El nuevo decreto ley que la Junta de Andalucía aprobó “a contrarreloj” hace apenas dos semanas para que los VTC pudieran seguir operando en las ciudades andaluzas continúa despertando malestar entre los sectores implicados. Taxistas, organizaciones en defensa de los consumidores como Facua y, ahora también la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se han manifestado en contra de las medidas recogidas en la normativa por no contemplar en el texto final las propuestas que cada uno de ellos trasladaron directamente a los dirigentes andaluces en las reuniones previas a su entrada en vigor.
En este sentido, el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recriminado al Ejecutivo andaluz que la institución que representa “no haya conocido el borrador del Decreto antes de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno”, pues ello ha provocado, según Villalobos que la regulación en cuestión “se haya aprobado” y vaya a convalidarse en el Pleno del Parlamento que se celebra esta semana “sin el concurso ni la opinión de los ayuntamientos andaluces”.
Máxime si se tiene en cuenta que el nuevo decreto ley cede competencias a las entidades municipales para convertirlas en “vigilantes de la aplicación de la ley”. Así lo manifestó en rueda de prensa la titular andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, quien demandó la “colaboración” de los ayuntamientos, asegurando que esta medida contaba con el visto favorable de la Federación.
“De espaldas” a las corporaciones locales
Sin embargo, Rodríguez Villalobos ha manifestado que “no es de recibo que los ayuntamientos asuman más competencias y funciones sin que estas vengan acompañadas de los recursos económicos necesarios para poder prestar un servicio de calidad”, aun tratándose de “competencias que, además, son difícilmente ejecutables”, como ha apuntado el presidente de los municipios andaluces. En este punto, estima que “la potestad sancionadora la asuman los ayuntamientos y que la Policía Local lleve a cabo el control del cumplimiento de las distancias, supone un coste extra para las arcas municipales”.
Por ello, desde el municipalismo afean a la Junta que la nueva norma no haya “pasado por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales”, esto es, “el órgano en el que se recoge la posición municipalista en todos aquellos proyectos normativos que afectan a las competencias locales”. De manera que el resultado final es un decreto convalidado “de espaldas” a las corporaciones locales andaluzas que, además, no atiende ni incluye “ninguna de las aportaciones que la FAMP planteó en la reunión celebrada en la víspera de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno”, según denuncia su presidente.
De ahí que el representante de los municipios y provincias andaluces haya sugerido “acordar la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley, de forma que se pueda mejorar la norma, atendiendo las demandas y reivindicaciones de los ayuntamientos y teniendo en cuenta que esta es una materia que afecta de forma importante a las competencias locales”.
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