Punto final a la mayor labor pública de divulgación de la exhumación de fosas franquistas en Andalucía. Así lo ha decidido el Gobierno andaluz de PP y Cs, que no seguirá publicando los anuarios que documentan estas intervenciones, un trabajo editorial que se inició en 2015 y que no va a tener continuidad pese al compromiso inicial de la Consejería de Cultura de mantener todas las actuaciones que se venían desarrollando en materia de memoria histórica.
El anuncio lo hacía el periodista y escritor Juan Miguel Baquero, colaborador de eldiario.es y autor de unas memorias que aúnan los resultados de arqueólogos y antropólogos con las “historias de vida” que hay detrás. “Dijeron que se iba a continuar, de hecho la primera respuesta fue que el trabajo es excelente”, pero, tras muchas largas, la respuesta ha acabado por ser negativa. ¿El argumento? “Que no pueden asumirlo”, asegura Baquero que le trasladaron, lo que ha generado el rechazo de las asociaciones memorialistas, de familiares de las víctimas y de formaciones políticas como Adelante Andalucía.
Con la Junta había un “acuerdo verbal” que año a año tomaba la forma de un contrato menor para la publicación de la memoria correspondiente, que documenta unas labores de exhumación que pueden consultarse en los volúmenes de 2015 (‘Que fuera mi tierra’) y 2016-2017 (‘Las huellas en la tierra’). El siguiente trabajo iba a ser el de los años 2018-2019 pero ya no lo asumirá la Junta pese a que “presupuestariamente es muy menor”, lo que lleva a Baquero a augurar que, “si no quieren hacer eso, huele mal” la intención de futuro del Gobierno andaluz con todo lo relacionado con la memoria democrática.
“Incumplen su deber de divulgación”
Desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se alega que “la prioridad es la exhumación de fosas y la identificación genética, porque es lo que nos están reclamando los familiares que buscan a sus seres queridos”. Para Baquero, una cuestión no es incompatible con la otra, a lo que une que la Administración autonómica incumple así con su obligación (recogida en la ley) de dar a conocer estos trabajos, por no hablar de que “no se dan subvenciones para abrir fosas”, ya que estas ayudas se destinan sobre todo a labores de publicación y divulgación.
A esto se replica desde la Junta que, “en cualquier caso, la función que cumple este anuario, que es la documentación de fosas, ya se realiza por el personal de la Consejería y se publica en la página web”. La respuesta del autor es que “no hay ningún funcionario público que se dedique a esto”, son los propios equipos técnicos los que cuelgan en Internet unos informes científicos y periciales “excelentes” pero que son incomprensibles para las familias y la sociedad civil.
No obstante, la respuesta remitida por escrito por la Consejería de Cultura resulta ambigua, ya que señala que la memoria correspondiente al periodo 2018-2019 “correspondería publicarla a mediados de 2020, es imposible publicarla antes porque hay que esperar a la finalización del año natural en curso, 2019”. Eso sí, ya no se dan más detalles ante la pregunta de si esto implica que no se cierra la puerta a editar la memoria el año que viene.
“Quieren perfil bajo”
La conclusión para Baquero es que “quieren dar el perfil más bajo posible” a todo lo relacionado con memoria histórica, una cuestión contra la que no deja de batallar Vox, que es el pilar parlamentario que sostiene al Gobierno PP-Cs. En esta línea enmarcaría también que “se está poniendo en la picota a las asociaciones de memoria señalándolas como chiringuitos”, algo que por ejemplo se está haciendo al anunciar la Junta a bombo y platillo que las entidades beneficiarias de ayudas no podrán destinar más del 20% de las mismas para financiación estructural, algo que en la práctica ya es así.
En este sentido, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica denunciaba recientemente en un comunicado que el Gobierno andaluz “está ocultando” un “recorte en las ayudas al estudio, la divulgación e investigación” con medidas de este tipo. En la misma línea se ha expresado Adelante Andalucía por medio de su portavoz en la Comisión de Cultura, Ana Naranjo, quien ha criticado “el incumplimiento sistemático” de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía por parte de un Ejecutivo que intenta “desactivarla en la práctica” al no dotarla del presupuesto suficiente y con medidas como la no publicación de las memorias anuales de exhumación.