El juez de Archidona ha rechazado paralizar la expulsión de los dos jóvenes que, según la documentación que aportó Málaga Acoge, son menores de edad. El juez cuestiona la fiabilidad de los documentos (copias de dos certificados de nacimiento de dos de ellos y un documento médico con foto), y da más valor a las pruebas oseométricas que se les realizaron este lunes, y que concluyeron su mayoría de edad. Hay un tercer chico que no cuenta con documentación y dice ser menor. Los abogados que representan a los tres muchachos presentaron una solicitud de intervención al Comité de Derechos del Niño de la ONU, en la que confían para paralizar la expulsión, prevista inicialmente para este martes.
Málaga Acoge y los abogados que defienden a estos chicos habían solicitado que se paralizase su expulsión a la espera de que se acreditase si son mayores o menores de edad. Uno de ellos no cuenta con documentación aunque asegura ser menor, y había presentado una denuncia por presuntas agresiones que fue archivada por el juez también este mismo lunes. De los otros dos, uno aportó el viernes copia de acta de nacimiento y un documento con foto que demostrarían su minoría. El tercero aportó copia del acta de nacimiento. Esta documentación acredita que son menores de edad, salvo falsificación.
A la vista de que aseguraban ser menores, este lunes se les practicó pruebas de edad, que dieron como resultado que son mayores. A uno de ellos se le había practicado ya en Almería, con idéntico resultado. El juez decidió priorizar estas pruebas sobre una documentación cuya fiabilidad es, dice, cuestionable. Sin embargo, la Plataforma contra el CIE de Archidona y fuentes de la defensa de los jóvenes dicen contar ya con documentación original que probaría su minoría de edad.
Nacimiento, pero no identidad
El Tribunal Supremo ha dictaminado en alguna ocasión que el migrante que tiene consigo un pasaporte o documento de identidad original que indica que es menor no puede ser sometido a pruebas de edad, porque en tal caso no serían “menores indocumentados”. El juez de Archidona cree que esta doctrina no se puede aplicar a los casos de los tres chicos encerrados en la cárcel que Interior usa como CIE, porque han aportado copias de documentos rellenados a mano que sólo reflejan un nacimiento, pero no la identidad.
El juez se fía más de las pruebas oseométricas, que en los tres casos concluyen la mayoría de edad, pese a que estas pruebas tienen un margen de error de entre 14 y 18 meses. El Defensor del Pueblo ha recomendado en varias ocasiones que se realicen más pruebas además de la medición de la muñeca para aumentar la precisión. El Gobierno aprobó un Protocolo Marco de Menores no Acompañados (conocido como Protocolo Mena), en el que se “recomienda” seguir los parámetros y pautas de las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA. La primera de esas conclusiones dispone así: “La determinación de la edad en menores no acompañados por medio de la estimación de la madurez ósea y la mineralización dental es un método sujeto a grandes márgenes de error”. A continuación añade que “en ausencia de otros elementos probatorios documentales” es la metodología “más fiable”.
Aunque el auto del juez de Archidona es recurrible, los activistas tienen la vista puesta en el dictamen que debe emitir el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Málaga Acoge interpuso una queja ante este organismo durante el fin de semana, aunque fue recibida ayer. El Comité debería resolver en un plazo de 48 horas, aunque su resolución no es vinculante para España.