El 12 de septiembre de 2018, una persona de carne y hueso se plantó ante la sede de la Fiscalía de Fuengirola y presentó por registro una denuncia en nombre de una persona inexistente. La denuncia se dirigía contra Juan Carlos Maldonado, por entonces alcalde de Mijas, y José Carlos Martín, concejal de contratación, ambos de Ciudadanos, a los que se acusaba de un delito de prevaricación administrativa por irregularidades al contratar un viaje para mayores. El encabezamiento recogía el nombre del denunciante: Manuel Redondo Gámez, jubilado.
Pocas semanas después, la Guardia Civil buscó a Manuel Redondo, no lo encontró y los agentes elaboraron un informe: no hay nadie que se llame así en España. Nunca más volvió a saberse nada del tal Redondo. Y cinco años más tarde, la Audiencia Provincial de Málaga acaba de empezar a juzgar a Juan Carlos González, por entonces concejal del PP y cartero, al que la Fiscalía acusa de inventarse el personaje con el único ánimo de perjudicar a sus rivales políticos.
La denuncia fue archivada a los pocos meses, pero entre su presentación y el archivo se habían celebrado unas elecciones autonómicas y había aparecido un puñado de noticias que incriminaban a los políticos de Ciudadanos en Mijas (por entonces, el municipio en manos del partido con mayor población, 89.502 habitantes) en ese presunto caso de corrupción. Hasta Juan Manuel Moreno, por entonces aspirante a presidente de la Junta de Andalucía, sacó el tema en el debate televisado en Canal Sur. Maldonado asegura que el secretario general del partido, por entonces José Manuel Villegas, le pidió la renuncia. “Estuvimos más fuera que dentro”, ha explicado el concejal José Carlos Martín.
El archivo de aquella denuncia ocurrió una semana después de los comicios, sin que casi nadie se enterara. Sin embargo, al descubrir el presunto ardid en el que la habían involucrado, la Fiscalía no lo dejó pasar. También en Ciudadanos ataron cabos: si Manuel Redondo no existe, hay alguien que quiso ocultarse tras él. Y si la denuncia que presentó ese personaje ficticio no se sostiene, es posible que la finalidad fuera espuria. Así que tanto la Fiscalía como los políticos de Ciudadanos denunciaron al, hoy por hoy, único acusado de haberse inventado el personaje: el cartero y concejal Juan Carlos González. La Fiscalía cree que aprovechó su trabajo para quedarse con las citaciones que el juzgado enviaba a nombre de Redondo, y concluye que eso indicaría su participación en la denuncia falsa.
Por partes. Si hay algo más o menos claro en el juicio celebrado este martes ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga es que Manuel Redondo no existe. No lo cree el fiscal, ni la Guardia Civil. Al fin y al cabo, nadie lo ha visto ni da cuenta de él. Excepto el acusado Juan Carlos González (el cartero y concejal del PP), quien sigue sosteniendo que una vez habló con una persona que dijo llamarse así. “Me dijo que esperaba una carta y que no tenía buzón en su diseminado”, relató este martes en el juicio.
En Mijas hay unas 4.000 viviendas en diseminados, muchas de ellas irregulares y con defectuosa identificación postal. En su declaración ante la Audiencia Provincial, González explicó que decidió hacerle un favor a ese desconocido, Redondo, al que nunca volvió a ver, haciéndole llegar la carta. Su relato es que, aunque estaba de baja, contactó con el compañero encargado de la zona para que le avisara cuando llegase correo a nombre de Redondo. Así ocurrió, y la carta acabó en manos del acusado. Él sostiene que tras recogerla, la echó en una especie de “buzón colectivo”, en lugar de seguir el procedimiento reglamentario, que consiste en redirigirla a la oficina de Correos y ponerla a disposición del destinatario durante 15 días.
