José David tiene seis años y en el colegio le cuesta atender, no encuentra las palabras y tiene dificultad para expresarse. Tiene un trastorno por déficit de atención, un trastorno del espectro autista (en grado 1, el más leve) y un trastorno específico del lenguaje. Y todo eso resulta en un cuadro que dificulta mucho la comunicación con sus compañeros y el aprendizaje. Para paliarlo, la Junta de Andalucía pone a su disposición una serie de recursos: algunas horas de una maestra de audición y lenguaje y una vez a la semana, durante una hora, una maestra especializada. Ahí se acaba el apoyo educativo. “Él no puede aprender como el resto de niños; necesita una adaptación curricular porque su cerebro aprende distinto. Y eso le genera mucha frustración”, cuenta su madre, Laura Casquero.
Algo parecido le ocurre a Juan, que tiene cuatro años. Aún no tiene un diagnóstico claro, pero ya está censado como niño con necesidades especiales. Cada semana, una PT (una maestra especializada en pedagogía terapéutica) le dedica una hora de atención, que en su caso comparte con otro niño. Hasta hace poco eran cinco. “Cada uno es un mundo. Así ni siquiera da tiempo a conocer al niño”, lamenta Cristina Díaz, su madre, que echa de menos una comunicación regular que les permita trabajar coordinadamente también en casa. “No conozco a las personas que lo atienden. Han sido muchos cambios. No es culpa de ellos: es que no tienen tiempo material para atender”.
Sus casos son apenas dos de las decenas de ejemplos con los que cuenta el CEIP Rosa de Gálvez, un colegio de Málaga capital que esta semana ha movilizado a padres, alumnos y profesores bajo el lema “Quiero ir al cole como tú”. El martes acudieron con una camiseta azul en la que se leía “Todos somos iguales” y leyeron un manifiesto, en el que lamentaron el “maltrato institucional” y que la Junta de Andalucía “sigue desoyendo a las familias”.
El problema no es nuevo, ni exclusivo de este centro, pero aquí se presenta de forma aguda. De sus más de 650 alumnos (27 clases, todas al cupo máximo de 25 alumnos), 71 están censados como niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), lo que incluye aquellos con necesidades educativas especiales (NEE, con discapacidades sensoriales o físicas o enfermedades raras), los de altas capacidades, los de integración tardía y aquellos con dificultades específicas en el aprendizaje.
“No llegamos a darle un servicio de una hora a la semana a los alumnos con necesidades educativas especiales. Potenciamos mucho la inclusión, participamos en distintos proyectos con distintas prácticas reconocidas, pero no tenemos recursos para que el alumnado se sienta como uno más”, lamenta José Carlos Duarte, su director, quien cada comienzo de curso desde hace al menos tres años remite una carta al servicio de ordenación educativa pidiendo más. Si acaso, obtiene alguna hora suelta.
“El profesorado no da abasto. Hemos enviado reclamaciones y nos mandan migajas, un par de horas más de una persona compartida con otros centros”, protesta Carmen Guzmán, presidenta del AMPA. La falta de recursos lastra también al resto de la clase, que se frustra con las interrupciones. La alternativa, cuenta Guzmán, acaba siendo que el especialista de Audición y Lenguaje haga grupos para atender fuera del aula: “Eso no es integración”.
“En este momento, según lo establecido en los Dictámenes de Escolarización del CEIP Rosa de Gálvez, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) está siendo atendido adecuadamente con los recursos que se contemplan”, asegura la administración.
El CEIP Rosa de Gálvez tiene 36 niños y niñas con necesidades especiales censados, según la Delegación de Educación, más unos cuantos por censar. Allí acuden cada día 13 menores con trastorno del espectro autista, una con discapacidad mental severa y ocho con trastorno por déficit de atención por hiperactividad. El peso de atenderlos recae, sobre todo, en una persona: una maestra especialista en pedagogía terapéutica que, además, debe dedicar al menos diez horas semanales a la jefatura de estudios. Le quedan 15 para atender a 22 menores. Le ayudan, eso sí, otros dos docentes “compartidos” con otros centros, que acuden al Rosa de Gálvez cinco y diez horas a la semana, respectivamente.
