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La Justicia ordena a la Junta que pare la obra de la depuradora malagueña de Vega Mestanza por su impacto ambiental

Mari Carmen Mestanza, durante una rueda de prensa el pasado 17 de mayo | N.C.

Néstor Cenizo

Málaga —
26 de junio de 2025 18:09 h

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La Junta de Andalucía tendrá que paralizar de inmediato las obras, que ya había comenzado, para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros. Así lo ordena el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia que da el alto a la administración por entender que el anteproyecto de la llamada “EDAR Norte de Málaga” nunca estudió si las posibles alternativas eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La resolución, fechada el pasado martes, da la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora, al que deja sin efecto, condenando a la Junta a parar y reiniciar el proceso. Aunque la Junta modificó ligeramente ese anteproyecto para reducir la huella de la infraestructura (que pasó de 20 a 13 hectáreas, la parte central en elevación de cuatro metros), los argumentos son de tal calado que dejan muy tocado el plan del Gobierno andaluz.

Los magistrados afean a los técnicos de la Junta que sólo hayan tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga, cuando precisamente en esta materia prima la protección del medio ambiente como otras razones.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, admite que el estudio de impacto ambiental cumple con su contenido mínimo (análisis de población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, paisaje, suelo...) formalmente, falla al comparar esta posible ubicación con las demás que se contemplan, despachadas sin profundidad alguna. “Debió completarse con un estudio de las alternativas posibles (...) que debe abarcar a si estas presentan desde el punto de vista medioambiental más o menos inconvenientes”, explican los magistrados, pero todas se descartaron por razones relativas al coste de los colectores y de las expropiaciones.

Los magistrados recuerdan que Vega de Mestanza es “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que al menos debió valorarse y comparar con otras opciones.

Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, tal y como detalló este medio. Se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

Está por ver si el Gobierno de Juan Manuel Moreno mantiene su intención de situar en una zona inundable, poblada hoy por miles de cítricos, una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, parte de Málaga, Cártama y Torremolinos. Ocuparía unas 13 hectáreas. Otro gran interrogante que se abre ahora es qué pasa con la adjudicación millonaria del proyecto si este deviene imposible porque lo prohíben los jueces, y con las expropiaciones a unos 150 propietarios, la gran mayoría ya se han culminado con el pago del justiprecio.

En los últimos tiempos la oposición a la obra había generado una potente corrente de adhesión que trasciende la provincia de Málaga. Decenas de voluntarios acampan estos días entre los cítricos y documentan la presencia de coches con las matrículas tapadas, mientras las adjudicatarias (la UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente) denuncian coacciones a sus empleados.

La Junta advierte de las “consecuencias para la salud pública”

La sentencia del TSJA supone un correctivo al Gobierno andaluz, que había insistido en la conveniencia de colocar ahí la depuradora a pesar de la oposición frontal de los vecinos y las dudas ambientales y económicas que suscita el proyecto. El propio consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó las preocupaciones vecinales y el estudio de posibles alternativas al señalar que “lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas” en la zona norte del área metropolitana de Málaga. Esto supone que cada año la Junta de Andalucía deba abonar casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

Ahora, la Junta dice que está preocupada por las consecuencias medioambientales de seguir vertiendo. “Esta decisión también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales”, añade la administración, que insiste en que siempre actuó guiada por “criterios técnicos”, algo que la sentencia parece no compartir. La Junta valora ya si recurrirla ante el Tribunal Supremo.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes y la Junta saben de la necesidad de disponer de una nueva EDAR para esa zona, que vierte al Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar. Sin embargo, el proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que la Junta (por entonces gobernada por los socialistas) lo abordara. El Gobierno de Moreno reactivó el proyecto a finales de 2020 tirando del canon del agua. Es la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tiene asignadas la administración andaluza.

Toda la oposición en contra

Pronto comprobó que no tendría fácil vencer la resistencia vecinal, liderada por Mari Carmen Mestanza, heredera directa de los colonos que compraron la parcela a la familia Larios hace un siglo. Sembraron la vega y la convirtieron en un vergel de naranjos, limoneros y mandarinos, el último digno de tal nombre en Málaga capital, con capacidad para producir hasta dos millones de kilos de cítricos al año.

Mestanza comenzó a acudir a cada acto de cada político que pasaba por Málaga, a los que acudía armada de mandarinas para regalar y contar que construir allí era un atropello. A todos los ha invitado a la vega, y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, le prometió que iría, pero nunca lo hizo.

Todos los partidos que no son el PP se sumaron a su causa: primero, Los Verdes-Equo, en 2021. Después, los demás: Por Andalucía, PSOE (cuya europarlamentaria Lina Gálvez preguntó a la comisaria europea por el asunto) y, últimamente, Vox y hasta Alvise Pérez, cuya visita estaba programada para hoy. La presencia de estos grupos de ultraderecha está generando incomodidad en activistas ecologistas, que denuncian la instrumentalización política de la causa. Se pudo comprobar hace apenas dos semanas, con una discusión entre varios activistas y Manuel Gavira.

Tras completarse las expropiaciones de unos 150 propietarios, los trabajos comenzaron hace apenas un mes. Tras parar, hace siete días volvieron los operarios para, protegidos por antidisturbios, disponer un camino que permitiera a las máquinas vadear el río Guadalhorce. Después, volvieron a parar, asegurando en medios locales que habían sido amenazados. Este jueves volvían a rondar el lugar, según Mari Carmen Mestanza, que hacía guardia con una veintena de activistas: “Vienen, se asoman y se van”, dice, “pero hoy lo importante es que esto lo hemos parado”.

En paralelo, la asociación fue interponiendo todos los recursos posibles. En diciembre lograron la paralización cautelarísima de las expropiaciones, pero la alegría les duró pocos días. Ahora han logrado su victoria más relevante, aunque no saben si definitiva.

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