El juez Pablo Llarena será el magistrado ponente encargado de la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Marbella contra la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, del Partido Popular. Así lo dispone una providencia del Alto Tribunal, que constituye la primera actuación del Tribunal Supremo en la causa.
En la providencia, dictada por la Sala Segunda, se pide también que se certifique que Ángeles Muñoz ostenta la condición de aforada por ser, en este caso, senadora. Pese a que esta resolución no supone que Muñoz esté formalmente investigada, el PSOE interpreta que el Tribunal Supremo ha constatado ya “unos mínimos indicios” de la existencia de delito.
La providencia, dictada el pasado 17 de septiembre, es la primera resolución dictada por el Tribunal Supremo como consecuencia de la querella interpuesta por el grupo socialista contra la alcaldesa Ángeles Muñoz el pasado 3 de septiembre, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad continuada y fraude.
Los socialistas interpusieron la querella a la vista de los dos archivos de la causa decretados por el titular del juzgado de instrucción número tres de Marbella, Gonzalo Dívar, que ha decretado el archivo de la causa sin remitirla al Tribunal Supremo, pese a que Muñoz es aforada en su condición de senadora.
La investigación a Ángeles Muñoz, más cerca
La designación de un juez ponente no supone la admisión de la querella, ni que Muñoz tenga la condición formal de investigada. Sin embargo, el PSOE interpreta que el paso de adjudicar el ponente y comprobar el aforamiento de Muñoz es un indicio evidente de que la querella será admitida. “Consideramos que es un paso importante y que el Tribunal ha visto ya unos mínimos indicios de que pueden existir delitos, porque de lo contrario no habría nombrado a un ponente”, ha señalado José Bernal, portavoz del PSOE marbellí. En el caso de que el Tribunal Supremo admitiera formalmente la querella, el juzgado de instrucción marbellí debería inhibirse en favor de la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Hasta ahora, la investigación de la presunta alteración irregular de 22 planos del PGOU de Marbella, con el resultado de la “amputación” al municipio de varias parcelas propiedad de sociedades familiares de Muñoz, ha topado dos veces con el archivo de la causa. El juez Dívar archivó por primera vez la investigación el 9 de agosto de 2017, pero la Audiencia Provincial calificó de “precipitado” el fin de la investigación y le ordenó que la reabriera.
El juez practicó las diligencias que le ordenó la Audiencia y volvió a archivar el procedimiento el 3 de septiembre de este año. El archivo ha sido recurrido nuevamente ante la Audiencia Provincial por el fiscal, en un escrito singularmente explícito y crítico del que el pasado viernes informó eldiario.es Andalucía. El fiscal cree que el nuevo archivo es “inusual, un tanto sorprendente e incluso exótico”, y destaca que las pruebas practicadas no sólo no despejan las dudas de la presunta ilegalidad cometida por Muñoz u otros funcionarios, sino que más bien las acentúan.
22 planos del PGOU de Marbella
El acta del Pleno celebrado el 29 de julio 2009 incorporó hasta 22 planos cambiados respecto a los que se habían tramitado inicialmente, de los que nadie fue informado, y con los cuales se alteraban las lindes entre Marbella y Benahavís afectando a terrenos en los que tiene interés la alcaldesa.
El fiscal imputa a Muñoz una “intencionalidad falsaria” en este cambio, por lo que ha pedido en varias ocasiones al juzgado que remita la causa al Tribunal Supremo, vista la condición de aforada de Ángeles Muñoz. “Si la Sra. Alcaldesa Dª Ángeles Muñoz Uriol hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este una cuestión tan trascendental como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella no estaríamos hablando planteando la comisión de ilícito penal alguno”, señala en el último recurso de apelación.
Sin embargo, ante las dificultades para proseguir la causa en el juzgado de instrucción y que el juez remita los autos al Tribunal Supremo, el grupo socialista decidió presentar una querella directamente ante el Alto Tribunal, bajo la dirección del abogado Mariano Benítez de Lugo, especialmente conocido por haber interrogado a Mariano Rajoy en el juicio de la trama Gürtel, en su condición de abogado de la Asociación de Abogados demócratas por Europa (ADADE).