Si Elías Bendodo, consejero de Presidencia, terminó por enfangar políticamente el asunto de la listeriosis el pasado jueves en rueda de prensa, culpando al Ayuntamiento de Sevilla de “no haber comunicado” la existencia de dos tipos de chorizo y morcilla que distribuía la empresa Magrudis, provocando una serie de comunicados cruzados entre administraciones con acusaciones mutuas, la vía judicial no ha hecho más que iniciar su largo camino pero ya cuenta con siete denuncias y una querella que ya están investigando los juzgados de Sevilla, la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior de Andalucía.
Con todo, lo normal es que finalmente sea un solo juzgado el que aglutine la investigación sobre las supuestas irregularidades de la fabricante de los productos contaminados, al igual que finalmente es un juzgado de la Audiencia Nacional el que investiga a las clínicas de iDental de toda España o que el 'caso Fitonovo' se vaya a juzgar igualmente en sede nacional al haber varias provincias afectadas, como ocurre en el caso de la listeriosis, si bien por el momento las denuncias sólo se han tramitado en Sevilla. De esa instrucción judicial también se determinará si se gestionó de manera adecuada el establecimiento de la alerta sanitaria y alimentaria por parte de la administración. Cabe recordar que, además de las tres muertes, cinco abortos y más de 200 afectados, el brote de listeriosis ha provocado la primera gran crisis a la que se ha enfrentado el Gobierno de PP y Ciudadanos pese a que el consejero ha sacado pecho de la actuación de la Junta.
La querella
Por el momento, las vías judiciales iniciadas se centran en los afectados, por un lado, que individualmente se han dirigido a los juzgados de la capital hispalense (el de Instrucción 10 tiene dos diligencias previas abiertas por sendas denuncias individuales, según adelantó Diario de Sevilla y han confirmado a este periódico fuentes judiciales).
Por otro lado, está la petición de responsabilidades (jurídicas a la empresa y civiles subsidiarias en los casos de las administraciones y su labor de control de la seguridad alimentaria). En este punto se encuentra la querella interpuesta el 23 de agosto por Facua contra Magrudis por posible delito contra la salud pública y otros que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción contra Magrudis, sin perjuicio de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación. La asociación de consumidores, que ha solicitado ejercer la acusación particular, tiene otra línea abierta para los consumidores que quieran reclamar indemnizaciones.
No a los juzgados sino a la Fiscalía Superior, con sede en Granada, se dirigió el viernes 17 de agosto la Asociación Defensor del Paciente, que pidió, dos días después de que la Junta activase la alerta sanitaria, “una investigación de oficio y depuración de responsabilidades”. En su escrito ya criticaba la actuación de la administración andaluza por “la desidia con la que se ha transmitido esta situación a la ciudadanía”, una consideración con la que no se ha mostrado en absoluto la Junta, que ha presumido de haber actuado con “la máxima celeridad”.
Investigaciones en la Fiscalía
A esa denuncia, la primera en iniciar el camino judicial del brote de listeriosis, se le unió recientemente, en concreto el día 28, la de la Asociación Justicia por la Sanidad que preside el médico Jesús Candel, conocido como Spiriman e impulsor de protestas sanitarias, quien ha llevado también a la la Fiscalía Superior al consejero de Salud, Jesús Aguirre, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a responsables de la empresa Magrudis y del Ayuntamiento de Sevilla por el brote de listeriosis. La Fiscalía Superior ya ha informado de que ambas denuncias serán investigadas al unísono.
Las administraciones, tanto autonómica como local, por su parte, se han dirigido a la Fiscalía de Sevilla. La Consejería de Salud y Familias denunció el día 21 a la empresa Comercial Martínez León para que se investigara si comercializó carne mechada de Magrudis “reenvasando el producto”, algo que ha negado dicha empresa. Además, la Consejería denunció ante la misma Fiscalía que Magrudis fabricaba “al menos dos productos que no aparecían en los listados facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla”, lo que motivó la indignación en la Junta y el reciente enfrentamiento con el Consistorio hispalense.
Ese mismo hecho originó la denuncia del Ayuntamiento, centrada en Magrudis como presunta responsable de un delito contra la salud pública, y de la que también deberá informar la Fiscalía de Sevilla. Lo más probable es que todas las denuncias queden acumuladas en un solo juzgado que se encargue de ordenar determinadas diligencias para averiguar la responsabilidad de las empresas (Magrudis y Comercial Martínez León) y la responsabilidad de la administración en la labor inspectora y de seguridad alimentaria.