El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha salido este jueves del Parlamento con pasos de baile y una sonrisa de oreja a oreja. Acababa de plantar cara a todos los portavoces de la oposición que, sin distinción, le atacaron desde la izquierda y desde la ultraderecha por el mismo frente: cuestionando la reforma fiscal que ha puesto patas arriba la política nacional, y que el Parlamento andaluz convalidó 24 horas antes con los votos de PP y Vox.
Mientras Moreno se defendía de las críticas del líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba otra reforma fiscal con bajada de impuestos a las rentas de hasta 21.000 euros y una subida de tasas a las grandes fortunas. Una fórmula distinta a la andaluza -“más progresiva y justa”, dicen en el Ministerio-, pero que Moreno y toda la cúpula del PP entienden como una “reacción desesperada” al órdago andaluz y, por tanto, una victoria del marco mental impuesto por ellos. “Han copiado al PP. Han rectificado y han reconocido que era el momento de dejar dinero en el bolsillo del ciudadano”, ha resumido el vicesecretario económico de los populares y diputado andaluz, Juan Bravo, en los pasillos de la Cámara.
Han pasado casi dos semanas y el debate tributario sigue acaparando la agenda política nacional. En este tiempo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido a rebufo del PP, los populares han avanzado como un pelotón uniforme, mientras los socialistas exhibían una falta de coordinación interna. La batalla fiscal la empezó Moreno, mirando a Madrid y Cataluña, y la han continuado los líderes regionales del PSOE que se juegan la reelección en las autonómicas de mayo. “Si tienen que elegir entre su partido y seguir en el poder, eligen lo segundo”, ironizan desde el Palacio de San Telmo, se de la Junta.
Para abundar en la sonrisa de satisfacción del presidente andaluz, además, el Govern catalán se había partido unas horas antes de la sesión de control de este jueves, cuando el president Pere Aragonés (ERC) expulsó a su número dos, el vicepresident Jordi Puigneró (Junts), empujando a Catalunya hacia una situación de incertidumbre epolítica. “Si Cataluña sigue suicidándose, Andalucía tiene una oportunidad de oro” para captar las rentas de sus empresarios inquietos por sus negocios, dice una fuente próxima al presidente andaluz.
La “estrella” de la reforma fiscal de la Junta es la supresión del impuesto sobre Patrimonio, un tributo que paga el 0,6% de los contribuyentes andaluces -unas 20.000 personas con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros- y que apenas suponen 120 millones de ingresos al año. Moreno está dispuesto a renunciar a esa partida a cambio de atraer a empresarios catalanes, madrileños y extranjeros para que trasladen su domicilio fiscal a Andalucía. “Por ahora tenemos más declarantes venidos de Madrid que de Cataluña”, advierten desde la Consejería de Hacienda.
Pero apuntar el tiro hacia una comunidad gobernada por independentistas es más rentable políticamente que librar el dumping fiscal contra Madrid, donde gobierna su compañera y referente del PP más duro, Isabel Díaz Ayuso. Moreno visitará Barcelona en noviembre, invitado por el Círculo de Empresarios, a un acto en el que ya está todo el aforo comprometido. El andaluz ha hecho un llamamiento público a los empresarios catalanes para que muden su domicilio fiscal a Andalucía, donde “no hay impuesto de Sucesiones y Donaciones ni de Patrimonio”, y pronto abrirá una oficina en la capital catalana para captar esas rentas “una a una”.
Una encuesta favorable
La Junta de Andalucía había encargado una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre una “bajada masiva de impuestos” en un contexto de inflación disparada y escalada de precios de la luz, el combustible y los alimentos, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico.
La reforma fiscal que anunció el presidente andaluz en Madrid hace dos semanas aparecía esbozada en las páginas 36 y 37 del programa electoral de los populares. Se hablaba ahí de “bajada progresiva del impuesto sobre el Patrimonio hasta conseguir la definitiva eliminación”, pero Moreno optó por suprimirlo de un plumazo cuatro meses después de ganar las elecciones con mayoría absoluta. “Me han votado para hacer esto”, ha recordado hoy en la Cámara.
Una fuente próxima al presidente andaluz asegura que la presentación y puesta en escena de esta medida, en Madrid ante la cúpula del PP y un nutrido público de empresarios, estuvo “absolutamente medida”. “No se toman ni se anuncian decisiones así sin medirlas bien”, advierte. Moreno tenía el aval de los técnicos de la Consejería de Hacienda, de su equipo económico y de una encuesta que le decía que los andaluces, castigados por la subida de precios, iban a “entender bien” el mensaje de la bajada de impuestos.
Aunque el 98% de los contribuyentes de Andalucía no tribute por Patrimonio (se exige una renta neta de 700.000 euros al año y una vivienda exenta de 300.000 euros), la Junta ha complementado esta rebaja con una deflactación del IRPF para las rentas inferiores a 35.200 euros.
El presidente andaluz decidió “experimentar” con el impuesto sobre Patrimonio, que ya había eliminado la Comunidad de Madrid, porque su impacto en las arcas públicas era muy residual: un 0,6% de ingresos, en torno a 120 millones de euros en 2021 (del bolsillo de unos 20.000 andaluces con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros). El riesgo de acelerar la supresión de esta tasa para la recaudación de la Junta de Andalucía era moderado, en comparación con la caída de ingresos que supone para Madrid: en torno a los mil millones de euros, dado el mayor número de declarantes con rentas altas.
