Los antiguos terrenos de Repsol en Málaga son una parcela municipal de 177.000 metros cuadrados encajonada en uno de los distritos más densamente poblados del país. Un terreno, sin uso desde hace veinte años, donde el ayuntamiento prevé que vivan varios miles de malagueños más: desde hace más de una década, acaricia la idea de vender esos terrenos al mejor postor, para que se construyan allí cuatro torres de 34, 32, 30 y 28 alturas, además de dos edificios algo más bajos.
El consistorio, sin embargo, tiene una china en el zapato. La plataforma Bosque Urbano Málaga (BUM) se opone al plan municipal con uno alternativo: un gran bosque urbano que dé aire a una zona ya masificada, en expansión y con carencias de zonas verdes. Un “pulmón verde” para Málaga, que precisamente aspira a convertirse en sede de una exposición internacional bajo el lema “La Era Urbana: hacia la Ciudad Sostenible”.
Después de seis años intentándolo todo, desde la vía jurídica a la política, pasando por una consulta ciudadana, este jueves BUM obtuvo una victoria: cuando estaba a punto de resolverse la puja de los inversores, el ayuntamiento de Málaga paró la apertura de sobres con la oferta económica. El motivo es el recurso contencioso-administrativo interpuesto la semana pasada por BUM, en el que se pide la paralización cautelar de la venta pública de los terrenos. En lugar de abrir los sobres, Urbanismo informó de la situación a los licitadores, les explicó que el ayuntamiento ya ha presentado un escrito oponiéndose a la pretensión de BUM y les dijo que, por cautela, mejor esperar.
“No es una denuncia de un incumplimiento, sino una denuncia contra la ciudad de Málaga, los inversores y el modelo de ciudad, por parte de unos cuantos, que pagaremos entre todos. Estas noticias, sumar no suman”, dice Raúl López, concejal de Urbanismo, que acusa a BUM de buscar tan sólo “dilatar el procedimiento” y lamenta la supuesta imagen de inseguridad que se genera. “El proceso tiene todos los parabienes de la intervención y secretaría general. Es todo procedente y legal. Otra cosa es que guste o no lo que tenemos planificado”.
Para los miembros de la plataforma es un éxito porque han conseguido paralizar, al menos unos días, un proceso que ya parecía encarrilado. Para el ayuntamiento, un traspiés que confía en solventar cuando el juez desestime la medida cautelar. El alcalde Francisco de la Torre (PP) ha dicho esta semana que las torres evitarán más contaminación que miles de árboles, porque ahorrarían el desplazamiento de unos 2000 trabajadores al Parque Tecnológico, a las afueras de la ciudad.
En 177.000 metros cuadrados caben muchas cosas. Es algo menos que la superficie del pabellón de IFEMA de Madrid, pero algo más que el Parc del Fórum de Barcelona, y corresponde más o menos a 17 campos de fútbol. Desde hace tiempo, en Málaga se discute qué hacer con una parcela de esa extensión situada entre los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. Hace 20 años, se retiraron de allí los diez inmensos bidones de almacenamiento de hidrocarburos. Pero a diferencia de lo que ocurrió en los antiguos terrenos de Campsa, que hoy son el Parque Huelin, los antiguos terrenos de Repsol están baldíos desde entonces.
Pedro Francisco Sánchez, portavoz de BUM, recuerda que el Plan General de 1983 ya pintaba de verde la zona, y que uno de los argumentos para recabar ayuda europea para el desmantelamiento de los bidones fue su futuro uso como zona verde. Sin embargo, los planes generales posteriores modificaron la edificabilidad, y la zona verde quedó reducida a 67.000 metros cuadrados previstos en el actual PGOU, de 2011.
El plan contempla también la edificabilidad de cuatro torres para sector comercial, viviendas y equipamiento, además de dos edificios más bajos para uso comercial o de oficinas. El ayuntamiento aspira a sacar un buen rédito económico con esta operación, vendiendo parte del terreno y los derechos de edificación a cambio de un mínimo de 53 millones de euros. Allí se levantarían tres torres y una cuarta en terreno propiedad de la SAREB, destinadas a uso residencial con aparcamientos. En total, 528 viviendas nuevas, más las que proyecte la SAREB, y hasta 40.000 metros cuadrados de oficinas. Y en el resto, que abarcaría unos 65.000 metros cuadrados, un parque.
Quienes se oponen a este plan denuncian que el ayuntamiento se esté comportando como un promotor inmobiliario, en lugar de prestar atención a las necesidades de los muchos vecinos que ya viven allí. La plataforma BUM surgió en 2016 por iniciativa de dos de ellos, Javier López y Ana, que suelen pasear con sus perros por el descampado. Estaban frustrados porque no entendían el estado de abandono de los terrenos.
