No ha sido un debate del Estado de la Comunidad Autónoma Andaluza, pero como si lo fuese. Previsible. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comparecido este miércoles en sede parlamentaria para detallar la situación de la comunidad y la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19.
La defensa de “los intereses de Andalucía” ha impregnado una sesión plenaria en la que Moreno ha repasado los logros alcanzados por el Ejecutivo andaluz -conformado por el PP y Ciudadanos- en materia de salud, empleo y políticas sociales. Todo ha estado avalado por la machacona “vía andaluza” basada en la “estabilidad, transparencia y diálogo”. Esta es la apuesta del Gobierno andaluz para alcanzar los compromisos de reactivación económica y social tras la crisis sanitaria de la Covid-19.
Y para ello Moreno ha desplegado otro perfil. “Me siento andalucista. Amo profundamente a mi tierra y a España”, ha dicho para contrarrestar los reproches de Vox sobre la financiación autonómica. Porque una de las cantinelas más oídas a los miembros del Ejecutivo andaluz en estas semanas es que “si a Andalucía le va bien, a España le va bien” y para ello la reforma de este sistema es “imprescindible”.
Cambiar el modelo de la financiación autonómica es la vía que propone el Ejecutivo andaluz para garantizar un acceso “justo” a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales y, en consecuencia, evitar las “desigualdades territoriales”. La Junta calcula que el sistema actual hace perder a Andalucía 4 millones de euros al día y que a la comunidad se le adeuda desde 2009 más de 10.000 millones de euros.
El futuro de Andalucía tras la crisis sanitaria de la Covid-19 pasa, según Moreno, por una reforma para la “distribución equitativa” de los recursos económicos. Esta reivindicación no es nueva. Ya fue utilizada por Susana Díaz cuando Mariano Rajoy ocupaba el puesto en Moncloa. En 2018, bajo el anterior mandato socialista en la Junta, el Parlamento andaluz aprobó con el respaldo de todos los grupos, excepto de Ciudadanos, un dictamen de la consejería de Hacienda y Administración Pública para reformar el sistema de financiación autonómica. Esa iniciativa la lideró la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“Andalucía va a reclamar lo mismo que puedan obtener Cataluña, Madrid o País Vasco porque tenemos derecho a ser tratados con igualdad”, ha remarcado Moreno. Para abordar esta “infrafinanciación cronificada” cuenta con el apoyo de Unidas Podemos por Andalucía como ha expuesto su portavoz, Inmaculada Nieto, que coincide en que “Andalucía puede liderar la salida de la crisis”. Pero Nieto ha dejado en el aire si Génova apoyará reforma: “¿La va a votar [Pablo] Casado en el Congreso de los Diputados?”, se ha preguntado.
Esta cuestión ha sido recogida por la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz. El PSOE-A también ha hecho suya esta “demanda histórica” como ya resaltó recientemente su candidato a la Junta, Juan Espadas. Férriz ha remarcado que su grupo apoyará la reforma de la financiación autonómica “gobierne quien gobierne, como siempre ha hecho”. “El problema lo tiene usted [a Moreno] en casa”, ha apuntado en relación a que “Génova y Ayuso no están comprometidos” con la defensa de los intereses de los andaluces que el Ejecutivo andaluz.
“Este andalucismo que le ha venido de repente”, ha dicho Férriz, se ha trasladado al reparto de los fondos europeos de recuperación, los Next Generation. Moreno ha pedido “al menos el 18%” de estas ayudas provenientes de Bruselas basándose en el criterio de población ajustada y no en el Producto Interior Bruto (PIB). El presidente de la Junta no quiere que se vuelva a repetir la situación derivada del reparto de los fondos Covid del Gobierno central y por el que ha lamentado que “a Andalucía se le ha quitado un 5% de esos fondos”. Pero, como le ha recordado Nieto, el reparto de estas ayudas “no estaba vinculada a la población”. Los datos del Gobierno central apuntan a que la distribución de estos fondos para paliar los efectos de la pandemia se realizó en función de ingresos UCI, las hospitalizaciones, las pruebas PCR realizadas y la población protegida equivalente.
