Cientos de personas han recorrido esta mañana las calles de Málaga en defensa de la sanidad pública andaluza, en una marcha convocada por UGT y Comisiones Obreras y respaldada por el PSOE, Unidas Podemos, IU y diversas asociaciones sanitarias y de pacientes. El objetivo de la manifestación, común en todas las capitales de provincia andaluzas, era pedir más recursos (humanos y de infraestructuras) al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, al que acusan de desmantelar la sanidad pública. La convocatoria ha sido secundada por unas 2.500 personas, según la Policía Nacional.
“Pedimos lo que pedíamos antes, con cualquier gobierno: que no haya ningún recorte ni una merma en la inversión pública para la sanidad”, explica Soledad Ruiz, secretaria general de UGT Málaga, que lamenta que la falta de recursos humanos y materiales está trasladando la presión sobre los profesionales, expuestos a cargas de trabajo insoportables o a las protestas de los ciudadanos. “Como si fueran ellos los culpables, cuando el culpable es el gobierno que no pone la inversión”.
Fernando Cubillo, secretario general de CCOO, ha denunciado el incumplimiento de la moción, aprobada por unanimidad en el ayuntamiento en 2017, con las propuestas sanitarias para la ciudad de Málaga. “Las mismas propuestas que hoy sigue incumpliendo el gobierno andaluz”. “Tenemos ahora los peores gestores sanitarios de la historia de Andalucía”, según Cubillo, que ha puesto en duda las cifras oficiales y, en todo caso, la gestión de esos recursos: “Según dicen, hay 30.000 profesionales más trabajando que hace cuatro años, pero han aumentado las listas de espera diagnósticas y las colas en los centros de salud, se reducen servicios de urgencia y atención a la salud mental”. “Hemos perdido la confianza en el gobierno andaluz, porque está incumpliendo todos los acuerdos”, ha añadido, antes de recordar que 12.000 profesionales terminan su contrato el próximo marzo.
“Queremos que el dinero sea finalista, porque ahora se lo gastan en la privada y no en la pública”, ha protestado Mercedes Sánchez, de Marea Blanca. También ha habido espacio para las reivindicaciones de los usuarios de zonas rurales. “Pedimos que los hospitales comarcales se doten de carteras para que los pacientes no deambulen”, ha dicho Diego Romero, de la Plataforma Por la Sanidad Distrito Norte de Málaga, de Antequera y de Ronda. “Queremos que en los centros de salud haya un geriatra, y fisioterapeutas de la sanidad pública en las residencias”, ha exigido Mari Cruz Mariscal, de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores.
UGT y CCOO denuncian que Andalucía es la segunda comunidad autónoma con que menor presupuesto por habitante dedica a la sanidad (1.388), tras Madrid. Para llegar a la media nacional, los sindicatos estiman que harían falta 2.400 millones de euros adicionales. Es, también, la que tiene una menor ratio de camas por 100.000 habitantes, 1,7, según los datos del ministerio de sanidad.
La manifestación ha convocado a muchos militantes de organizaciones, pero también había profesionales y usuarios al margen de adscripciones. Laura Ramos lleva 13 meses en lista de espera para una operación preferente de grado 4, urgente, por posibles complicaciones intestinales. Sufre endometriosis. Su preoperatorio caducó, y ahora tendrá que repetirlo. “La consecuencia de este retraso en una endometriosis puede ser perder parte del colon, órganos sexuales o parte de la vejiga”, explica Ana Ferrer, presidenta de ADAEC. Explica que el retraso tras 18 meses en lista de espera ha provocado recientemente una operación de urgencia, con un resultado aún dudoso.
“Nosotras no estamos en la ley de plazos porque son operaciones como el cáncer, aunque aquí el tejido no es maligno. Requiere un quirófano multidisciplinar y tiene el mismo protocolo que si te detectaran un cáncer. Pero estamos sufriendo esperas de hasta 18 meses”. Las endometriosis están asignadas al Hospital Materno de Málaga, donde desde el comienzo de la pandemia se reunificaron los paritorios de la capital, suprimiendo el del Hospital Clínico. El Materno es también centro de referencia para Benalmádena, Torremolinos, los municipios del Valle del Guadalhorce y parte de la comarca de La Sierra de las Nieves. En total, más de 700.000 habitantes. “Si se satura, como se está saturando, tenemos esperas en las que no te ponen ni la analgesia. Algún día tendremos una muerte en un pasillo”.
Mari Carmen García es otra usuaria de la sanidad pública, y tuvo que esperar tres meses para hacerse una prueba diagnóstica que determinara qué era aquel bulto que tenía en el pecho. De las Urgencias de Pizarra la mandaron al Hospital del Guadalhorce. De ahí, a Urgencias del Materno. “La médica notó el bulto, pero me dijo que no podía hacer nada, y que era mi médico de cabecera quien tenía que mandar la prueba diagnóstica”. También tardó más de tres meses en recibir cita para el traumatólogo. En ese tiempo acudió a un médico privado, de modo que cuando llegó su cita, el dolor de la ciática ya había pasado.
