MAREA BLANCA
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha resucitado este lunes el diálogo directo con los sindicatos UGT y CCOO, nueve meses después de la última mesa de negociación con los agentes sociales, más de cien días después de formarse su nuevo Gobierno, con el Presupuesto para 2023 ya configurado y en tramitación parlamentaria...y cinco días antes de la manifestación convocada por la Marea Blanca para denunciar el deterioro de la sanidad pública andaluza.
Todas las alarmas se han encendido en el Palacio de San Telmo ante la movilización del próximo sábado 26 de noviembre, que tendrá lugar en Sevilla, frente a la sede de la Junta, pero también en otras provincias, como Granada. Con la reunión de este lunes, Moreno trata de tender puentes con los agentes sociales, en especial los sindicatos convocantes de la protesta, y de amortiguar el “efecto contagio” de la masiva protesta sanitaria que reunió a 200.000 personas en las calles de Madrid el pasado 13 de noviembre.
Esa imagen de descontento social y cabreo con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la oposición de izquierdas al Ejecutivo de Moreno quiere importar a Andalucía. El PSOE acusa al presidente de la Junta de esbozar una “hoja de ruta” para emular el modelo sanitario de Madrid, que lleva tres décadas gobernada por el PP, y denuncia que hay 800.000 andaluces en lista de espera para una operación, un aumento de pacientes derivados a clínicas privadas y 12.000 contratos de sanitarios que expiran el mes que viene, sin que tengan garantizada su renovación.
El gabinete de crisis en la Junta se ha movido en dos direcciones: el viernes se convocó de urgencia a los sindicatos y a la patronal a una reunión de la mesa de diálogo social, que no se celebraba desde el 31 de enero de 2022. En principio se les planteó una “reunión técnica”, pero la Junta confirmó la presencia del presidente este mismo lunes, horas antes de celebrarse un encuentro al que sólo se ha convocado a “los medios gráficos” y no se han admitido preguntas a los asistentes.
El objetivo, según el comunicado difundido por San Telmo, era “firmar un tercer acuerdo que se sumaría a los ya adoptados hasta el momento como el Acuerdo Marco Alianza por Andalucía o el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Recuperación”. Nuria López, líder de CCOO, se ha quejado del “poco margen para negociar propuestas” que les ha dado el presidente, habida cuenta que la reunión se produce “cuando el Presupuesto del año que viene ya está confeccionado”.
Fuentes de CCOO y UGT aseguran que la Junta llevaba postergando esta cita desde septiembre, cuando estaba prevista la reunión con el presidente por el arranque de la legislatura. Los dos sindicatos todavía no han logrado entrevistarse con todos los consejeros del nuevo Gobierno, vienen denunciando la “muerte del diálogo social” desde hace meses, y sus críticas al proyecto de Presupuestos andaluces para 2023 evidenciaron ese distanciamiento la semana pasada.
Ambas organizaciones, miembros de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública (uno de los convocantes de la protesta), creen que el encuentro de este lunes con el presidente buscaba, sobre todo, “visibilizar que hay diálogo” con los sindicatos ante la amenaza de otra protesta masiva de los sanitarios en Andalucía.
Desde la última mesa de diálogo social, el 31 de enero de 2022, ha habido unas elecciones, un Gobierno del PP con mayoría absoluta, una reforma fiscal a la baja -con supresión del impuesto sobre Patrimonio para las rentas más altas-, una crisis energética, una escalada inflacionista agudizada por la guerra en Ucrania y cuatro meses consecutivos de subidas del paro, que ronda el 19%. “Ha habido muchas oportunidades para recabar nuestras propuestas y nos llaman cuando las suyas ya están en el Parlamento y son claramente insuficientes”, advierten fuentes sindicales.
Desde San Telmo admiten la “preocupación” por ese efecto “contagio” de las movilizaciones sanitarias que han puesto en apuros a la presidenta madrileña, y defienden su apuesta por el diálogo. “Moreno no ha retado a los sanitarios, como hizo Díaz Ayuso. Él busca tender puentes y apagar fuegos”, dice una fuente próxima al presidente andaluz.
En paralelo a la vía de diálogo, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha desplegado otra estrategia este mismo lunes: la de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sanz ha pasado de puntillas sobre “las razones de las movilizaciones de la sanidad andaluza” y ha reclamado al Ministerio de Sanidad que convoque de forma “extraordinaria” un Consejo Interterritorial de Salud para abordar el problema “estructural” de la falta de médicos en España.
La Junta, en línea con el argumentario del PP nacional, denuncia la necesidad de “ampliar las plazas del MIR” para futuros facultativos en prácticas y subraya que “Andalucía necesita mil plazas más de MIR”. Los populares andaluces llevan esta misma reclamación al Pleno del Parlamento esta semana, recogida en una proposición no de ley que les servirá para pasar de la defensiva al contraataque.
El déficit del personal sanitario, la edad media de la plantilla -próxima a la jubilación y, por tanto, sin obligación de cubrir las guardias- es una de las razones detrás de las pancartas de la Marea Blanca, no sólo en Madrid, también en Andalucía, en Cantabria o en Comunidad Valenciana, donde hay convocadas movilizaciones en los próximos días. Faltan médicos y van a faltar más.
El Ejecutivo de Moreno apunta a “daños estructurales” del sistema sanitario de su comunidad, pero dice que son homologables a los de otros territorios, y esquiva el golpe de las protestas del sábado apuntando hacia el PSOE andaluz -al que culpa de “una herencia” de 37 años de gobiernos- y hacia el Gobierno central, al que le exige una respuesta global.
