Juan Manuel Moreno está perfilando una campaña electoral con dos objetivos claros: renovar su Gobierno en Andalucía e impedir a toda costa el escenario de Castilla y León, esto es, que Vox entre en un Ejecutivo de coalición con el PP. Para ello, el presidente de la Junta apelará al voto útil en el centro y en el centro izquierda, confiado en absorber por completo a su socio actual -Ciudadanos aparece casi extinguido en todas las encuestas- pero también en arrebatar “más de 90.000 votantes al PSOE andaluz”, según los datos que manejan en San Telmo, sede del Gobierno andaluz.
Fuentes próximas a Moreno advierten de que el auge de la extrema derecha en todas las encuestas no va a condicionar la fecha electoral, que el presidente andaluz sigue sin concretar. En su equipo valoran argumentos de todo tipo para adelantar los comicios a junio -12, 19 y 26 como las fechas más probables-, pero también para convocar después del verano y agotar la legislatura, como ha manifestado el propio presidente andaluz. “Si piensas permanentemente en Vox, acabas intoxicado por Vox”, dice una persona cercana a Moreno, para argumentar que la ultraderecha puede estar crecida ahora, “pero puede estarlo más en otoño”, si la inflación sigue disparada y cunde un mayor descontento social tras las vacaciones. “Vox pesca votos cuando la gente está cabreada, no cuando está feliz”, concluyen.
Un único rival
En el equipo del presidente andaluz entienden que la gente ha interiorizado que las próximas elecciones las ganará con toda seguridad el PP -así lo vaticinan los sondeos- y que el gran reto es sacar una mayoría holgada que le permita gobernar en solitario. El último barómetro del Centra -subvencionado por la Junta de Andalucía- otorga a los populares una horquilla de 43-44 escaños, más que la suma de todas las izquierdas, pero a diez diputados de la mayoría absoluta [55].
Con un Ciudadanos casi desaparecido [dos diputados], Moreno necesitaría a Vox para formar un Ejecutivo estable. Los de Santiago Abascal, aún sin candidato oficial, se disparan de 12 a 22 diputados, un repunte con el que exigirán la misma cuota de poder que sus compañeros en Castilla y León (presidencia del Parlamento, vicepresidencia del Gobierno autonómico y tres consejerías). Es en este contexto en el que Moreno esboza una campaña electoral con un único rival -Vox-, al que tratará de neutralizar apelando al voto útil. Los populares admiten que su crecimiento por la derecha lo taponan los de Abascal, pero están convencidos de que hay más indecisos y opciones de ensanchar su base electoral en la franja del centro al centro izquierda, espacio tradicional del PSOE.
El presidente andaluz espera contar con el voto prestado de muchos socialistas desencantados con su partido y que han perdido el miedo a la derecha, pero que también quieren cerrar el paso a la extrema derecha. “Aquí dicen: Juanma va a ser presidente sí o sí, o con Vox o en solitario, y yo prefiero que gobierne en solitario a que dependa de Vox”, argumentan en San Telmo.
Elecciones tras Semana Santa
Moreno tiene desde hace meses dos opciones para convocar elecciones sobre la mesa: en junio o en octubre. Quienes están cerca de él reconocen que “aún no ha decidido” y que se tomará las vacaciones de Semana Santa para resolver el dilema. El presidente andaluz siempre defendió públicamente su intención de agotar el mandato y convocar “en otoño”, pero en las últimas horas ha empezado a recopilar argumentos para un adelanto en junio.
Es lo que le pide su consejero de Hacienda, Juan Bravo, para evitar llegar a fin de año con el Presupuesto prorrogado de 2021. Las elecciones en junio permitirían tramitar unas nuevas cuentas para 2023, más enfocadas al actual contexto económico de recesión. El Parlamento se constituiría en julio -25 días después de los comicios, según la ley- y tanto la investidura como la formación del nuevo Gobierno andaluz dependería del resultado electoral. En 2015, Susana Díaz obtuvo 43 diputados -a 12 de la mayoría absoluta- y tardó 83 días en lograr la investidura, finalmente con los votos de Ciudadanos. Bravo ha garantizado a Moreno que si el Ejecutivo está formado el 1 de septiembre hay tiempo para diseñar y aprobar los Presupuestos antes de fin de año.
