Después de 13 años y medio trabajando para Ryanair, Nathan Cassar acaba de ser despedido. Asegura que en todos estos años jamás faltó un solo día a su puesto de trabajo, y que tan sólo se ausentó un par de días hace dos semanas. Lo hizo para ejercer su derecho a huelga: “Entonces me enviaron una carta diciendo que no aceptaban el motivo del primer día, que había roto mi contrato. No sé qué criterio están aplicando para echar a alguien sin ninguna mancha, por ejercer dos días el derecho a huelga. Tiene pinta de que iremos a juicio”.
Cassar tenía su base de operaciones en el aeropuerto de Málaga, donde este lunes los sindicatos USO y SITCPLA explicaron su situación y la de otros siete tripulantes de cabina que han sido despedidos tras, aseguran, ejercer su derecho a huelga, tres de ellos con base en el aeropuerto de la Costa del Sol. Los sindicatos acusan a la compañía de abusar de los servicios mínimos para socavar el derecho de huelga. Confían en la nulidad de los despidos, pero la empresa es tajante: los despidos tendrían por causa la negativa a operar en vuelos declarados de servicio mínimo, en los que no es posible hacer huelga, y como tal estarían justificados. “La tripulación está obligada a operar los vuelos de servicios mínimos que el Gobierno español ha considerado esenciales para proteger los planes de viaje de los pasajeros”, resalta la empresa.
“Ha habido un pequeño número de casos en que miembros de la tripulación no han querido hacer los vuelos fijados como servicios mínimos, causando interrupciones”, asegura Elena Cabrera, country manager de la compañía en España, a elDiario.es/Andalucía. “De la misma manera que se les comunica cuáles son sus vuelos de la semana siguiente, hay personas que tienen que estar pendientes, por si tienen que salir a trabajar”, añade. La compañía asegura que los vuelos de servicios mínimos “se comunican claramente a toda la tripulación”.
Pero los sindicatos replican que algunas de esas comunicaciones no han sido válidas, especialmente en las primeras semanas de huelga. Según los sindicatos, la empresa ha abierto expediente disciplinario a unos 90 trabajadores que ejercieron su derecho a huelga alegando la “no comparecencia” en un vuelo esencial. “La empresa tiene que comunicar al trabajador que opera los servicios mínimos mediante carta nominativa, con nombre, DNI, vuelo y fecha en la que debe operar el vuelo protegido por el gobierno”, aclara Alfonso Amo, portavoz de SITCPLA: “Lo que ha pasado es que o no han mandado cartas, o las enviaron fuera de tiempo o en el periodo de descanso”.
Algo así le habría ocurrido a Cassar. Hizo huelga durante dos días: para el primero había recibido carta, pero en su horario de descanso. El segundo recibió la carta correctamente, pero la empresa le cambió el vuelo al llegar a la base y él se negó. Según asegura, en la carta de despido le indicaron que no aceptaban el motivo de ausencia del primer día. “Por ley europea, tenemos derecho a la desconexión digital. Una comunicación en mi horario de descanso no es válida”, apunta. En cuanto al segundo día, señala que la ley impide el cambio: “El vuelo es de servicio mínimo, yo no. Si ellos tienen la obligación de sacar vuelo, tienen que organizarse para que no haya ningún fallo”. Cabrera desconoce los pormenores del caso y dice que un despido por un solo día de ausencia puede estar justificado, dependiendo del caso.
Ryanair ya ha sido condenada en anteriores ocasiones por despedir a sindicalistas o limitar el derecho a la huelga. “En España es casi imposible hacer huelga, y la forma que hemos encontrado nos han quitado el derecho a hacerla”, lamenta Cassar. “Llevaba 13 años y medio, y ningún día había faltado al trabajo. Yo siempre he actuado correctamente con la empresa, dando lo mejor de mí. Creo que he hecho lo correcto”.
