“Mi padre falleció de cáncer con una edad parecida a la que tiene el señor Griñán. Por tanto, yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. En el ámbito personal, a una persona que tiene una enfermedad tan dura, tan grave como es el cáncer, ante una enfermedad durísima, yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán, una vez que se ha certificado que tiene cáncer, entre en la cárcel”.
Con estas palabras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha fijado su posición personal sobre un asunto que debe dirimir en los próximos días su propio partido -el PP andaluz-, personado como acusación particular en el juicio político del caso ERE, que ha condenado a Griñán y otros seis ex altos cargos de la Junta a prisión por un delito de malversación de fondos.
La dirección regional del PP-A, que preside Moreno, no ha aclarado aún su posición, pero tiene hasta el próximo lunes para responder a la Audiencia Provincial de Sevilla si considera que Griñán debe ingresar o no en prisión, tras el informe del forense que ratifica que el ex presidente padece cáncer de próstata y recomienda su no entrada en la cárcel.
La semana pasada, un informe médico forense concluyó que no es conveniente que el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán entre en la cárcel para cumplir la condena de seis años de cárcel por los ERE, debido al cáncer de próstata que padece. La Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene la última palabra, dio tres días a la Fiscalía y al PP andaluz para pronunciarse al respecto tras recibir dicho informe, que señala “la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica”.
La dirección del PP regional aún no ha remitido su escrito a la Audiencia, pero su máximo dirigente se ha mostrado este miércoles abiertamente partidario de que el ex presidente no entre en la cárcel, como ha ocurrido con el resto de condenados por malversación. Moreno, con un tono de cierta afección, ha reiterado varias veces que “personalmente no puedo estar de acuerdo con eso. Si una persona está enferma, y de una manera grave, tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión, entonces que no entre en prisión”.
El presidente andaluz ha participado esta mañana en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el Gran Hotel Miramar, en Málaga, donde le han preguntado por la situación de los condenados por el caso ERE y la reciente reforma del delito de malversación por parte del Gobierno central, que acaba de entrar en vigor. Moreno ha distinguido en su respuesta la lectura “judicial y la personal”. La primera, ha dicho, “es inapelable”. “Estamos ante el caso de corrupción más grave que ha existido en España, con cien juicios pendientes relacionados con esta causa. El caso ERE ha pasado por 16 jueces y tiene dos sentencias firmes de dos tribunales, de la Audiencia Provincial y ratificada luego por el Supremo. Esto es incontestable y no se debe discutir”, ha dicho.
“Poco compatible con la dinámica carcelaria”
El informe forense, conocido el pasado lunes, se pronunció sobre la solicitud del abogado de Griñán de suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal, artículo que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. “Aunque la sanidad penintenciaria puede hacer frente a cualquier demanda médica, lo cierto también es que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a ser sometido, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria, esto es, con la vida en prisión”, reza el documento.
“No cabe duda de que el diagnóstico de cáncer, por si mismo, en cualquier persona produce un derrumbe de su estructura psíquica y con una incertidumbre enorme respecto al tratamiento y la evolución”, advierte el informe médico, que añade que el ingreso en prisión “no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad”.
En las últimas semanas han ingresado en distintas prisiones de Andalucía los otros seis ex altos cargos de anteriores gobiernos socialistas condenados por malversación en el caso ERE. La primera fue la ex titular de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en la prisión de mujeres de Sevilla. Le siguieron los ex consejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, el ex titular de Innovación, Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús Rodríguez y el ex director de la Agencia IDEA Miguel Serrano.
Sólo dos condenados por malversación han eludido, por ahora, la entrada en prisión: Griñán y el ex consejero Agustín Barberá, también afectado de una dolencia grave y a espera de un reconocimiento médico posterior.