El presidente Juan Manuel Moreno ha prometido el apoyo institucional de la Junta de Andalucía a las históricas reivindicaciones de la familia García Caparrós, consistentes en que el joven sea declarado “víctima” y que se levante el secreto que sigue pesando para gran parte de las actas de la comisión parlamentaria que investigó el asesinato de Manuel José hace más de 40 años.
Las tres hermanas García Caparrós, hermanas del joven asesinado en Málaga durante las multitudinarias manifestaciones por la plena autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, han quedado satisfechas de lo que le han escuchado decir al presidente, que las ha recibido el lunes a mediodía en San Telmo.
“Nos ha escuchado con interés y tenemos buenas vibraciones”, explica por teléfono Puri García Caparrós, mientras regresa a Málaga con sus hermanas Dolores y Francisca. “Le hemos pedido la desclasificación de las actas y que lo hagan víctimas del terrorismo o del franquismo, de lo que ellos quieran, pero víctima porque para nosotras fue una víctima. Es lo que pedimos desde hace 45 años”.
El encuentro había generado cierta expectativa porque se enmarca en un indisimulado esfuerzo del presidente por recoger la bandera del autonomismo andaluz que durante 40 años enarbolaron los socialistas. Las críticas de la familia de Manuel José García Caparrós, la víctima más evidente de las fuerzas reaccionarias al autonomismo, empañaban esa imagen.
“Han salido contentas de la reunión, sin duda”, explica Luis Ocaña, de la asociación andaluza de víctimas de la transición, que advierte: “Pero siempre reciben buenas palabras y gestos, y luego falta reconocimiento a nivel institucional”.
“No depende de él”
Según las hermanas, la respuesta de Moreno a las peticiones de la familia ha sido que hablará con el Ministerio del Interior para impulsar su reconocimiento como víctima y con “gente en Madrid” para que se avance en la desclasificación de las actas ocultas de la comisión de encuesta que investigó el asunto en 1981. Hasta ahora, sólo la exdiputada Eva García Sempere (Unidas Podemos) ha podido consultar esos documentos parcialmente tachados.
“En todas las peticiones ha estado de acuerdo”, dice Puri García Caparrós. Con un matiz: Moreno les ha dicho que “no depende de él, sino del ministerio”. En este sentido, su posición de apoyo a la familia es relativamente sencilla, porque sólo le compromete a pedir cuentas a otras administraciones, cuya respuesta está por ver.
En 2017, Susana Díaz ya llevó la exigencia de desclasificar las actas y se topó con el rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados, que esgrimió un informe de la Dirección Documentación, Biblioteca y Archivo que advierte de que las personas que en 1981 comparecieron en la citada comisión de investigación lo hicieron con la garantía de que sus declaraciones serían secretas durante 50 años. Por entonces, los papeles en la Junta de Andalucía y en el Congreso se repartían de forma opuesta a ahora. Díaz y el PSOE gobernaban Andalucía, mientras que Ana Pastor (PP) presidía la Mesa del Congreso de los Diputados.
Moreno apaga el incendio en dos semanas
Moreno llevaba cuatro años esquivando reunirse con las hermanas García Caparrós, pero la semana pasada recogió por fin el guante. Al hacerlo, ha conseguido surfear la ola que amenazaba con revolcarle en pleno impulso de su perfil andalucista. En sólo quince días, Moreno ha pasado de tener a las hermanas “indignadas” por el “olvido” en el decreto y la presentación del Día de la Bandera, a convencerlas de su interés genuino en mover el asunto para lograr que en Madrid alguien satisfaga sus reivindicaciones.
El 10 de noviembre, después de que Moreno anunciara el nuevo Día de la Bandera, las hermanas llegaron a difundir una carta en la que le reprochaban que no hubiese hecho ni una mención a su hermano, que murió tiroteado aquel 4 de diciembre. “Nos parece que su olvido no es casualidad, más bien es parte de una estrategia para silenciar lo que verdaderamente ocurrió”, le decían, antes de reprocharle un intento de apropiarse de la celebración. También advertían de que se movilizarían para mostrar su desagrado.
Moreno ha reaccionado con rapidez y en tandas sucesivas. Ese mismo día admitió implícitamente su error: “Somos conscientes de aquéllos que perdieron la vida en la defensa de la autonomía, de la democracia”. Luego, la semana pasada, su grupo votó a favor de una iniciativa de reconocimiento a García Caparrós que emana de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática. Un hecho inédito, pues el PP apenas ha dado peso o presupuesto a la norma desde que llegó a la Junta de Andalucía, hace cuatro años.
El grupo popular aceptó una proposición no de ley de Adelante Andalucía, a la que añadió algunas enmiendas: la primera, incluir al joven malagueño en el “censo de víctimas” del franquismo, que aún no existe y cuya creación depende de la Junta. La segunda, señalar el punto en el que lo mataron como “lugar de memoria” y el recorrido en el que sucedieron los hechos como “sendero de memoria”. Por último, que todos los documentos públicos relacionados con su muerte se recopilen y constituyan “patrimonio documental de Andalucía en materia de memoria democrática, en el marco del Plan Andaluz de Memoria”. Ese Plan está paralizado desde que gobiernan los populares.
El último paso dado por Moreno es también muy simbólico. Consistía en recibir a las hermanas de Manuel José García Caparrós en el Palacio de San Telmo, y sellar definitivamente la paz que se ha trabajado desde hace 15 días. Así lo ha hecho, a las puertas del Día de la Bandera, apagando un incendio y reforzando de paso su imagen andalucista. A las hermanas les ha prometido que no se olvidará del joven malagueño el 4 de diciembre: “Yo creo Manuel José que se merece que cuando se nombre el Día de la Bandera salga su nombre, y el presidente ha dicho que sí, que es verdad, que está de acuerdo”.