Hay también dos menores con discapacidad severa y diez con trastorno específico del lenguaje, de cuya atención se ocupan dos maestros especialistas en Audición y Lenguaje destinados en el centro.
Y a todo esto hay que añadir las particularidades de su ubicación. El colegio está situado al norte de la ciudad, en La Virreina, a un paso de La Palmilla, el barrio más pobre de Málaga, frecuentemente vinculado al tráfico de drogas y la marginalidad. Esto le hace destino de familias que lo ven como un refugio para sus hijos. En parte por eso, el centro cuenta con otra treintena larga de menores con “necesidades específicas de apoyo educativo” (NEAE). Niños y niñas que, sin ser de “necesidades especiales”, sí requieren especial atención por carencias sociofamiliares que repercuten en su educación. Son los llamados “de compensatoria”.
En total, hay 71 niños y niñas que precisan apoyo educativo en el Rosa de Gálvez. Más del 10% del alumnado. “Atendemos con todo lo que tenemos, pero no es suficiente”, lamenta el director.
Los docentes PT, PTIS y AL son lo que en la jerga se llama “recursos de difícil generalización”. Una denominación que expresa en lenguaje burocrático que no hay suficientes para que se dediquen en exclusiva a cada colegio, y deben compartirse. Esto obliga a los maestros a una itinerancia que reduce sus horas lectivas. Es decir, no solo dividen su tiempo entre varios centros, sino que de su jornada se resta tiempo para compensar los desplazamientos, y lo pierden los alumnos. “No constituye un recorte de la dotación, sino un ajuste de los recursos conforme a lo recogido en los informes de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización de cada alumno, en cumplimiento el principio de equidad, accesibilidad y calidad educativa”, justifica la Delegación.
La Delegación asegura que, además de los especialistas ya mencionados, hay también dos maestros del Programa de Zonas de Transformación Social y un PTIS (personal técnico de integración social) que dedica 25 horas a las semanas a los 14 alumnos que lo precisan.
La Junta de Andalucía también opone los datos macro: la plantilla de profesionales para atención a la diversidad en la provincia ha aumentado un 31,4% en cinco años, hasta un total de 1.699: 865 PT, 332 AL y 502 PTIS.
Sin embargo, en muchos centros eso no llega. “Reclamamos que se legisle, que se establezca una ratio, algo a lo que las familias nos podamos agarrar para defender los derechos del alumnado”, pide Guzmán, la presidenta del AMPA. La Junta de Andalucía dice que es difícil: “Hay que tener en cuenta que no todas las necesidades educativas son iguales y que la variedad de casuísticas en relación con la etiología del alumnado hace complicado definir dicha ratio”, señala en su respuesta por escrito.
En Andalucía, la inclusión educativa y social es un servicio complementario y las PTIS (generalmente mujeres) son personal externalizado, empleadas en empresas de servicios que compiten a la baja por la adjudicación del contrato, lo que redunda sistemáticamente en la precarización de las trabajadoras, como ha ido informando este medio.
La insuficiencia de recursos públicos obliga a los padres a pagar un apoyo privado fuera del aula y, a veces, también en ella, mediante los “maestros sombra”, personas (generalmente elegidas a través de asociaciones) con autorización para entrar en los colegios y acompañar y tutelar a estos menores. Para las familias son un alivio, porque vigilan a niños que sin atención suficiente pueden ponerse en riesgo. Sindicatos como Ustea la critican porque suplen con recursos privados la falta de recursos públicos y crean diferencias entre familias por su capacidad económica.
“La normativa dice que tiene que estar atendido en el aula, y no lo está”, observa Guzmán. Muchas veces, son los niños quienes acaban sacando adelante la situación, porque se genera en ellos una empatía hacia los compañeros con dificultades: “El alumnado es más consciente y hay casos de alumnos TEA que el resto son como guías suyos”, cierra el director.
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