El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig, han sellado este martes una “alianza” común para reclamar al Gobierno central un nuevo modelo de financiación autonómica, que corrija los problemas de infrafinanciación que, denuncian ambos, vienen sufriendo sus territorios desde hace una década. Andalucía y la Comunidad Valenciana suman 13,3 millones de habitantes, casi un tercio de la población española, y representan la tercera y cuarta economía del país.
La Junta andaluza reclama una deuda imputable a sus problemas estructurales de infrafinanciación de 8.200 millones de euros entre 2009 y 2019 (primer año de vigencia del actual modelo de reparto) -casi 10.000 millones si incluyen el periodo 2020-2021 y el “déficit” en los fondos Covid-; mientras que Valencia cifra su deuda achacable al sistema en 23.450 millones de euros. El Consell hace el cálculo desde 2002, año en vigor del primer sistema de financiación, “que ya nos colocaba muy por debajo del resto de comunidades”, explican fuentes del Ejecutivo valenciano. La reunión ha tenido lugar en San Telmo, se ha prolongado dos horas, y la comparecencia conjunta posterior ha convocado a más de una veintena de medios de comunicación, muchos de ellos venidos directamente desde Valencia.
Moreno ha reiterado que, con el actual modelo, “cada andaluz recibe 110 euros menos del Estado que el resto, pero en el caso de los valencianos es peor: 200 euros menos”. “Hoy no establecemos ningún frente entre nuestros territorios, sino una alianza para reclamar suficiencia financiera en el conjunto del Estado y equidad entre regiones”, dice Puig. Sin mencionarla en ningún momento, y con constantes llamadas de advertencia para evitar el frentismo contra el Gobierno central, quedó meridianamente claro que la interlocutora directa de ambos mandatarios era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien han presionado para que “busque una solución transitoria y otra estructural” y para que “meta este asunto ya en la agenda política”. La suma de voces de dos comunidades tan fuertes, además gobernadas por dos partidos enfrentados en la arena política nacional, también ejerce de contrapeso a la amplia influencia de Cataluña y de los partidos independentistas que la gobierna en la agenda del presidente Pedro Sánchez.
Aunque han rehuido la crítica directa, finalmente tanto Moreno como Puig cuestionaron la eficacia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a las comunidades con la ministra de Hacienda para abordar temas de financiación autonómica. Ambos apostaron por reformar el órgano, por adaptarlo más al modelo alemán -“hacen falta órganos más federalistas”, digo Puig, “más Conferencias de Presidentes, conferencias sectoriales y una reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara territorial” [previa reforma constitucional]. “Hay que repensar la fórmula de trabajar para que el Consejo de Política Fiscal sea un instrumento útil, que tome decisiones ágiles”, subrayó Moreno.
Con el modelo actual de financiación, caduco desde 2014, el desequilibro en el reparto de fondos estatales entre comunidades autónomas es especialmente lesivo para Andalucía y Comunidad Valenciana, algo que reconoce la propia ministra Montero, desde que gestionaba las cuentas autonómicas en el Gobierno andaluz. Este complejo asunto tiene que ver con los recursos que reciben las autonomías del Estado para costear los servicios públicos en sus territorios, pero también habla de cómo y cuánto tributan las regiones, y a largo plazo es un debate que apuntará necesariamente a una reforma constitucional y del modelo territorial.
Montero ya ha anunciado que en noviembre presentará un documento que sirva de base para el nuevo modelo de financiación autonómica -fruto del grupo de trabajo de expertos-, pero hasta que éste logre el consenso general y se apruebe, los presidentes andaluz y valenciano proponen crear un “fondo transitorio de compensación” que acote el déficit de recursos públicos que reciben del Estado. Andalucía, Valencia y Murcia serían las regiones beneficiarias de ese fondo, que el líder andaluz ha cifrado en 1.700 millones de euros. Esta fórmula ya fue planteada por algunas comunidades en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra se avino a estudiarla, pero otras regiones, principalmente Madrid, gobernada por el PP, puso reparos.
En el conjunto del sistema la carencia es de 16.000 millones de euros más para las comunidades, la misma cifra que validó el Parlamento andaluz, hace tres años, cuando elevó al entonces Gobierno de Mariano Rajoy una propuesta de reforma diseñada por la propia Montero -siendo consejera andaluza de Hacienda-, consensuada por tres partidos de izquierdas -PSOE, Podemos e IU- y finalmente respaldada por Moreno Bonilla. El hoy presidente de la Junta cubría entonces el hueco de líder de la oposición, con poquísimos visos de llegar donde ahora está, y aquel alineamiento con el Gobierno socialista de Susana Díaz para reclamar más a Rajoy más fondos para Andalucía constituye hoy un potente instrumento de legitimidad para esgrimir las mismas reivindicaciones ante Sánchez y Montero.