100.000 residentes extranjeros sin tributar
La eliminación del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, dicen en San Telmo, está estrechamente relacionada con la realidad del territorio: es una comunidad con casi mil kilómetros de costa, destino vacacional de grandes fortunas de España, pero también un espacio donde se ha consolidado el teletrabajo de altos ejecutivos del país por un medio de cuatro a seis meses.
El Ejecutivo andaluz contabiliza alrededor de 100.000 residentes extranjeros en la comunidad, sobre todo en la provincia de Málaga y Cádiz. Personas de un alto poder adquisitivo que “no fijan su domicilio fiscal aquí por culpa del impuesto sobre el Patrimonio”. En San Telmo están convencidos de que eliminar esa tasa les hará cambiar de opinión y su mudanza fiscal devolverá con creces la recaudación perdida por la vía del IRPF (en torno a 7.500 contribuyentes nuevos se necesitan para compensar los 95 millones de euros que se dejará de recaudar al año por Patrimonio).
El modelo fiscal andaluz es liberalismo ortodoxo: una ecuación que relaciona la bajada de impuestos con el aumento del consumo y la reactivación económica. El PSOE-A dice que eso es “economía por goteo” basada en la alegoría del caballo y el gorrión: engordar más la bolsa de los ricos para que algo gotee a los de abajo, alimentar al caballo y esperar que las migajas le caigan al gorrión. Se necesita un año, al menos, para comprobar si la predicción de la Junta se cumple, es decir, si la bajada de impuestos se traduce en un aumento de contribuyentes y por tanto de recaudación.
Hasta entonces, Moreno exhibe con orgullo el “efecto reputacional” que cree haber logrado para Andalucía, colocándola en “todos los periódicos salmón -especializados en economía-, en las confederaciones de empresarios, en la agenda del Gobierno y del resto de comunidades.
Romper el status quo andaluz
El presidente de la Junta ha aplaudido hoy las medidas de Montero, pero le reprocha que haya reaccionado con una “contrareforma fiscal” al paquete de propuestas de Andalucía, y no cuando Euskadi, Cataluña o Madrid lanzan sus propuestas fiscales. “¿Por qué contra Andalucía? ¿Se supone que debemos ser periféricos, pobres, un sitio donde venir a descansar o a bailar la Feria? Hemos roto el status quo y el imaginario colectivo sobre Andalucía”, aseguran en el entorno de Moreno.
Juan Espadas le ha afeado al presidente andaluz su discurso “triunfalista”. “¿Por esto quiere ser usted popular? ¿Por ser más voraz fiscalmente que Díaz Ayuso”, le ha preguntado durante la sesión de control, tras recordarle que estando en la oposición firmó en el Parlamento una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica crítica con el dumping fiscal de Madrid. “Usted ha demostrado ser de derechas y muy de derechas. Regala 5.500 euros a 20.000 personas que no necesitan ese dinero ni se lo han pedido”, ha asegurado.
Pero Moreno se ha reafirmado en todos sus postulados. Durante la sesión de control ha tenido lugar un hecho inusual: el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha citado a la portavoz de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inma Nieto, suscribiendo sus críticas a la reforma fiscal, a pesar de que la ultraderecha había votado a favor unas horas antes. Los de Santiago Abascal han calificado la bajada de impuestos de “ridícula y tomadura de pelo”, pero acto seguido la han apoyado. Luego Espadas ha citado al portavoz de Vox y sus críticas a la reforma fiscal de Moreno.
El presidente andaluz, divertido en su asiento, ha dibujado puentes en el aire entre la bancada del PSOE y la de Vox. El Gobierno de Moreno tiene una mayoría absoluta holgada -58 diputados- que empequeñece el margen de maniobra de la oposición. En San Telmo creen que sus oponentes pelearán entre sí por el papel de rival principal del presidente andaluz, dando lugar a una “convergencia” entre el discurso de las izquierdas y la ultraderecha.
Las últimas 48 horas del Pleno en el Parlamento andaluz han estado capitalizadas por el debate fiscal. Todo apunta a que seguirá muy vivo las próximas semanas, porque en 30 días la Junta debe aprobar el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2023. Moreno ya avanzado que serán expansivos -45.000 millones de euros; 5.000 millones más que el actual-, pero sobre todo, ha confirmado que su intención es seguir exigiendo al Gobierno central el dinero “que le corresponde a Andalucía”.
“Lo mismo que está haciendo el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig”, que ha dibujado en su proyecto presupuestario una partida fantasma con el dinero por “infrafinanciación” que reclama desde hace meses a Montero. Andalucía está también en esa estrategia. Entretanto, el sistema de financiación autonómica, caduco desde 2013, sigue crispando los ánimos de casi todas las comunidades. El Gobierno no ha dado prioridad a esa reforma en esta legislatura y ahora participa en la carrera fiscal con el resto de comunidades y con el horizonte de las elecciones autonómicas y generales del año que viene.