Los inspectores del Consejo General del Poder Judicial ya han concluido el informe sobre qué ocurrió y qué falló para que Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa capturado por la Policía Nacional en Marbella el 9 de enero, se esfumara sin dejar ni rastro tras ser puesto en libertad provisional. Según ese informe, cuyas conclusiones ha divulgado hoy el CGPJ, la “toma de decisiones” de los tres órganos jurisdiccionales que dictaron las resoluciones que desembocaron en su libertad provisional fue “diligente” y “cumplió en todo momento las normas procesales aplicables”.
El informe del Servicio de Inspección, cuyo contenido íntegro no se ha divulgado, concluye que entre los tres órganos jurisdiccionales implicados (juzgado de instrucción 4 de Marbella, Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga y Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional) no se han observado “disfunciones en la actuación y comunicación” ni descoordinación.
Eso sí, el CGPJ subraya que los inspectores no emiten “valoración alguna” sobre las decisiones jurisdiccionales: es decir, no están evaluando el hecho de si poner en libertad provisional al presunto criminal con las medidas de garantía que se fijaron (fianza relativamente escasa, firma cada 15 días) fue una decisión correcta.
Un portavoz del CGPJ aclara que el Pleno tomará conocimiento del informe en la próxima sesión, fechada para el próximo 30 de mayo. Serán los vocales quienes hagan la valoración definitiva de si algo falló para que un presunto delincuente, el enemigo público número 1 en Holanda, se escapara entre los dedos de las autoridades españolas.
Fianza de 50.000 euros y fuga
El informe fue encargado por el Pleno del CGPJ el pasado 9 de mayo, después del escándalo que provocó la puesta en libertad, primero, y fuga, después, de Bouyakhrichan, alias Taxi, una valiosísima pieza criminal a quien Holanda reclamaba, entre otros motivos, por haber amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona, Amalia de Orange, y al primer ministro Mark Rutte. Sobre él pesa una orden europea de detención emitida por las autoridades de Países Bajos.
Tal era la relevancia de Taxi que su detención el 9 de enero, tras cinco años siguiendo su pista, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación permitió bloquear 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.
El 22 de febrero, apenas mes y medio después, Bouyakrichan fue puesto en libertad provisional por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que revocó la orden de prisión dictada por el juzgado marbellí (que lo investiga por un delito de blanqueo de capitales y tráfico de drogas), sustituyéndola por una medida “menos gravosa”: libertad provisional, con medidas accesorias que mitigarían, supuestamente, el riesgo de fuga.
En concreto, se le impuso una fianza de 50.000 euros, retirada del pasaporte, indicación de domicilio y teléfono de contacto directo, y comparecencia “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.
Simultáneamente, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo.
Después de cumplir las primeras veces firmando en otras sedes judiciales de la provincia (como Fuengirola o Rincón de la Victoria), Bouyakrichan se esfumó. Firmó por última vez el 1 de abril, y aprovechando el ínterin en que la orden europea estaba en suspenso y en Málaga lo ponían en libertad, se escurrió entre los dedos de los tribunales. Desde entonces está en paradero desconocido.
La noticia se conoció el 22 de abril y provocó un hondo malestar en la Policía y la Fiscalía (que se había opuesto a su puesta en libertad condicional), con un notable impacto mediático.
Tres semanas después de que se produjese la primera incomparecencia de abril, el 7 de mayo, el juzgado de instrucción 4 dictó de Marbella dos nuevas órdenes de busca y captura contra el prófugo.
La Mocro Mafia en la Costa del Sol
Bouyakrichan es el presunto líder de la Mocro Mafia holandesa, con una presencia asentada en la Costa del Sol. La Mocro Mafia es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la extorsión o el blanqueo que está integrada por jóvenes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia) y orígenes familiares magrebíes.
Se trata de grupos extremadamente violentos, capaces de asesinar a un relevante periodista holandés (Peter de Vires) o amenazar a las principales autoridades de aquel país. Su negocio está en el traslado del hachís desde Marruecos a Europa. Para ello usan la costa occidental malagueña, donde su presencia es conocida, como punto de recepción y lanzamiento.
La Mocro Mafia también está implicada en la distribución de la cocaína proveniente de Latinoamérica, y se le atribuyen múltiples tiroteos, ajustes de cuentas y asesinatos en la Costa del Sol. Precisamente Samir Bouyakhrichan, hermano del ahora fugado Karim, fue asesinado a tiros por dos sicarios en agosto de 2014 mientras estaba en una cafetería de un centro comercial en Benahavís.