La Mesa del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la expulsión de nueve de los 17 miembros de Adelante Andalucía, incluida su presidenta, Teresa Rodríguez, que pasan a ser diputados no adscritos, pierden gran parte de sus derechos de representación en la Cámara y la financiación que percibían como grupo, excepto sus sueldos. El órgano rector de la Cámara asume, por tanto, la acusación de transfuguismo que presentó la actual dirección de Podemos Andalucía contra sus antiguos dirigentes -ahora bajo el paraguas de Anticapitalistas-, y que fue cursada a sus espaldas por IU, el otro socio cofundador de Adelante.
Lo que acaba de suceder en el Parlamento andaluz no tiene precedentes en la historia autonómica: el liderazgo de Teresa Rodríguez al frente de la confluencia que ella misma fundó hace dos años ha sido neutralizado por una alianza anti natura de partidos hermanos -Podemos e IU- con partidos rivales: PSOE, Ciudadanos y Vox. Los socios de la confluencia de izquierdas han trasladado sus diferencias internas al máximo órgano de decisión del Parlamento, incluida la participación de los servicios jurídicos, por medio de una compleja operación que redefine y amplía el concepto de “tránsfuga” para ajustarlo como un calcetín a la salida voluntaria de Rodríguez de Podemos, hace ahora ocho meses.
La gaditana y su círculo más próximo llevaba meses empujando el proyecto de Adelante Andalucía hacia posiciones pseudo nacionalistas, abiertamente enfrentadas al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y sin el consenso de sus socios de IU. Para frenar esta deriva y neutralizar de una vez por todas el hiperliderazgo de Teresa Rodríguez, la coalición de izquierdas y la nueva dirección de Podemos Andalucía -promocionada por Iglesias- han pagado un precio elevadísimo: negociar con sus rivales del PSOE, PP y Ciudadanos, y tomar prestados los votos de la extrema derecha de Vox para expulsarla del grupo, a costa de dejar una fuerza política de 17 diputados con seis (los de IU), con la consiguiente pérdida de capacidad legislativa, de control al Gobierno de derechas y con una severa disminución de sus asignación presupuestaria.
Ni los socialistas ni las derechas han perdido la oportunidad de contribuir a la fragmentación de la confluencia de izquierdas. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Aunque parte de la operación se ha gestado en Madrid, con actores nacionales y en el marco del Pacto Antitransfuguismo, la clave de todo es IU. La federación andaluza de izquierdas, la de mayor arraigo territorial del país, fue decisiva para decantar a favor de Teresa Rodríguez el pulso contra Iglesias por la creación de la confluencia Adelante Andalucía (el madrileño se opuso enérgicamente, porque implicaba subsumir la marca Podemos en Andalucía, y ceder excesiva autonomía a Rodríguez). Ahora, en cambio, se ha coaligado con Iglesias para fulminar el liderazgo de la gaditana.
Informes jurídicos
La expulsión de los nueve parlamentarios de Adelante se ha ejecutado pese al informe contrario de los servicios jurídicos del Parlamento, que pusieron en duda la interpretación de transfuguismo que hacían los promotores de esta operación: abandonar un partido no implica necesariamente dejar el grupo parlamentario al que pertenecen, apuntaron sobre la marcha de Rodríguez de Podemos. La aludida y sus ocho compañeros usarán ese informe para acudir al Tribunal Constitucional para denunciar la vulneración de sus derechos de representación política, amén de medidas cautelares para que se les restituya en su bancada hasta conocer la sentencia, que podría demorarse dos años.
La derivada jurídica de este embrollo es un árbol que no deja ver el bosque, esto es, la desintegración de la izquierda andaluza y el efecto depresivo que tendrá en su base social. La interpretación jurídica pendula entre el informe jurídico del Parlamento andaluz (que no es vinculante) y la renovación del Pacto nacional Antitransguismo (que tampoco es vinculante), pactado recientemente en Madrid por PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos (a instancias de la formación naranja), entre otros. Este acuerdo, extrapolable a parlamentos autonómicos y ayuntamientos, ha introducido a última hora un anexo con una definición de tránsfuga que parece un traje a medida para Teresa Rodríguez: “Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.
Los diputados expulsados no sólo rechazan esta definición, sino que denuncian una operación de dilación en la votación de la Mesa del Parlamento para que la nueva redacción del Pacto Antitransfuguismo estuviera lista. Uno de los puntos que denunciarán ante el Constitucional es que se haya hecho una aplicación retroactiva de un documento que carece de valor jurídico. “Podemos ser ortodoxos, dogmáticos, gente que nunca cambia de idea, pero tránsfugas no”, recalca Rodríguez.
