otros funcionarios sobre “la escasez de todo tipo de personal”. En ese sentido, el Defensor ha sugerido dotar al centro penitenciario de Málaga II “del personal suficiente para dar la adecuada atención a los internos del mismo y cumplir con los diversos programas sanitarios y de tratamiento”. La Administración ha rechazado la sugerencia porque el personal “se ha ido incrementando, si bien no se informa de que esté previsto continuar aumentándolo en el corto plazo”.
Un turno de funcionarios que “pega mucho”
Según recoge el informe, “todos los internos entrevistados manifestaron que hay un turno de funcionarios en el módulo 3 que 'pega mucho'. El subdirector de seguridad, que atendió en todo momento la visita, comentó que estaría atento a esa información. Otra trabajadora dijo que esa queja es generalizada porque ”los internos de este módulo son los más agresivos“. En ese sentido, señala el MNP que el centro cuenta con un libro digital de registro de quejas de malos tratos pero que, comparada la información indicada en los libros y la proporcionada por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), ”se comprueba que hay quejas y denuncias por malos tratos que no han sido comunicados ya que no coindicen los datos de la SGIP con los anotados en el libro“.
En ese sentido, sugiere el MNPT que hay que “establecer el mecanismo interno oportuno así como impartir indicaciones para adaptar el libro de quejas por malos tratos a la Orden de Servicio 1/2018, de modo que se anote cualquier queja presentada por los internos relativa a malos tratos, y las denuncias o procedimientos judiciales de los que se tenga conocimiento. Asimismo, se deberá realizar la investigación interna de esas quejas para garantizar un cumplimiento adecuado y averiguar si ha existido un uso desproporcionado de la fuerza”. El informe destaca, a modo de ejemplo, que el examen de la documentación permitió constatar que un interno había interpuesto una denuncia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3, que se inhibió y remitió el caso al Juzgado de Guardia de Archidona, un hecho que “no estaba anotado en el libro de quejas por malos tratos”.
Asimismo, el informe del MNPT apunta que “el libro de aplicación de medios coercitivos no está cumplimentado de forma adecuada”. “Hay casos en los que no se anotan todos los medios utilizados, falta en todas las anotaciones la información de si la situación ha sido revisada por el médico, etc. Cuando se utilizan las correas homologadas, tampoco hay registro del seguimiento exhaustivo que debe seguirse. Además, no coinciden los datos del registro SIP con el libro físico”, detalla. Por eso sugiere “revisar el procedimiento de registro utilizado hasta ahora de la aplicación de medios coercitivos y dar indicaciones para que se registre correctamente en el correspondiente libro, con indicación clara del medio coercitivo utilizado, así como el inicio y cese de la aplicación de cada medio empleado, tal y como establece la Instrucción 3/2018, sobre el Protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales.
A ese respecto, el MNPT también denuncia que en el libro de aplicación de medios coercitivos no se anota el visto bueno de la directora en ninguna ocasión, sugiriendo que se debe “proceder a que la directora dé el visto bueno a cada aplicación de medios coercitivos y este quede reflejado en el libro”, tal y como establece la citada Instrucción 3/2018. La Administración señaló que se dieran instrucciones en ambos sentidos. Respecto al sistema de videovigilancia, se informó de que las imágenes de las cámaras de las celdas de sujeciones se conservan tres meses. Con relación a esta cuestión, el MNP ha solicitado la fecha en la que se han extraído las últimas imágenes y su contenido, si han sido visualizadas por el equipo directivo y a qué conclusiones se ha llegado tras su visualización, habiéndose recibido ya esa información.
Una “circunstancia irregular”
Respecto al periodo del primer estado de alarma por la pandemia, comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, los datos recogidos por el MNP en Málaga II revelan que no hay una diferencia significativa entre los medios coercitivos aplicados. En este aspecto se señala que, durante la visita, se indicó que los medios coercitivos habían disminuido de forma considerable durante estos tres meses. En los meses de abril y mayo se observó una reducción de los expedientes disciplinarios incoados, aunque en los meses de marzo y junio la diferencia no era tan considerable, apunta el MNPT.
En cuanto a las celdas donde se aplican las correas homologadas, se informó de que había cuatro: una en el módulo de enfermería, dos celdas en el módulo de aislamiento y otra en el módulo de ingresos. “Se constató que en estas celdas donde se aplican las correas homologadas no se disponía de timbre e interfono con audio accesible para el interno. Sin embargo sí disponían de sistema de videovigilancia con audio”.
En otro orden de cosas, el MNPT observó que algunos de los partes de lesiones analizados eran realizados y firmados por personal de enfermería, una “circunstancia irregular” ya que “es un documento médico legal que necesariamente debe ir cumplimentado, en tiempo y forma, por un facultativo”. “La situación de carencia de personal no puede ser excusa para la incorrecta cumplimentación de los partes de lesiones”, añade el informe. Respecto a a eso, indicó el centro penitenciario que, cuando excepcionalmente se requiere la atención sanitaria y se presta por el profesional de enfermería, dado que el centro no cuenta con facultativo o que este se encuentra de guardia localizada, “se estima debe primar la inmediatez tanto en la atención como en la expedición de informe respecto a lo actuado, con la finalidad de evitar las posibles disfunciones que la demora pudiese ocasionar (como la alteración de los signos o marcas de las lesiones por el transcurso del tiempo, el cambio en el relato de los hechos por parte del afectado, etc)”.
También ha comentado el MNP en relación a la cárcel de Archidona que “la extensión del sistema de videovigilancia es mejorable”. “Se hizo hincapié en que las zonas comunes disponían de muy pocas cámaras y sobre todo las escaleras de acceso a las celdas no tenían, lo que explica que muchos incidentes graves se produzcan en esta zona”, recoge el informe.