EDUCACIÓN
Juana Martínez trabaja con niños y niñas que no podrían comer, mantener la higiene o estar en clase sin su ayuda. Atiende a menores con Trastornos del Espectro Autista, síndrome de Down o discapacidades físicas, con dificultades para comunicarse, deglutir o controlar los esfínteres. Y cuenta que la situación en los colegios públicos andaluces, que se ha ido degradando desde que la Junta de Andalucía privatizó el servicio hace 15 años, es peor que nunca. “Es imposible educar a niños con TEA en una alimentación sana y ordenada cuando los tienes que obligar a engullir porque hay diez esperando”, pone como ejemplo.
Tres monitoras atienden a al menos 32 niños en su colegio (hay protocolos por cerrar), donde este año se han incorporado 12 nuevos alumnos con necesidades especiales sin que se haya aumentado el personal. “El sistema se sostiene por la voluntad de las trabajadoras. La situación es límite, hasta el punto de llorar por los pasillos”.
Su diagnóstico, sombrío y atravesado por una indignación desesperada, es compartido por distintas fuentes consultadas por este medio. El personal técnico de integración social (PTIS) de Andalucía lleva años denunciando que la precarización de sus condiciones laborales, operada por empresas subcontratadas por la Junta de Andalucía con el consentimiento de ésta, tiene una repercusión directa en la prestación del servicio, la calidad educativa y, finalmente, en la seguridad e integridad de los menores, sus compañeros y los docentes.
Para obtener la adjudicación, las empresas reducen costes laborales y precarizan a sus trabajadoras (se trata de un sector muy feminizado), mientras la administración se desentiende porque puede licitar a menor coste. Son lo que algunos sindicatos llaman “empresas perrilleras”: sociedades mercantiles con una función intermediaria entre la administración y el servicio. “Nos hacen contratos de cinco o diez horas a la semana, nos bajan el sueldo cuando les apetece y te cambian de centro cuando quieren. Es un abuso”, protesta Carmen Rodríguez, portavoz de CGT.
El caso, que ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo, también ha entrado en el debate político. Adelante Andalucía ha registrado la siguiente pregunta en el Parlamento Andaluz: “¿Cómo piensa el Gobierno garantizar condiciones laborales dignas para el personal de PTIS de empresas privadas que trabajan en centros educativos públicos?”. También se ha preguntado al Presidente por los recursos en los centros, que han motivado las quejas de las familias en el comienzo de curso.
La Junta de Andalucía defiende que hay más recursos que nunca: un 50% más de personal en los últimos cinco años: de 1.917 a 2.957, que atienden a 18.997 alumnos. Pero familias y profesionales insisten en que no es suficiente, o no se distribuye correctamente. Hay centros que acaban asumiendo un número desproporcionado y la normativa ni siquiera recoge una ratio máxima de alumnos por monitora.
Para entender este conflicto, hay que partir de una segregación. Aproximadamente dos tercios de las PTIS están contratadas por empresas adjudicatarias del servicio y el otro tercio es personal laboral de la administración. Y según sean de la privada o laboral, así son las condiciones.
Un ejemplo: en el colegio de Juana Martínez, en Mijas, hay tres monitoras. Atienden a los mismos niños, tienen las mismas funciones y siguen el mismo horario. Pero su compañera de Osventos cobra equis, Juana (contratada por Fundación SAMU) recibe “un poquito más” y la trabajadora contratada como laboral por la Junta de Andalucía recibe 700 euros más al mes. “Las de privada tienen un salario más bajo que yo, aunque hagan las mismas funciones y el mismo alumnado”, confirma Marina Vega, PTI de la Junta y Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.
Desde hace mucho, los sindicatos piden revertir el proceso de privatización, iniciado por el anterior Gobierno socialista. Pretenden que la administración las subrogue como personal laboral y ponga fin a abusos sobre trabajadoras que prestan un servicio público. Según testimonios recabados, el retraso en el pago de los salarios es habitual y las reubicaciones han llegado al extremo este año, con asignaciones de hasta dos horas de jornada semanal a cien kilómetros de distancia. No tienen vacaciones, porque las despiden a final de curso para contratarlas nuevamente en septiembre, y el cobro por horas está sobre la mesa.
