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Son tres los argumentos que el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Piñar, utiliza para denegar la libertad de Juana Rivas: que no se ha arrepentido, que persistió en su conducta, y que supondría un riesgo para los menores porque su hijo menor sufrió presuntamente abusos sexuales mientras estaba bajo el cuidado de Rivas. El auto del magistrado está, sin embargo, plagado de medias verdades y de omisiones que construyen un relato muy diferente al que arrojan muchos de los informes y documentos que constan en la causa.
“Estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación”, asegura el juez Piñar en su auto. Estos abusos que el magistrado da por hechos fueron, sin embargo, sobreseidos provisionalmente por un juzgado y descartados en un informe de la Guardia Civil de Granada, tal y como ha podido comprobar este diario en varios documentos.
En ese informe de la Guardia Civil de Granada constan, entre otras, la declaración del pediatra y de la profesora de la escuela infantil a la que acudía el niño. Ambas contradicen la argumentación hecha por Piñar y coinciden en que Juana Rivas ya había acudido al pediatra en varias ocasiones y había hecho seguimiento de la dolencia de su hijo.
Según el juez, la suspensión de la pena tras el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros no puede aplicarse y, entre otros motivos, escribe: “Cuando en el pasado uno de ellos [de sus hijos] fue víctima de un gravísimo delito estando en compañía de ella”. “Y además, según consta, fue en el colegio del menor donde tomaron la decisión de llevarlo al médico. Ni siquiera la madre es quién lo hace. Tampoco consta que denunciara ese hecho como es de esperar en una madre normal. Esa perspectiva de madre que lucha por los hijos, no tuvo un reflejo en esos hechos concretos tan graves acaecidos con uno de los menores”.
En la declaración hecha ante la Guardia Civil, la profesora del niño asegura que en varias ocasiones advirtió a Juana Rivas de que el menor se quejaba de dolores de barriga y molestias “en el culito”, “no pensando que dichas quejas tuvieran ningún otro origen que el propio a un estreñimiento o poco más”. Rivas, dice la maestra, “llevó la iniciativa en la atención a su hijo” y le comunicó a la profesora el tratamiento con pomada que le había recetado el médico así como indicaciones sobre el lavado que había que seguir con el menor.
“Que durante el tiempo que el menor se encontraba molesto, en ningún momento verbalizó ser víctima de nada e incluso mantuvo su carácter y actividad normal”, declara la profesora en el atestado.
En octubre de 2017, la Guardia Civil también toma declaración al pediatra del niño, que confirma que durante los meses anteriores Juana Rivas acudió con su hijo en varias ocasiones por molestias estomacales, dolores y estreñimiento. Esas visitas están consignadas en el expediente médico del menor. En una de esas consultas, en la que Rivas insiste en que vuelva a reconocer a su hijo porque las molestias no ceden, es cuando el pediatra observó “algo que para él no era normal” y decidió derivarlo al hospital para que lo examinaran pormenorizadamente. El médico inicia el protocolo establecido en estos casos y la policía acompaña a madre e hijo al hospital.
El pediatra señala también que la actitud de la madre fue “en todo momento colaboradora e incluso de agradecimiento” hacia su profesionalidad. Preguntado por si el menor relató en algún momento haber sufrido algún tipo de abusos asegura que no y que el menor “demostró en todo momento ante dicha exploración completa normalidad”. Las declaraciones contrastan, por tanto, con las afirmaciones hechas por el juez en su auto.
Una vez en el hospital, y con el protocolo para detectar posibles abusos, una médica forense reconoce al niño en el hospital y no descarta que pueda haberse cometido un abuso. Con ese informe, los hechos llegan al juzgado, que da vía libre para que la policía judicial los investigue. La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada instruye una investigación y concluye que no hay indicios “que indiquen la existencia de los presuntos abusos sexuales investigados”. Es ese documento en el que se incluyen las declaraciones de los profesionales que lo atendieron, así como las de la madre, la tía y la abuela del niño y numerosos partes médicos del menor.
De dónde viene el caso
Durante los primeros meses de 2017, el hijo pequeño de Juana Rivas refiere dolores y estreñimiento y acude con su madre varias veces al pediatra. En una de esas ocasiones, en abril de ese año, el pediatra observa algo que no considera normal y les deriva al hospital para que evalúen al niño. El protocolo por posible agresión sexual que se sigue en estos casos hace que una forense acuda al centro para valorar al menor. En su informe deja constancia de que no puede descartarse un posible abuso al menor, como informa Álvaro López.
Hay, además, observaciones médicas que dejan constancia de que el niño comenta que alguien le ha hecho daño pero también que él mismo se lo ha hecho introduciéndose algún objeto, algo que la propia Juana Rivas relata también a médicos y Guardia Civil. El niño, que entonces tiene tres años, aún no cuenta con un lenguaje completo y las expresiones que pronuncia son genéricas.
El fin de semana anterior el niño había pasado unos días con su madre, su hermano, tres mujeres y un hombre (familiares y amigos) en una casa rural. Las declaraciones de Rivas y su familia aseguran que sus hijos solo permanecieron a su cargo y que no se quedaron a solas con nadie más. La Fiscalía de Menores de Granada toma cartas en el asunto.
Finalmente, a comienzos de noviembre de 2017, el juzgado número 2 de instrucción de Granada, en un auto, declara el sobreseimiento provisional de las actuaciones y archiva la causa: “Se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada”. El informe de la Guardia Civil en el que se descartaban los abusos sexuales había sido remitido al juzgado solo unos días antes.
En una resolución posterior dictada el 23 de marzo de 2018 es la Audiencia Provincial de Granada la que al resolver un recurso de Juana Rivas corrige a la jueza de primera instancia y concluye que por lo visto hasta el momento “la perpetración del delito de agresión sexual no aparece suficientemente justificada”. El tribunal de Granada propone el archivo provisional de la causa alegando que no concurren tampoco “razones para descartar esa posible agresión”.
En el auto del pasado viernes, el juez Manuel Piñar no solo da por probados los abusos sino que responsabiliza de ellos a Juana Rivas, a la que acusa de desatender a los menores. Es, en palabras del juez, un “grave peligro para sus hijos”. Por eso, prosigue, se opone a que quede en libertad, a pesar del indulto parcial concedido por el Gobierno y de que Rivas cumple los requisitos para acceder a la suspensión de lo que le queda de condena. Lo hace, además, en un auto que solo dirime si la mujer puede salir libre tras ese indulto y que nada tiene que ver con la causa sobre la custodia de los niños, que se decide actualmente en Italia.