En las últimas semanas, la gaditana se ha visto acorralada como nunca y ha elevado el tono de la crítica contra sus antiguos compañeros a un nivel próximo a la paranoia: “una aberración jurídica”, “una decisión propia de dictaduras”, “una corrupción en toda regla”, “un delito de prevaricación...”. Hace 48 horas denunció en una entrevista en 7TV que detrás de su “purga” había “una operación de Estado para quitarnos de en medio” e invalidar su proyecto político.
El origen del cisma
La expulsión de Rodríguez de la coalición electoral que creó hace dos años junto a Antonio Maíllo (ex líder andaluz de IU) se ha fraguado en las últimas tres semanas, y ha supuesto un giro de guión propio de una novela de James Ellroy. Pero la guerra civil entre los socios cofundadores de Adelante Andalucía empezó poco después del fracaso electoral de las andaluzas, en diciembre de 2018. La coalición obtuvo menos votos y diputados al concurrir juntos que por separado -pasaron de 20 a 17 escaños-: once de la órbita de Teresa Rodríguez y seis de IU.
A partir de ahí, los primeros empiezan a marcar distancias de sus socios, y trasladan a la confluencia los objetivos que nunca lograron alcanzar dentro de Podemos por la resistencia férrea de Iglesias a descentralizar el partido: una organización con autonomía política, orgánica y económica, de vocación “andalucista”, de retórica nacionalista. Los de Rodríguez se anexionan terreno político hasta entonces compartido con IU, se anexionan espacio institucional, espacio en los medios, espacio en las redes sociales que comparten...
Los de Rodríguez inscriben Adelante Andalucía en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior sin el consentimiento de IU -la gaditana llegó a registrar tres partidos instrumentales en dos años y medio, alimentando el temor de Iglesias de una posible escisión de Podemos en Andalucía-; los de Rodríguez empiezan a usar el atril común de Adelante para lanzar mensajes políticos no consensuados con IU, por ejemplo, proponen presentarse con marca propia a las generales de 2019 (frente a Unidas Podemos), y más tarde rechazan el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Una vez constituido, empiezan a lanzar críticas de “servilismo” de Iglesias y sus ministros frente a los socialistas.
Los de Rodríguez, finalmente, abandonan la dirección de Podemos Andalucía, pero en el tiempo de descuento usan su voto dentro de la coalición para aprobar dos puntos que cambiarán el rumbo de Adelante: primero aprueban la entrada del último partido que acaba de inscribir en el registro -Anticapitalistas-, y que es al que irán a parar la mayoría de dirigentes salientes de Podemos; y una vez dentro, presentan un documento político que plantea concurrir con la marca Adelante en todos los procesos electorales, enfrentándose a Unidas Podemos (del que también forma parte IU); y veta cualquier tipo de coalición de gobierno con el PSOE. En el último mes, los Anticapis tomaron el control de las redes sociales de Adelante -retiraron las claves a IU-, revocaron el acceso del administrador de sus socios de la cuenta corriente común, donde se depositan los fondos del grupo. La propia Rodríguez, estando de permiso por maternidad, pidió por escrito al Parlamento andaluz que cambiara el número de la cuenta corriente, dejando fuera a IU, que aún no ha recibido la totalidad de su última asignación (sólo una tercera parte).
El epicentro del crac es Sevilla
La expulsión de Rodríguez se fragua con la participación activa de actores de la política nacional, pero el epicentro de esta crisis no está en Madrid, sino en Andalucía. Todas estas discrepancias acumuladas entre el círculo próximo de la gaditana y sus socios de IU habían convertido la confluencia en una olla a presión. Era cuestión de tiempo que estallase y salpicara a todos de puchero. El pasado junio, el coordinador andaluz de IU, Toni Valero, decide dar un puñetazo en la mesa y lanza un ultimátum a Teresa Rodríguez: o retira la marca electoral de Adelante Andalucía del registro de partidos políticos, o da por rota la confluencia. Y aquí es donde se produce el giro inesperado de guión, cuando IU pasa de socio débil y arrinconado dentro de la coalición a contraatacar.