Osventos Innovación en Servizos, S.L., una empresa gallega que presta servicios en España y Portugal, es ahora la reina indiscutible de las contratas, que suscribe con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Suelen dividirse en pequeños lotes por provincias y pocos meses. Osventos ha obtenido 101 adjudicaciones, la mayoría por cantidades entre 24.000 y 40.000 euros. También hay varias por entre 400.000 y 600.000 euros, según muestra el buscador de licitaciones de la Junta de Andalucía.
En total, APAE le ha adjudicado contratos por 9.946.365 euros en menos de cuatro años. La penetración de Osventos en Andalucía ha sido fulgurante: el primer contrato es de diciembre de 2019, y la empresa no tiene sede en la comunidad. “Ahora copan el 75% del servicio; el resto es anecdótico”, cuentan fuentes del sector. Fundación SAMU, Marcos Bailón y Al-Alba ESE Granada Almería han logrado algunos de esos contratos residuales.
Osventos está subrogando a las trabajadoras provenientes de las demás empresas. Y según fuentes sindicales, está modificando unilateralmente sus condiciones de trabajo. “Simplemente, se les ha comunicado, sin hacer el procedimiento, que iba a haber una disminución de retribuciones y que las hacen fijas discontinuas”, asegura Marina Vega. El colmo ha sido el cambio de la fórmula de pago: en lugar de cobrar por meses, como recoge el convenio, la empresa quiere que cobren por hora efectiva de trabajo. CCOO ha convocado una huelga para el 27 de octubre y el 10 de noviembre en Osventos, que no ha atendido la petición de este medio para conocer su postura.
Hasta ahora, las protestas del sector no han tenido demasiado efecto. Los tribunales fijan servicios mínimos del 100%, lo que minimiza la repercusión, y hay una atomización de empresas, lotes y territorios que en la práctica disgrega y desmoviliza. Por eso, algunas trabajadoras pretenden ampliar la huelga a todo el colectivo. En su día, CGT planteó una protesta alternativa: atender únicamente a órdenes impartidas por las coordinadoras de empresa, cumpliendo estrictamente con lo que recogen los pliegos. Pero esa fórmula de protesta no genera consenso.
En los últimos años, las “privadas” han ido obteniendo sentencias a su favor que dicen que la Junta de Andalucía debe reconocerlas como personal laboral fijo, porque se trata de un servicio estructural y hay una cesión ilegal de trabajadoras. La Intervención exigió hace años el fin de la externalización y Javier Imbroda llegó a negociar la reversión a público. Acabó descartándola para prometer, a cambio, la progresiva ampliación de plazas “laborales”. Este año serán cien.
Sin embargo, la administración andaluza también recurrió esas sentencias al Tribunal Supremo, alegando que el servicio es complementario, y por tanto, privatizable. En 2021, el Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó un Decreto que blinda esa catalogación. Y pretendió así resolver el problema cambiando la etiqueta: si ya no es “estructural”, cabe privatizarlo y no hay que revertirlo. Por eso, muchas temen que el Tribunal Supremo acabe invalidando las sentencias que les dan la razón. Les queda una bala: que la justicia tumbe el Decreto, que fue recurrido por los sindicatos. En ese impasse están.
Ellas insisten que sus tareas son esenciales para la educación de los menores, no equiparables a las extraescolares o el servicio de comedor. De hecho, las que son personal laboral sí son estructurales, mientras que las de la contrata son complementarias, a pesar de que trabajan con niños en el mismo centro público, en horario escolar y recibiendo órdenes directas de los equipos directivos. Carmen Rodríguez advierte de que incluso acceden a datos teóricamente reservados a personal de la Junta, sin los cuales no podrían trabajar.
La Junta de Andalucía no ha contestado a las preguntas sobre este modelo de prestación de servicios, la cesión ilegal censurada por sentencias judiciales ni sobre qué ha hecho para asegurar unas condiciones de trabajo dignas a las PTIS, como se comprometió Imbroda en 2020.
El 21 de octubre comenzarán las movilizaciones, que seguirán con las jornadas de huelga en Osventos. “Es la primera vez que de verdad iremos todas a una. Se acabó. Tenemos una responsabilidad muy grande y no estamos reconocidas profesional o salarialmente”, dice Juana Martínez. Hay quienes lavan la ropa de los niños en sus casas, y alguna que cada mañana, antes de empezar las clases, baña a una niña para evitar que entre sucia al colegio. “Se aprovechan de que empatizamos con el alumnado vulnerable a costa de dejarnos la piel. Luchamos por nuestros derechos laborales, pero eso va de la mano con los derechos de los alumnos. Ya está bien. Al menos merecemos dignidad laboral”.
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