De ahí surgió una iniciativa de firmas en Change.org, en la que se pedía “un gran pulmón en pleno corazón de Málaga, para cambiar para siempre el perfil de una ciudad marcada por el desarrollismo”. Finalmente, se constituyó la plataforma, que difundido la propuesta y recabado apoyos de colectivos de la ciudad y de los partidos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos. También han llevado a cabo acciones de concienciación y limpieza en el lugar.
El objetivo de BUM es que se plante un gran bosque de algarrobos, encinas, pinos carrascos y demás vegetación típicamente mediterránea. Un espacio enteramente verde, con los elementos arquitectónicos imprescindibles, que permita respirar al distrito de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, la zona con mayor densidad de población de toda Andalucía, con casi 21.000 habitantes por kilómetro cuadrado, según los datos del IECA. En esta misma zona o aledañas, el ayuntamiento pretende sustituir el polígono San Rafael para levantar 2.200 viviendas y están previstas cinco torres en el barrio de La Princesa, alguna de ellas ya en ejecución.
Se trata, además, de un distrito con escasísimas zonas verdes. En el Litoral Oeste y Prolongación hay 12,60 y 11,45 árboles por cada 100 habitantes, respectivamente, según el informe Territorio y configuración de la ciudad, elaborado por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano (dependiente del ayuntamiento) en 2015. El informe Vulnerabilidad en los barrios de Málaga, elaborado también por el OMAU en mayo de 2021, cifra las zonas verdes de Cruz de Humilladero en 6,52 metros cuadrados por habitante, la segunda más baja de la ciudad. En El Palo-El Candado es de 205,44. En conjunto, el barrio tiene el índice más alto de vulnerabilidad de la capital.
“Cuando conectamos estos dos valores en juego, no son aislados: son barrios que sufren en la calidad de vida de los vecinos. Muchos estudios demuestran que vivir cerca de zonas verdes beneficia la salud física y mental, y mejora la calidad de vida”, argumenta Sánchez. El ayuntamiento tiene que ver las necesidades del territorio y cubrir las necesidades. Hay que hacer edificios, pero hay otras parcelas y tiene que haber equilibrio“.
En enero de 2016, el Pleno del ayuntamiento de Málaga llegó a aprobar someter la cuestión a una consulta ciudadana. Lo hizo por unanimidad, se constituyó una mesa de trabajo para perfilar la pregunta, pero nunca se realizó la consulta.
En estos seis años, el BUM ha insistido en su propuesta, presentando las firmas ante el ayuntamiento. También ha recurrido el certificado de descontaminación emitido por la Consejería de Medio Ambiente que, según Sánchez, nunca tuvo en cuenta sus alegaciones.
Firme en su decisión, el ayuntamiento inició el movimiento definitivo el pasado enero. Sacó a concurso las parcelas y empezó a recibir propuestas, algunas firmadas por arquitectos de gran prestigio. Por las cinco han pujado Urbania (con diseños de Toyo Ito, Bjarke Ingels y César Frías); Acciona (Ortiz y León) y Stoneweg (Rafael Moneo y José Seguí). Por la torre más alta se han interesado, también, Single Home (Abalos+Sentkiewicz) y Exxacon (Carlos Lamela).
Pero más allá de su interés en urbanizar la zona, el ayuntamiento da un motivo económico. Según sus cuentas, si el proyecto se frustrara el impacto para las arcas municipales sería de 106 millones de euros: 53 por lo que dejaría de ingresar, 33,1 para compensar a la SAREB por la pérdida de sus derechos edificatorios, 8,9 para compensar al grupo Yeregui por los derechos que tiene en el sector, y 20 millones para urbanizar el parque.
Hace un par de semanas, y después de reunir 10.000 euros en una campaña de micromecenazgo, BUM se plantó finalmente ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, alegando que el PGOU no cumpliría con los estándares mínimos de zonas verdes para Málaga. Y como medida cautelar, pidió que se paralizara el proceso para vender los terrenos de Repsol.
Para Raúl López, concejal de Urbanismo, se trata de una maniobra dilatoria que no retrasará el proceso nada más que unos días. Pero el hecho es que Urbanismo decidió posponer la apertura de los sobres económicos, según López para informar a todos los licitantes de la situación, “en aras de la seguridad jurídica”. “El plan es de 2011 y cumplíamos todas los ratios. Es francamente difícil que alguien deje sin vigencia de un plan general por ese motivo, y no tengo duda de que el juez no va a aceptar la suspensión cautelar de una venta de suelos inscritos en el registro”.
Pero la plataforma advierte que, gane o pierda el primer envite judicial, seguirá dando batalla. “La intención no es paralizar la venta y punto, sino que se modifique el PGOU para que esa pastilla se contemple como zona verde, que es lo que inicialmente se prometió. Creemos que es necesario, porque hay un enorme déficit”.
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