En junio, el plan de Valero era muy distinto: pensaba recoger a sus seis diputados y marcharse de Adelante para formar parte del Grupo Mixto en el Parlamento, porque consideraba que la confluencia había sido “secuestrada por Anticapitalistas” con la connivencia de los andalucistas Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. Los servicios jurídicos de la Cámara desaconsejaron esa vía: el reglamento no permitía formar Grupo Mixto, si se marchaban serían diputados no adscritos, perderían derechos de representación en la Cámara, el turno de preguntas al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno y, lo más importante, gran parte de su asignación como grupo. El plan b es lo que ha culminado este miércoles con la expulsión de los nueve parlamentarios de Adelante.
El vídeo del divorcio amistoso
A tenor de los últimos acontecimientos, cuesta echar la vista atrás. Febrero de 2019. Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez difunden un vídeo en el que aparecen juntos anunciando un divorcio pactado y “amistoso”. Lo hacen un día antes de lo previsto, minutos después de que este periódico adelantase que la gaditana y los suyos estaban a punto de abandonar Podemos. Ahora sabemos que se trataba de “un adiós”, no un “hasta luego”, como se dijo entonces. No era una “separación amistosa, pactada, sin precedentes en la política española, que demuestra que las cosas se pueden acabar bien”, como dijo entonces el vicepresidente del Gobierno. Era la antesala de “un divorcio del copón”, como también dijo un dirigente próximo a Rodríguez ese mismo día, a puerta cerrada, durante una reunión en el Parlamento andaluz preparando el relato político que amortiguase el impacto de la noticia: Podemos había reventado en Andalucía, y su cúpula directiva dejaba el partido de Iglesias llevándose consigo las actas de sus ocho diputados en el Parlamento andaluz, la financiación y la marca electoral que habían creado junto a IU.
La atomización de la izquierda
La atomización de la izquierda andaluza como alternativa de poder a un PSOE que gobernó durante 37 años tiene una raíz política, aunque los partidos en guerra se esmeren hoy en trasladar este lío interno en términos jurídicos, haciendo partícipe de sus escaramuzas al Parlamento, a sus letrados, al resto de formaciones políticas rivales y a los tribunales, que serán en última instancia quienes arbitren en sus luchas intestinas. La guerra en términos jurídicos -quién rompió con quién, quién lo hizo antes y por qué, y cómo se resolvió la expulsión de nueve diputados de su grupo parlamentario (incluida su líder)- es en lo único en que coinciden los que hasta hace unos días eran aliados en Adelante Andalucía.
Que la guerra civil entre Podemos, IU y los Anticapis se libre en la esfera de lo legal, con complicadas interpretaciones del reglamento del Parlamento, de la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 73.3), del Pacto Antitransfuguismo y de la propia Constitución no hace sino enmascarar una realidad de fondo, visible para cualquier observador externo: las discrepancias políticas de los antiguos socios de Adelante han dinamitado el invento de la confluencia y embarrado el proyecto común de la izquierda andaluza. En dos años, desde la creación de Adelante, se ha evaporado la ilusión de una fuerza progresista que venía a ser alternativa a “un PSOE escorado a la derecha”, liderado por la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.
En medio de una pandemia mundial, una crisis económica y social sin precedentes, los partidos que apelan a la clase obrera han encontrado un momento libre para inmolarse a la vista de todos. El cuarto grupo parlamentario, con 17 diputados, pasa al último lugar y cede su puesto a Vox, que tiene 11.La confluencia de Podemos, IU y otras dos formaciones andalucistas menores no ha superado la derrota electoral de 2018, que supuso la llegada al poder del primer Gobierno de PP y Ciudadanos, apoyado en Vox. Pero mucho más letal para la convivencia interna fue la conformación del primer Gobierno de coalición en España de PSOE y Unidas Podemos. La connivencia con los socialistas, enemigos íntimos de la corriente Anticapi, ha abierto grietas insalvables entre los que siguen a Teresa Rodríguez y los que siguen a Pablo Iglesias, incluidos sus socios de IU en Madrid y ahora en Sevilla.
La herida entre aliados era tan profunda, que quienes adoptaron la decisión de “contraatacar” y expulsarla del grupo parlamentario, dieron por válida una estrategia que implicaba negociar con sus rivales -PSOE, PP y Ciudadanos- y sumar el apoyo de Vox. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. A ojos de la ciudadanía que se ubica ideológicamente en el arco progresista de la política, este juego de piezas para purgar a los Anticapitalistas y acabar con el hiperliderazgo de Teresa Rodríguez -tras varios intentos fallidos en asambleas y primarias de Podemos- deja la izquierda andaluza a la deriva. Otra vez.