Moreno y Puig son barones territoriales de partidos rivales –PP y PSOE-, pero han iniciado una alianza estratégica al margen de sus formaciones políticas porque les une el mismo problema de financiación para sostener sus servicios públicos. La primera reunión en San Telmo, que se ha prolongado dos horas, sienta las bases de un frente común de dos territorios que suman 13,3 millones de personas. Su reivindicación conjunta se escuchará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro que reúne a las comunidades con la ministra de Hacienda, que tiene el cometido de consensuar un nuevo modelo de reparto de fondos interterritorial que contente a todas las regiones.
En este difícil debate, las circunstancias particulares de cada territorio se superponen a las diferencias de partido, de ahí que el frente valenciano-andaluz (PP-PSOE) no sea el único que va a escuchar Montero. Otras comunidades, como Asturias, Aragón (PSOE) y Galicia y Castilla y León (PP) también han pactado un frente común para reclamar un reparto de fondos acorde a las necesidades específicas que comparten sus territorios (despoblación, envejecimiento...)
En el sur y en el levante español, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman un criterio contrario para mejorar el reparto de fondos, esto es, que tenga más peso el mayor número de habitantes. Este eje valenciano-andaluz ya se forjó a final de la pasada legislatura, cuando los consejeros de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, y Vicent Soler, acordaron pedir juntos al Estado un fondo extra de 16.000 millones a la partida que reciben las comunidades -como punto de partida al nuevo modelo- y se sugirió la condonación o reestructuración de la deuda generada por la infrafinanciación, una reclamación de Valencia y de Cataluña (en el marco de un acuerdo global).
La puesta en escena del tándem Moreno-Puig dejó un sabor agridulce en el PSOE andaluz, líder de la oposición, que invitó por la tarde al presidente valenciano a un acto junto a Juan Espadas, buscando hacerse un hueco en la alianza de Andalucía y Valencia. Los socialistas, todavía en la Junta en 2018, fueron quienes impulsaron la primera propuesta autonómica de reforma del modelo de financiación que se elevó al Ministerio de Hacienda, entonces en manos de Cristóbal Montoro. El Parlamento andaluz refrendó esa propuesta por amplísima mayoría -100 diputados de 109-, cuatro de cinco partidos, incluido el PP de Moreno. También se pedían 16.000 millones de euros más para las comunidades, de los que 4.000 vendrían a Andalucía, y se planteaba una mayor participación de las autonomías en impuestos estatales, como el IVA, que les permitiría pasar a recaudar del 50% actual al 70%.
Espadas recordó, junto a Puig, que la iniciativa que este martes cristalizó en San Telmo partió del PSOE. Incluso los contactos previos con el Gobierno valenciano, buscando sumar fuerzas entre las comunidades peor financiadas, las pilotó el último Ejecutivo de Díaz, cuando aún no estaba del todo formado el gabinete de Puig. Hasta ahí llegó la reivindicación del nuevo líder socialista andaluz, que fue reconocida y aplaudida por su compañero de partido. Pero Espadas necesitaba trascender esa estrategia construida por el presidente andaluz, y en su discurso deslizó una relectura que contradice las palabras de Puig. Éste insistió en que la alianza de territorios es apartidista, que no hay ni debe haber siglas.
Espadas, en cambio, reclamó una mayor implicación de los dos grandes partidos PP-PSOE, que salga del Congreso, donde debe aprobarse el nuevo modelo de financiación, y que implique una transformación no sólo del reparto de fondos del Estado a las comunidades, sino de “una mayor corresponsabilidad fiscal”. Hablar de financiación sin tocar la cuestión fiscal es, dicen los socialistas andaluces, “hacerse trampas al solitario”.
De ahí, el secretario general del PSOE andaluz extrajo la idea de citarse con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el líder valenciano acusa de competencia desleal con el resto de regiones, porque la renta per cápita de su comunidad y la recaudación de impuestos estatales le permite prescindir de todos los gravámenes autonómicos. Algo que los gobiernos de Andalucía y Valencia, aun teniendo políticas tributarias diametralmente opuestas, no se pueden permitir en este momento.