Moreno ha confiado en contar con el “respaldo” de los grupos parlamentarios para alcanzar un consenso por Andalucía. “Responsabilidad y altura de miras”. Pero su discurso no ha convencido a la oposición. Y tampoco a su socio prioritario, Vox. O así se ha querido desmarcar, en su primera valoración, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, que ha calificado la intervención de Moreno de “decepcionante y autocomplaciente”. Después PP y Vox han vuelto al entendimiento.
El andalucismo de Moreno no es compartido por Vox. Gavira ha afeado esta posición ya que su partido no concibe un modelo de Estado basado en las autonomías. Este ha sido el punto discordante de una intervención en la que la formación de extrema derecha no ha querido ser “injusto” con la labor del Gobierno andaluz, amén de una pandemia de por medio.
Vox ha apelado a “volver a la confianza” como se ha refrendado en el pacto de investidura y en la aprobación de tres presupuestos autonómicos en tres años. Entre las idas y las venidas, el partido de Santiago Abascal vuelve a tender la mano al PP y se olvida que Ciudadanos también forma parte del Ejecutivo. La única condición es que “no se adopten las mismas políticas de mandatos anteriores”. Vox quiere tener su lugar en la política andaluza a costa de la formación naranja. “El cambio pasa por nosotros”, ha dicho Gavira, cuya formación se ha puesto a “disposición” de Moreno. Pero le ha advertido que “no pruebe la manzana socialista porque el electorado azul pasará a ser verde”.
El presidente de la Junta de Andalucía, que no ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo con el socio prioritario, ha pedido a Vox que reivindique su papel en los acuerdos alcanzados durante esta legislatura. Asimismo ha agradecido la “estabilidad” que su partido ha aportado al Gobierno de Andalucía. De momento no hay un giro en el discurso de Moreno ante un anticipo electoral. El Ejecutivo andaluz todavía tiene que sacar adelante proyectos clave como la Ley de Tributos Cedidos, que llegará en septiembre al Parlamento andaluz, y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que será debatida en la próxima sesión plenaria. Proyectos que como un dirigente popular expresó “justifican toda una legislatura”.
Con anterioridad al debate, Juan Manuel Moreno ha realizado un discurso en el que ha presumido de invertir 2.604 millones de euros en la recuperación económica de Andalucía. A ello le ha sumado el incremento del presupuesto sanitario a un 18%, el 7% del PIB, cuando la economía andaluza sufrió un descenso del 10,3% de este indicador en 2020. También, como se ha recordado, la Junta destinó 1.971 millones de euros a políticas sociales.
El Ejecutivo andaluz ha sacado pecho por estas inversiones que se han visto beneficiadas por la relajación de las reglas fiscales motivadas por la propia pandemia. También se han podido llevar a cabo por los recursos públicos, los fondos Covid, que el Gobierno central ha fijado para que las comunidades autónomas enfrente el impacto de la pandemia.
Este contexto fiscal, además de facilitar que los presupuestos autonómicos hayan destinado cifras “históricas” en sanidad, educación y políticas sociales, ha dado lugar a los anuncios de futuras inversiones por más de 850 millones a obras para hospitales y centros de salud o de 200 millones para reforzar la Atención Primaria que ha avanzado Moreno.
En materia de educación, Moreno ha destacado la finalización del curso escolar con “el 99% de los centros libres de Covid” y donde se han contratado a 8.300 profesores, a 460 orientadores educativos y a 215 profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Esto ha supuesto, según la Junta, un desembolso de 720 millones de euros. Sin embargo, el futuro de estos refuerzos sigue en el aire para el próximo curso académico.
Además, consejería a consejería, Moreno ha anunciado la llegada de distintas propuestas al Parlamento de Andalucía en los próximos meses como la reforma de la Ley de Tributos cedidos, la Ley de Economía Circular, la Ley del Flamenco o la Ley de Participación Institucional.
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