La fiscal ha pedido al juzgado que investiga un presunto caso de contratación fraudulenta de altos cargos en Marbella que eleve la causa al Tribunal Supremo. Quiere derivar el caso al Alto Tribunal para que sea este quien investigue a Ángeles Muñoz, alcaldesa, senadora del PP y, por tanto, aforada. Entre 2007 y 2015 varias empresas públicas de Marbella firmaron al menos diez contratos de alta dirección, con sueldos que rondaban los 40.000 euros anuales. Sin embargo, los beneficiarios de esos contratos realizaban tareas comunes como las de conserje, administrativo u operario de mantenimiento.
Los contratos fueron realizados entre 2007 y 2009, y prorrogados en varias ocasiones hasta 2015, cuando Muñoz fue sustituida en la alcaldía por el tripartito PSOE-IU-OSP. La fiscal del caso, que hasta ahora se sigue en el juzgado de instrucción 3 de Marbella, cree que existen indicios de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de fondos públicos.
En su escrito, adelantado por Sur y al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, la fiscal cuantifica el perjuicio causado a las empresas públicas municipales en 208.773,84 euros, si bien aún resta por comprobar cuánto se cobró de más en tres de los casos. Esta cifra es el resultado de restar el salario que percibieron y sus cotizaciones del que deberían haber percibido de haber tenido el contrato que correspondía a las funciones que realmente realizaban.
3.000 euros al mes por “trasladar material”
La dinámica de todos los contratos analizados por la Fiscalía es similar. Se trata de contrataciones sin concurso público que se realizaban a través de empresas públicas municipales, como Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. o Radio Televisión Marbella, S.L.. En muchos casos, los beneficiarios no trabajaban en esas empresas públicas, sino que eran reasignados a diversas tareas municipales. Mucho menos tenían responsabilidades, personal a su cargo o ejercían labores de dirección, tal y como ellos mismo admitieron años más tarde ante los juzgados. En realidad, desempeñaban las tareas que les asignaba el Ayuntamiento, que ni por asomo tenían que ver con las de alta dirección. Se trataba de tareas comunes.
Al llegar al poder en 2015, el tripartito PSOE-IU-OSP cesó a estos supuestos altos cargos, y ellos denunciaron el cese ante la jurisdicción social, alegando que eran trabajadores comunes y pidiendo la readmisión o una indemnización. Son ellos mismos quienes declaran, en esos juicios ante los juzgados de lo social, que no realizaban las funciones de alta dirección que se les suponía, y por las que eran remunerados.
Por ejemplo: el adjunto al gerente de Arte y Cultura (un organismo autónomo) tenía un contrato de alta dirección por el que percibía 3.000 euros brutos al mes. Sus tareas eran “sustituir al conserje en sus vacaciones o bajas, hacer de chófer oficial (…), montar o desmontar exposiciones, trasladar materiales para actos y su montaje/desmontaje, abrir el edificio donde se celebran bodas…”, según declaró él mismo y determinó una sentencia del juzgado de lo social 11.
El director adjunto del Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral realizaba tareas como “atención al público, labores administrativas tales como mecanizar currículum, elaboración de documentos, revisar material de oficina”, según admitió él mismo y determinó una sentencia del juzgado de lo social 4 de Málaga. Percibía por esto un salario de 2.445,80 euros al mes.
Contrataciones realizadas por la alcaldesa
La prevaricación se produciría, según la fiscal, por la inexistencia de procedimiento alguno para la contratación. “No consta acto preparatorio alguno del proceso de selección que debió garantizar la publicidad y la concurrencia”, señala el escrito de Fiscalía. Ni convocatoria, ni bases, ni criterios de selección, ni solicitudes… Eran elegidos a dedo.
El fraude en la contratación se daría por la firma de contratos de alta dirección para realizar funciones que, en realidad, se limitaban a tareas ordinarias. La malversación, por el empobrecimiento de las arcas públicas, particularmente las de las empresas públicas que contrataron a estas personas pagándoles como si realizasen labores de alta dirección, cuando no las hacían.
La fiscal señala que todas estas contrataciones fueron realizadas por Ángeles Muñoz, alcaldesa (entonces y ahora) y consejera delegada de las sociedades municipales. Muñoz pasó a la oposición tras las elecciones de 2015, pero el tripartito (PSOE-IU-OSP) que la sustituyó fue desalojado nuevamente del poder en 2017, con una moción de censura en la que fue determinante el cambio de posición de OSP. Revalidó la alcaldía en 2019 con mayoría absoluta. Fue senadora de 2016 a 2019, y nuevamente en la legislatura abierta en diciembre de 2019. Está por tanto aforada ante el Tribunal Supremo, a quien correspondería continuar la investigación.
La fiscal pide ahora que toda la causa se remita al Alto Tribunal, porque entiende que hay indicios de que Ángeles Muñoz cometió presuntamente estos delitos.
Este no es el único procedimiento judicial en el que se investiga la presunta irregularidad de diversas prácticas de contratación y recursos humanos. Tal y como ha venido informando este medio, los juzgados investigan la contratación de familiares y afines mediante la apertura de una bolsa de operarios de limpieza creada irregularmente. Además, el ayuntamiento ha recibido más de un centenar de sentencias condenatorias por firmar contratos en fraude de ley, valiéndose de ayudas europeas para contratar como empleados temporales a personas que realizan tareas y servicios propios y habituales del Ayuntamiento. Las sentencias están obligando al consistorio a readmitirlos como indefinidos.