Entre los profesionales presentes en la manifestación hay frustración. “Falta mucho personal y no se cubren las bajas. Pasa a menudo en mi centro”, explica una radióloga de un CHARE malagueño, bajo condición de anonimato. Marta, enfermera en un hospital, lamenta que la carga laboral es tan alta que no permite una “atención de calidad”. Está contratada por seis meses, y es su contrato más largo después de encadenar años cubriendo vacaciones de verano y Navidad.
En Málaga, han apoyado la convocatoria de UGT y CCOO la Federación de Vecinos Solidaridad, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, las plataformas Marea Blanca, Basta Ya, Por la Sanidad Distrito Norte de Málaga, de Antequera y de Ronda, FACUA, la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía, la Asociación en Defensa del Paciente, la Asociación en defensa de la sanidad pública malagueña y HOAC. También algunos partidos políticos: PCE, IU, Unidas Podemos, PSOE, EQUO y Andaluces Levantaos.
Más allá de la situación general, cada provincia tiene sus reivindicaciones. El estado de las infraestructuras y servicios de la sanidad pública en la provincia son motivo de queja desde hace años. La demanda histórica es el tercer hospital para la capital, que la Junta empezó a prometer en 2007. Ahora, el actual Gobierno asegura que licitará el proyecto este trimestre, con la previsión de inaugurarlo en 2027. Sería, de materializarse, el más grande de Andalucía con 810 habitaciones, 200 consultas, 46 quirófanos y 66 puestos de UCI, pero los sindicatos denuncian la lentitud con la que avanza.
Hay más carencias: el CHARE de la barriada de El Palo ni está licitado ni proyectado. Tampoco se ha completado la apertura, por ahora parcial, del Hospital Guadalhorce ni la del CHARE de Benalmádena, ni la remodelación del Hospital Marítimo de Torremolinos. A la lista de agravios se suman decisiones de la actual administración, supuestamente adoptadas para mejorar la respuesta a la pandemia, pero que se prolongan sine die: es el caso del cierre de las urgencias en el Hospital Regional de Málaga y del área de maternidad del Hospital Clínico.
Otra queja histórica es la ratio de camas hospitalarias por habitante, la más baja de España, según los sindicatos. Según el informe balance de CCOO de 2019 (último disponible), desde 2012 se habían perdido 225 camas en la sanidad pública, a pesar de que la provincia ha experimentado un crecimiento constante hasta bordear los 1,7 millones de habitantes. Con 2666 camas públicas en 2019, es la provincia andaluza con menor ratio: 16,05 por 100.000 habitantes, poco más de la mitad que Granada, y lejos de la media andaluza, de 19,86. En cambio, cuenta con el mayor número de camas privadas en la región: 4.798. Los sindicatos denuncian además que durante el pasado verano el cierre de camas y servicios alcanzó el 40% en la provincia de Málaga.
El informe de UGT Situación del personal sanitario en Málaga tampoco ofrece una buena imagen. A partir de los datos del Colegio de Enfermeros, UGT estima en unos 3900 los enfermeros que ejercen en la sanidad pública y 1.400 en la privada, lo que arroja la menor ratio de Andalucía y, en consecuencia, de España: 3,29 por 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea (8,8), española (5,3) y andaluza (4,13).
Los sindicatos denuncian que no hay pediatra en municipios como Alozaina, Tolox, Casarabonela y Yunquera. “Es verdad que hay un déficit de esa especialidad, pero los que hay se van a la privada o a otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el SAS no les da estabilidad laboral”, denuncia Juan Carlos Navas, secretario general de Sanidad de CCOO Málaga.
De los 8000 profesionales que se contrataron como refuerzo cuyo contrato no se renovó (de un total de 20.000), entre1.500 y 2000 estaban en Málaga, que ha sido la provincia andaluza con mayor porcentaje de profesionales sanitarios contagiados, el 57%. Es también donde más agresiones se producen, con una ratio de agresiones/profesional del 18%, según CCOO, que asegura que se produce una media diaria de tres agresiones.
En el plano asistencial, el mayor problema se da en la atención primaria. “Desde cortaron los contratos, todas las bajas de médicos de familia no se sustituyen. La decisión es cerrar agenda y es casi imposible conseguir una cita. La consecuencia es que hay muchos centros de salud en los que no hay citas y te mandan a Urgencias”, explica Navas.
Los sindicatos protestan también para pedir una mejora en la situación laboral de los profesionales. CCOO calcula en la provincia hay 12.600 profesionales sanitarios a los que el SAS no les reconoce la carrera profesional, una herramienta de evaluación del desempeño que puede suponer una mejora salarial de entre 146 y 291 euros mensuales, según el nivel de carrera profesional y la categoría. El pasado julio CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo con la Junta, pero denuncian que se ha incumplido. Según Navas, en torno al 40% de quienes terminan la carrera de Medicina en la Universidad de Málaga se marchan a otras comunidades autónomas o al extranjero.
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