El nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación ha abierto un frente en las universidades: los centros están aplicando con disparidad de criterios o ignorando el artículo que los obliga a mejorar las condiciones salariales de los jóvenes investigadores. Para algunos, supone una mejora de hasta el 50% de su salario actual. En Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Córdoba se han comprometido a aplicar las mejoras a partir de este mes de junio, pero otras, como la de Málaga, ni siquiera han contestado a los escritos de los investigadores.
El Decreto 103/2019, que regula las condiciones laborales de los jóvenes investigadores predoctorales, entró en vigor el pasado 16 de marzo, pero ninguna universidad ha aplicado aún el precepto que más esperaban muchos investigadores jóvenes. Ese artículo establece un salario mínimo para los contratados predoctorales, jóvenes que participan en algún proyecto de investigación para realizar su tesis. El salario mínimo se establece en función de un porcentaje sobre lo que cobra un funcionario de Grupo I, de modo que en los dos primeros años no puede ser inferior al 56% de esa cifra, al 60% el tercer año y al 75% en el cuarto. Es decir, el Decreto fija este salario mínimo: 16.127 euros los dos primeros años (1.343 al mes) de contrato predoctoal, 17.279 el tercero (1.439 euros al mes) y 21.599 euros, el cuarto (1.799 euros al mes).
El Estatuto (EPIF) entró en vigor siete años después de la Ley de Ciencia que lo anunciaba. Pese a la demora, su redacción está dando lugar a un problema de interpretación esencial: no está claro cuándo y cómo debe aplicarse este artículo. La Conferencia de Rectores encargó un informe a los catedráticos de Derecho del Trabajo Cristóbal Molina (universidad de Jaén) y Fernando Ballester (Universidad de Alicante). Su informe, que critica duramente “la deficiente regulación” del Decreto, es concluyente: todos los salarios de contratos pre-doctorales devengados desde el 16 de marzo deben actualizarse al mínimo, con independencia de si el contrato se firmó antes o después de la entrada en vigor del Decreto.
Esta es, dicen los catedráticos, la “interpretación más plausible”, en contra de las tesis que defendían algunas universidades, para las que sólo debería afectar a los salarios devengados de contratos futuros. Ante las dudas, el ministerio tuvo que publicar una nota aclarando que el EPIF debe aplicarse a contratos vigentes y nuevos contratos. Ahora las universidades alegan que no tienen fondos para asumir un coste con el que dicen que no contaban, y reclaman al Ministerio una contrapartida, que deberían salir de unos Presupuestos generales bloqueados. “Existen sólidas razones jurídicas de fondo para intentar repercutir su coste al Ministerio”, concluyen los catedráticos.
¿Cómo afecta a los investigadores precarios? Mejoras salariales de hasta el 53%
Muchos predoctorales mejorarían su situación si las universidades aplicaran el Decreto a los contratos en vigor. Es el caso de Marta Landete, contratada bajo el plan propio de la Universidad de Málaga. Landete, que es natural de Albacete, participa en un proyecto de investigación sobre el comportamiento hídrico de diferentes variedades de fresa, clave para determinar la resiliencia ante las sequías de un cultivo muy extractivo del agua. Bióloga y con dos masters, cobra 1.000 euros brutos por trabajar cuarenta horas a la semana. Doce pagas de 921 euros netos al mes. “La mitad se me va en el alquiler”, comenta. Para ella, investigadora de tercer año, la aplicación inmediata de la norma en vigor supondría 439 euros más al mes. Una mejora salarial del 43%.
María José Torres tiene un contrato predoctoral de investigación FPU, y está en el cuarto año de su proyecto, en el que investiga terapias de recuperación del lenguaje en pacientes que han sufrido daño cerebral. Cobra 1.170 euros brutos (unos mil netos), pero ha pasado tres años en los que apenas superaba los 900 euros netos. Y ello, a pesar de que las FPU son unas ayudas para la formación de profesorado universitario muy competitivas. “Teóricamente es lo mejor a lo que puedes aspirar a nivel curricular”, señala Torres. De aplicarse la mejora cobraría 1.799 euros brutos, 629 más de lo que cobra ahora. Una mejora del 53%. Ha calculado que serían unos 300 euros netos más.
Por su parte, Jorge Juan Montes trabaja en un proyecto para investigar los flujos de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero en los embalses, también en la Universidad de Málaga. No ha cobrado nada desde que se incorporó, en abril de 2018. El proyecto arrancó en enero de 2018, y aunque la convocatoria de su contrato predoctoral debía resolverse el 8 de junio, la Agencia Estatal de Investigación ya ha anunciado que no publicará la resolución definitiva al menos hasta julio. Hasta que no cobre un salario por su trabajo investigador, Montes no podrá marcharse de casa de sus padres.
Varios de estos predoctorados han escrito sendas cartas al rector de la UMA, José Ángel Narváez, y al Vicerrector de Investigación, Teodomiro López, en las que piden que se apliquen los “criterios retributivos” del EPIPF. “Se solicita a la Universidad de Málaga que dé a conocer cómo y cuándo va a aplicar dicho Real Decreto, manteniendo informado a todo el Personal Investigador en Formación del procedimiento llevado a cabo”. No han recibido ninguna respuesta.
La Universidad de Málaga prometió dar una respuesta a este diario a lo largo de la mañana del martes, pero esa respuesta no llegó.
Torres cree que este episodio traslada una pésima imagen de cómo se valora la investigación. “No sólo cobramos muy poco, sino que cuando se trata de introducir una mejora las universidades no la aplican”, lamenta. Los doctorandos están celebrando asambleas para valorar cómo pasar a la acción. Ya han realizado sonadas protestas en la Universidad Complutense o en la Autónoma de Barcelona. Otras opciones son presentar denuncias ante la inspección laboral o realizar una huelga al inicio de curso, cuando la visibilidad sea mayor.