Caso ERE y proyectos en cartera
El presidente de la Junta ha reconocido este jueves en la sesión de control en el Parlamento que políticamente le vendría bien esperar hasta después de verano: en el próximo Pleno, previsto para el 26 y 27 de abril, la Cámara aprobará el dictamen de la comisión de investigación de las irregularidades en la Faffe, que responsabiliza políticamente a tres ex presidentes socialistas, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Es una herramienta política potente para atizar al PSOE en campaña con la corrupción, un leit motiv de las campañas electorales del PP.
El día 5 de mayo, el Tribunal Supremo celebrará la vista de los recursos interpuestos en el caso ERE por Chaves y Griñán contra su condena por prevaricación y malversación. En San Telmo creen que el juez del caso no hará público el fallo a las puertas de unas elecciones en Andalucía -“es una regla no escrita”-, y esperar a otoño también permitiría al PP contar con este argumento contra el PSOE.
Otros argumentos contra el adelanto en junio son los proyectos más significativos iniciados por el Gobierno de Moreno que verán la luz en las próximas semanas, y que suponen un potente aval para su candidato: la inauguración de la nueva línea de Metro en Málaga, que ya está en pruebas; la inauguración del hospital militar de Sevilla, también prevista en junio; el tranvía de la Bahía de Cádiz o las obras finalizadas de la autovía de la Almanzora. “A mí me interesa cortar cintas e inaugurar cosas. Tengo que inaugurar muchas cosas que se han empezado en esta legislatura, por este Gobierno”, le ha espetado el presidente a la portavoz socialista, Ángeles Férriz.
Desde la Consejería de Turismo, que dirige el vicepresidente Juan Marín, advierten de que los datos de viajeros que vendrán a Andalucía este verano serán muy buenos, recuperando cifras anteriores a la pandemia. Los turistas europeos, sobre todo británicos, optarán por esta comunidad frente a otros competidores como Grecia o Turquía, que están más cerca del conflicto en Ucrania.
Subida de precios y obras paralizadas
Sin embargo, la guerra de Putin y la posterior crisis económica que ha disparado la inflación hasta los dos dígitos ha cambiado drásticamente la perspectiva. En los últimos días Moreno ha hablado con su equipo económico, con presidentes de entidades financieras, con el vicepresidente del Banco Central Europeo y el miércoles recibió en su despacho de San Telmo al presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La reflexión posterior que se hizo Moreno, ante un grupo de periodistas, es que unas elecciones en junio permitirían no seguir con los actuales Presupuestos prorrogados de 2021 y aprobar tras los comicios unos nuevos que permitan afrontar mejor el actual escenario económico, marcado por la subida continuada de precios.
La escalada del IPC es un argumento económico de peso. La Junta de Andalucía es la Administración que más obra pública tiene ofertada en este momento -“más que el Gobierno central”-, dicen en San Telmo. “Muchas de las obras ya adjudicadas o a punto de estarlo aumentarán su presupuesto debido al encarecimiento de las materias primas provocadas por la subida de precios que ronda el 10%”, explican estas fuentes. El Gobierno andaluz, aseguran, tendría que reajustar el coste previsto a través de modificaciones presupuestarias vía decretos, que tendrían que pasar por el Parlamento y contar con el beneplácito de los grupos de la oposición.
Sin embargo, Moreno ha anunciado este mismo jueves en el Pleno que su Ejecutivo revisará al alza los contratos ya suscritos con las empresas que trabajan para la administración andaluza en la realización de obras públicas, con idea de “compensar la subida de precios” de las materias primas. La revisión de contratos debe pasar por un Consejo de Gobierno que tendrá lugar la próxima semana.
“El Gobierno andaluz va a compensar a las empresas que trabajan con la Junta y están asumiendo el sobrecoste de las materias primas. Se trata de un severo problema que vamos a remediar con una revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obra. Vamos a compensar las pérdidas que ponían en peligro la viabilidad de esos contratos”, ha explicado Moreno, aunque sin concretar cuánto supondrá ese sobrecoste para las arcas públicas. La Junta advierte de que la inflación está poniendo en peligro la viabilidad de algunas obras y los empleos que dependen de ella, abocando al cierre a las empresas más expuestas.
El decreto que prepara la Consejería de Fomento estima que las obras públicas previstas se enfrentan a una subida de precios de entre el 12 y el 20%. Todas las consejerías reportan a Fomento sus obras en marcha o ya adjudicadas (infraestructuras, colegios, centros de salud, depuradoras de agua...), pero el departamento de Marifrán Carazo no contaba ayer aún con una memoria económica, ni previsión de gasto, ni el número de empresas y trabajadores afectados para poder dimensionar el alcance de la medida anunciada por Moreno.