“La empresa nos lo está poniendo difícil: nos están mandando notificaciones, mensajes de texto... El mismo vuelo puede tener siete cartas de servicio mínimo”, protesta Juan Miguel Sánchez, portavoz de USO. Los sindicatos advierten de que la empresa sigue llamando a trabajadores de fuera de España (Portugal y Reino Unido) para que estén disponibles para operar en España, asegurándoles que es legal. Una práctica de “esquirolaje”, denuncian.
Elena Cabrera admite que esto ocurrió. “Al principio de la huelga varios tripulantes dijeron que se pusieron enfermos y esos vuelos había que cubrirlos porque eran servicios mínimos. Así que sí que hubo llamadas a tripulantes de la UE para cubrir esos vuelos. Eso es totalmente legal, porque son vuelos que la ley nos exige cubrir”, argumenta.
Para la empresa, el hecho de que en las últimas semanas su operativa apenas se esté viendo afectada refleja el bajo seguimiento de la huelga. Los sindicatos, por el contrario, denuncian que es el reflejo de las presiones sobre los trabajadores. En 2019, la Generalitat de Catalunya propuso multar a Ryanair con 44.000 euros por vulnerar el derecho a huelga de su personal con base en el aeropuerto de Girona. “Se va a poner una denuncia, pero comparado con 150.000, que es lo que pierde en cada vuelo que se retrase, les sale bastante rentable obligarnos a toda la plantilla a venir a trabajar”, dice Sánchez.
La empresa estaría consiguiendo operar cerca del 100% de los vuelos, a pesar de que los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transporte están entre el 72 y el 83%. Según la compañía, solo dos vuelos se vieron afectados este lunes. Los sindicatos elevan la cifra a diez cancelaciones y 93 retrasos. La huelga se mantendrá esta semana hasta el jueves, y nuevamente de lunes a jueves la semana que viene. Es decir, hay huelga los días 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair.
La desconfianza se ha instalado entre USO y SITCPLA, por un lado, y la empresa, que en los últimos años ha sido condenada en varias ocasiones por sus incumplimientos laborales. La gama de prácticas ilegales detectadas por los tribunales es amplia: despidos colectivos en varias bases españolas, ERTE posteriores, el despido de un sindicalista, la vulneración del derecho de huelga y la cesión ilegal de trabajadores. También por el despido de trabajadores del comité de huelga en los paros contra el ERE de 2019. La Inspección de Trabajo exigió a Ryanair que dejase de cobrar el agua a sus tripulantes durante los vuelos.
Los sindicatos convocantes de esta huelga son mayoritarios y en 2019 recibieron el mandato expreso de los trabajadores para negociar un convenio colectivo. USO y SITCPLA denuncian que la empresa rompió unilateralmente la negociación, abocándolos al conflicto.“Solo pedimos las condiciones laborales en base a la legislación española”, dice Juan Miguel Sánchez. “Nosotros estamos abiertos a negociar, siempre y cuando ellos quieran negociar. Llevamos cuatro años intentando llegar a un acuerdo, y no ha sido posible llegar ni siquiera a la primera coma”, dice Elena Cabrera.
Tal y como informó este medio, hace menos de dos meses Ryanair llegó a un acuerdo bilateral con Comisiones Obreras al margen de la negociación colectiva, incorporando mejoras salariales, contractuales y de horarios solo para los trabajadores que estén afiliados al sindicato, que es el mayoritario en el sector aéreo pero no en Ryanair. Ni CCOO ni la compañía informaron de estas negociaciones a los otros sindicatos, según denunciaron entonces USO y SITCPLA. Ese acuerdo también incorpora un calendario para negociar y un nuevo convenio de aplicación general. En teoría, antes de octubre de 2023.
Poco después de este acuerdo, anunciado el 31 de mayo, la empresa interrumpió la negociación del nuevo convenio con los sindicatos mayoritarios en Ryanair, y esto fue el antecedente más inmediato de la huelga. “Tenemos acuerdos en todos los países, y los únicos con los que no podemos son USO y SICTPA. La alternativa es llegar a un acuerdo CCOO”, concluye Cabrera.
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