Para la coalición de izquierdas Por Andalucía, la ampliación de las plazas de MIR es una “mala excusa”. Su portavoz, Inmaculada Nieto, también defenderá el jueves en el Pleno una proposición no de ley para exigir a la Junta que garantice la atención sanitaria “con fondos propios”.
En el texto se menciona la “paradoja” de que la Administración andaluza “achaque la falta de médicos en Andalucía a la falta de plazas MIR”, mientras el Presupuesto Autonómico para 2023 prevé un aumento considerable en el número de derivaciones de pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas de hospitales públicos a privados. Esto, dicen, no permitirá mantener el “volumen adecuado de actos clínicos” en hospitales públicos para que los estudiantes de MIR “se conviertan en especialistas”.
Estos días, ante la creciente ola de apoyos que está sumando la convocatoria de Marea Blanca, la Junta contesta que el presupuesto de sanidad previsto para 2023 es el “más voluminoso de la historia autonómica”: 13.800 millones de euros, un 11,7% más que el actual (1.350 millones más).
Sin embargo, la oposición de izquierdas ha cargado duramente contra los números de este departamento, consciente de que los déficit de la atención primaria siguen estando en el ojo del huracán de la opinión pública. La propia Junta maneja en el proyecto de ley datos que confirman un 25% más de derivaciones de pacientes a clínicas privadas previstas para el próximo año: de 195.745 pacientes atendidos en hospitales concertados en 2022 a 245.000 previstos para 2023.
El documento también registra un incremento de las intervenciones quirúrgicas derivadas a centros hospitalarios privados: de 82.214 este año a 127.782 previstos en el próximo ejercicio, es decir, un 55% más. En cuanto a los diagnósticos a pacientes, fueron 202.217 los derivados este año y serán 486.001 los programados en 2023. La portavoz de Por Andalucía es quien ha explotado estos números en su cara a cara con Moreno en el Parlamento, mientras el departamento de Catalina García habla de “una reducción presupuestaria del 11,37% en los conciertos con hospitales privados”.
El PSOE, entretanto, se ha centrado en los 12.000 sanitarios contratados de refuerzo durante la pandemia, que fueron renovados para este año, y cuyo contrato expira el próximo 31 de diciembre. Los socialistas denuncian que en el capítulo de personal de la Consejería de Salud no está consignado el gasto de las nóminas de esos 12.000 sanitarios “para los próximos 12 meses de 2023”. “No salen las cuentas”, avisa Espadas. Desde el departamento de García aseguran que sus nóminas están incluidas en el capítulo uno, aunque admiten que el periodo de contratación todavía no está cerrado.
El presidente Moreno estuvo la semana pasada tres días en la Cumbre del Clima de Egipto. Allí se enteró de que más sindicatos se unían a la protesta de Marea Blanca, que los grupos de izquierdas respaldaban sus reivindicaciones y que el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, anunciaba su presencia y la de su partido en la manifestación del sábado, tras denunciar que el proyecto de Presupuestos andaluces para 2023 son “la antesala de la crisis sanitaria que está viviendo Madrid”.
El jueves pasado, PSOE y Por Andalucía registraron en el Parlamento sus enmiendas a la totalidad, que se debatirán este miércoles en el pleno. Espadas ha querido asumir el protagonismo de ese debate, consciente de que la enmienda se estrellará contra la mayoría absoluta del PP, pero que podría servir para tensionar al Gobierno de Moreno a las puertas de la movilización sanitaria. El líder socialista defenderá él mismo la posición de su grupo en el debate presupuestario y ha retado al presidente andaluz para que haga lo propio, en sustitución de su consejera de Hacienda, Carolina España.
24 horas después, el Ejecutivo de Moreno telefoneó a los sindicatos y a la patronal para convocarles a la mesa de diálogo social este lunes en San Telmo. En el encuentro han estado Moreno, Sanz, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, las líderes de UGT y CCOO -Carmen Castilla y Nuria López- y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.
La reunión se ha prolongado dos horas, y luego cada protagonista ha emitido un comunicado por separado. Castilla y López han reclamado que los 12.000 contratos temporales de sanitarios se hagan “estructurales”. La líder de UGT ha pedido un “refuerzo extra” en el gasto sanitario, y la dirigente de CCOO ha subrayado que cualquier acuerdo con el Gobierno andaluz debe pasar necesariamente por este compromiso. “La sanidad pública está muy tensionada, al límite, y con la atención primaria bajo mínimos”, dice López.
En 2017, el proyecto de fusión de dos hospitales de Granada sacó a la calle a 50.000 personas en una de las muchas manifestaciones contra la gestión de la sanidad pública del entonces Gobierno socialista. Fue la chispa, que luego mutó en una ola de protestas por el deterioro del sistema en distintas provincias andaluzas. Aquellas movilizaciones provocaron la caída del consejero de Salud y todo su equipo, evidenciaron que el PSOE andaluz había perdido la pulsión de la calle, la capacidad de prever un incendio social como aquel. Un año después fue expulsado del Gobierno autonómico en las elecciones de 2018, después de 37 años en el poder.
En el entorno del presidente Moreno, hay quien percibe el mismo riesgo de que la crisis endémica de la sanidad pública, más agrietada tras la pandemia de Covid, conecte con aquel descontento social que fue mortal para los socialistas.
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