Este relato no encaja con lo que cuenta su compañero cartero: según éste, cuando Juan Carlos González le pidió el favor de guardarle la carta, le dijo que la persona a la que iba dirigida era “amigo o conocido suyo”, y en los días siguientes se mostró especialmente interesado en si había llegado. Parece que tenía un especial interés en recoger ese documento dirigido a una persona a la que solo había visto una vez.
Las declaraciones del juicio parecen confirmar las sospechas de la Fiscalía: Manuel Redondo no existió y el concejal cartero del PP, que necesariamente tenía que saber que no existía, siempre quiso estar al tanto de las notificaciones le enviaba el juzgado. Pero queda la segunda parte. ¿Fue realmente el cartero concejal el artífice y ejecutor de una estratagema para involucrar a rivales políticos o es tan solo un chivo expiatorio que tuvo la mala suerte de tener el trabajo equivocado? “Nunca he puesto una denuncia ni sé cómo se hace”, dijo el martes, antes de explicar que en este tiempo ha recibido amenazas en cartas anónimas: “Sabemos que no has sido tú, pero di quién fue”.
Para comprender del todo esta historia, hace falta contexto. Mijas vivió durante aquel mandato (2015-2019) todos los líos políticos que puedan imaginarse. Durante cuatro años, se dirimieron ante tribunales y medios de comunicación asuntos a cada cual más rocambolesco: hubo denuncias de espionaje informático en ordenadores municipales, denuncias por sobresueldos y un intento por parte de un concejal del PP para comprar al de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), oportunamente grabado y fotografiado. Este carrusel de sucesos tenía su reflejo en la relación de fuerzas del ayuntamiento: Ciudadanos empezó gobernando con el PP; luego deshizo ese pacto expulsando al PP y aliándose con PSOE y CSSP; luego el pacto fue Ciudadanos-PSOE; y finalmente Ciudadanos acabó gobernando en solitario con cinco de 25 concejales. Un récord.
Cuando se produce la denuncia presuntamente falsa, Ciudadanos ya había deshecho el pacto con el PP y las espadas judiciales estaban en alto. Ángel Nozal, líder popular, había jurado venganza contra su antiguo socio de gobierno. En el juicio celebrado este martes también ha quedado claro que a la supuesta denuncia falsa se acompañaron documentos que sólo concejales o técnicos podían tener, y que dos ediles del PP, Mario Bravo y Lourdes Burgos, retiraron el expediente al completo pocas semanas antes de que el inexistente Manuel Redondo pusiera la denuncia.
Las miradas se dirigen al grupo popular, del cual González era un concejal raso.
Adentrarse en la política de Mijas, un municipio que maneja un presupuesto de más de 110 millones cada año, requiere de la ayuda de un sherpa. Cinco años después de este turbio asunto, en el consistorio se ha acabado conformando un puzle muy diferente con las mismas piezas de entonces. Ahora hay un alcalde del PSOE que gobierna con el apoyo de Ciudadanos (ahora reducido a dos concejales, entre ellos Martín) y Juan Carlos Maldonado. Pero este ya no está en Ciudadanos, del que salió rebotado y mal avenido con sus antiguos compañeros.
Maldonado ni siquiera está en Por mi Pueblo, el partido al que se fue, y que ahora tramita su expulsión por dar su apoyo el pasado sábado al reelegido alcalde socialista, y no a su gran enemigo, Ángel Nozal (PP). En esto, Maldonado se ha tomado fría venganza de Nozal, que en 2019 se negó a apoyarle a él y fue expedientado por el PP. Y aun hay un último giro en este guion de odios políticos y lealtades frustradas: el abogado del cartero acusado es Abdeslam Lucena, alcalde de Benamocarra… y cara reconocible de Por Mi Pueblo.
Todas estas consideraciones de la micropolítica pueden explicar un asunto que se sostiene sobre una certeza pero plantea dos dudas jurídicas que las magistradas deberán resolver: Manuel Redondo no existe, pero ¿quién fue realmente y por qué denunció?
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