El número de personas sin hogar en Sevilla se ha triplicado en los últimos años desde que empezó el actual contexto de crisis, en 2007. Así lo indica un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), centrado en los recursos sociales habilitados al efecto en el barrio de la Macarena y en el que lamenta que los servicios sociales del Ayuntamiento sean “incapaces de responder a las demandas básicas de las personas en exclusión”. En esta zona, en uno de cuyos albergues falleció este pasado miércoles un joven con síntomas de malnutrición, se concentra la mayor parte de los recursos dirigidos a este colectivo de personas. APDHA denuncia tanto la privatización de los servicios públicos en este ámbito como el hecho de que no respondan a las necesidades reales y se centren en la beneficencia sin abordar la verdadera problemática social de las personas sin hogar.
Se estima que entre 2.500 y 3.000 personas malviven en las calles de la capital hispalense, en tiendas de campaña o estructuras temporales en la ribera del río Guadalquivir, lo que se conoce como nuevos asentamientos. Paralelelamente, denuncia APDHA, “la inversión municipal en servicios sociales públicos se ha recortado sensiblemente”. La asociación considera que las medidas y recursos municipales para la atención que viven en exclusión son “insuficientes” y reclama una mejora en la estructura organizativa de los servicios sociales en base a la ampliación de los puntos de atención y la dotación de nuevas prestaciones sociales.
Según detalla el informe, fechado en abril de 2013, el presupuesto total en 2012 para la intervención con personas sin hogar se redujo en 106.768,30 euros, disminuyendo la partida para la gestión pública (en 166.768,30) pero incrementando sin embargo en 60.000 euros los fondos destinados a entidades religiosas privadas, orientadas básicamente a beneficencia y en ofrecer comida a las personas sin hogar.
APDHA, que destaca la “deriva en el vaciado de funciones de los servicios públicos a favor de los privados”, denuncia que la privatización es “preocupante” y redunda en una merma en la calidad de la asistencia a los usuarios, añadiendo que “la beneficencia no es la solución para abordar los problemas de las personas sin hogar”. Es a través de los servicios públicos que ofrecen el Centro de Orientación e Información Social (COIS) y la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales, dirigidos a la reinserción, los que garantizan los derechos sociales. Las entidades privadas no cumplen esa función, insiste el informe.
Concentración de recursos en una sola zona
“Hay toda una política municipal de segregación, bien por acción bien por omisión”, señala el informe, en el que también han participado el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Oficina de Derechos Sociales y la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias en Andalucía, que también denuncian la precarización laboral de los trabajadores de los servicios sociales analizados.
En este sentido, el texto indica que los escasos recursos se concentran en el barrio de la Macarena, concretamente en el entorno del Centro Cívico Hogar San Fernando, donde se ubican los únicos albergues municipales públicos que hay en Sevilla así como el mencionado COIS, únicas oficinas para atender a personas no empadronadas en Sevilla y que se encuentren en riesgo de exclusión social. Existe en la misma zona la unidad de día de atención a personas sin hogar así como un comedor social.
Numerosas personas sin hogar se concentran en la zona con la esperanza de poder acceder a alguna de las camas que queden libres en los albergues o acceder a los diferentes recursos que gestiona el COIS, donde hacen cola entre 20-30 personas cada mañana para acceder a algún recurso, atendido por una media de 6-2 personas según el día. APDHA lamenta especialmente que el COIS haya suprimido el servicio de unidad móvil que se encargaba de realizar intervenciones en la calle y el seguimiento de las personas con más necesidades sociales y mayor grado de exclusión que se resisten a acceder a los recursos que se ofrecen.
En el albergue municipal, que cuenta con una capacidad de 120 personas y una estancia máxima de 15 días, existía una lista de espera que se eliminó al superar en la primavera de 2012 las 300 personas. También existe en la zona el Centro Nocturno de Baja Exigencia (CNBE), con capacidad para 40 personas en la calle San Juan Ribera. Una media de 15-20 se quedan al día sin poder acceder. La estancia es de una noche y se debe acudir cada día a solicitar plaza.
El informe concluye en este sentido que los servicios sociales dirigidos a personas sin hogar están planificados actualmente para que los usuarios accedan a ellos de manera rotativa y, por tanto, “no respondiendo a las necesidades reales de la población que los demanda”, insistiendo en que “la carencia de plazas ha aumentado considerablemente”.
El CNBE y la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales, estructurado en otros tres servicios, son servicios sociales de titularidad pública gestionados por empresas privadas. Los recursos sociales, de titularidad privada, que reciben subvención municipal en el entorno de la Macarena, son el Centro de Acogida Miguel Mañara, Asaenes, el Rincón del Encuentro y Comedor Social San Vicente de Paúl. Hay otros dos recursos sociales que actúan en la misma zona subvencionados por diferentes administraciones para idénticos fines, como son el Centro de Acogida y Encuentro de Antaris y el Colectivo La Calle.
APDHA reclama políticas municipales inclusivas que atiendan eficazmente las necesidades, descongestionar la saturación de recursos sociales en el barrio de la Macarena, ampliar los proyectos públicos destinados a la reinserción sociolaboral de personas sin hogar y aumento de la plantilla de personal y mejora de sus condiciones.