En un mundo en permanente movimiento, donde cada vez hay más opciones para poder pagar (bizum, paypal, wise, tarjetas de débito o crédito digitales, etc.), resulta difícil pensar que una persona no pueda realizar algo tan habitual en nuestras vidas como es eso: pagar. Y aún más difícil es preguntarnos qué acciones cotidianas están vinculadas a esta acción e imaginar qué impacto puede tener en la vida de una persona.
En 2019, Andalucía Acoge, ASUFIN, CEAR, CECU, CEPAIM, Fundación de familias monoparentales Isadora Duncan, Fundación Apip-Acam, MPDL, Provivienda, Red Acoge, Rumiñahui unieron fuerzas para luchar por el derecho a la inclusión financiera para todas las personas. En estos años, este grupo ha documentado más de 300 incidencias en el ámbito financiero, que solo muestran una pequeña parte del iceberg de la exclusión financiera, ya que la gran mayoría de las situaciones discriminatorias quedan sin registrar.
Las irregularidades de las entidades bancarias a este respecto son muy diversas, y entre ellas se encuentra la más lesiva para los derechos de estas personas: el acceso a las cuentas de pago básicas. El acceso a una cuenta bancaria es un derecho clave en el mundo actual, reconocido en la normativa europea y nacional, y negarlo supone inclumplir la legislación vigente. Estas cuentas son un producto estándar que deben ofrecer los bancos y entidades financieras y que permiten realizar las operaciones bancarias más comunes: pagos, ingresos, domiciliaciones, transferencias, retirada de efectivo en oficinas y cajeros, y disponer de una tarjeta de débito, etc.
Las consecuencias negativas de poder abrir una cuenta en el banco o que te la bloqueen si tu situación administrativa cambia, como puede ser la situación de muchas personas migrantes y refugiadas, son muy variadas: perder el trabajo, no poder alquilar una vivienda o tener muchos más problemas para conseguirlo, poder emprender un negocio, solicitar y recibir ayudas sociales o subvenciones, etc.
Para seguir avanzando en el trabajo conjunto, el pasado día 5 de octubre, en el marco de la semana de la Educación Financiera, este grupo de entidades decidió impulsar la jornada ‘Materializando el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas’. En esta jornada a la que acudieron alrededor de 200 personas, entre público asistente y formato online, diferentes personas expertas abordaron el análisis de la situación actual así como herramientas y retos.
La importancia de registrar la situación
Durante las intervenciones, se pudo constatar que las incidencias son múltiples en las diferentes entidades financieras. Sin embargo, pocas llegan a ser reclamaciones reales ante el Banco de España, órgano que supervisa a las entidades financieras.
Desde las distintas asociaciones de consumidores, así como desde las entidades sociales y la Defensoría del Pueblo, se planteó la importancia de contar con registro de estas incidencias para lo cual se recomendaba realizar la solicitud por escrito y presentar reclamaciones formales, permitiendo así elevar el número. También se compartieron herramientas para que las personas cuenten con más información sobre sus derechos, como los recursos que el Observatorio de cuenta de pagos básica tiene disponible en diferentes idiomas.
Lamentablemente, se destacó la ausencia de las entidades financieras en las jornadas, lo que redujo la posibilidad de compartir soluciones y haber podido mostrar su interés por avanzar en la materialización del derecho.
Un derecho consolidado
En este encuentro, también se confirmó que el derecho a una cuenta de pago básica es ya un derecho consolidado en nuestro sistema jurídico. Así, César Díaz, abogado de CECU, destacó que las prácticas realizadas por las entidades bancarias suponen un incumplimiento de la normativa estatal y europea, que es clara y garantiza este derecho de forma universal.
Aún así se valoró la importancia de algunos avances, como la futura Ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, fruto también del trabajo de incidencia con fuerzas políticas de las organizaciones sociales impulsoras de esta jornada. Este órgano incrementará la protección de los ciudadanos en cuanto clientes financieros, ante el que podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita debiendo ser resueltas en un plazo de 90 días.
Otro ejemplo de la protección recogida en la normativa española fue puesta de manifesto por Paloma Favieres, de la Defensoría del Pueblo, que señaló la importancia de hacer uso del marco de protección que supone la Ley, integral para la igualdad de trato y la no discriminación que en su artículo 17.1 aborda de forma específica la protección de acceso a servicios financieros. Así también señaló nuevamente al Banco de España como el órgano garante de esta igualdad de trato.
Por su parte, Santiago Yerga, director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirmó en su intervención que “es imposible tener una vida mínimamente digna sin una cuenta bancaria”.
Durante las jornadas, se instó de forma reiterada a las entidades financieras para que mejoraran el acceso a estos servicios a través de una mejor formación de su personal y una atención personalizada. Sin embargo, se señaló una cuestión clave: Las entidades son órganos privados con interés de lucro y ni las cuentas de pago básica ni las personas migrantes son productos de interés. Así lo confirmó el testimonio de Alex Taboada, una de las miles de personas que sufren exclusión financiera en España, a quién bloquearon la cuenta bancaria mientras se encontraba en proceso de renovación de su documentación, poniendo en riesgo su situación laboral. También destacó las facilidades que tuvo en su caso para tramitar el cierre de cuenta, cuando lo habitual son las trabas a la hora de cerrar relaciones financieras.
Tras esta jornada, la conclusión fundamental es que debemos avanzar hacia mecanismos que permitan reconocer este derecho como tal, y no como una prerrogativa de la entidades financieras. avanzado para ello en mecanismos que permitan asegurar su cumplimiento. Debemos superar la voluntariedad y poner en marcha los instrumentos que desde el Gobierno se pueden impulsar para incluirla como política pública (instrumentos de seguimiento, control y sanción, dotación presupuestaria,etc.) siendo para ello clave la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
En un mundo en permanente movimiento, donde cada vez hay más opciones para poder pagar (bizum, paypal, wise, tarjetas de débito o crédito digitales, etc.), resulta difícil pensar que una persona no pueda realizar algo tan habitual en nuestras vidas como es eso: pagar. Y aún más difícil es preguntarnos qué acciones cotidianas están vinculadas a esta acción e imaginar qué impacto puede tener en la vida de una persona.
En 2019, Andalucía Acoge, ASUFIN, CEAR, CECU, CEPAIM, Fundación de familias monoparentales Isadora Duncan, Fundación Apip-Acam, MPDL, Provivienda, Red Acoge, Rumiñahui unieron fuerzas para luchar por el derecho a la inclusión financiera para todas las personas. En estos años, este grupo ha documentado más de 300 incidencias en el ámbito financiero, que solo muestran una pequeña parte del iceberg de la exclusión financiera, ya que la gran mayoría de las situaciones discriminatorias quedan sin registrar.