Que el número de personas dependientes y de prestaciones ha crecido en los últimos seis años en Andalucía fue el principal argumento de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, el pasado jueves en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. Habló incluso de “cifras récord” en ese sentido y de que “estamos avanzando de manera contundente”. “Solo faltaría que en 2024 tuviéramos las mismas prestaciones que en 2018”, ironiza una fuente bien conocedora del sistema, que se apoya en la estadística para recordar que “es evidente que cada vez hay más personas mayores, más dependientes y más solicitudes”.
Pero el otro razonamiento, más político, fue echar en cara al PSOE que Pedro Sánchez, al que llamó “el enemigo público número 1 de la dependencia”, niega en Andalucía el 50% de cofinanciación que abona a Euskadi. La verdad es que, con los datos oficiales de financiación en la mano (accesibles en la web del Imserso), el porcentaje de dinero que el Estado destina al País Vasco no es del 50% sino del 16,05% mientras que a Andalucía es del 37,74%. En dicha web también se puede ver la evolución del gasto: la cofinanciación hacia Andalucía era del 19,67% en 2018, habiéndose casi duplicado en los últimos cinco años. “No puedo entender tanto peloteo” al presidente del Gobierno, le reprochó al portavoz socialista, Juan Espadas, al sacar a relucir esa comparativa sin datos en qué apoyarla.
El certificado anual del gasto en dependencia de las comunidades autónomas se recoge desde el año 2012, según lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, y se remite por las comunidades una vez finalizado el ejercicio. En 2023, según esos datos oficiales, el Gobierno puso más de 729 millones en Andalucía, y más de 152 en el País Vasco. Según las cuentas de la Junta, Sánchez tendría que aportar en Andalucía 500 millones más de lo que destina ahora para llegar al nivel 50-50 de cofinanciación en el País Vasco.
Pero, como hemos dicho, la cofinanciación en Andalucía fue en 2023 del 37,74% (el porcentaje más alto de toda España), mientras que en Euskadi fue del 16,05%. Además, la Junta , para hacer esa comparativa, se fija en su inversión para 2024 (no la de 2023) que, según la Consejería de Inclusión Social, asciende a 1.211 millones. Para hacer esa regla de tres habría que esperar a finalizar el ejercicio, según lo recogido en aquel decreto de 2013, que reguló el nivel mínimo de protección establecido en la Ley de Dependencia de 2006, que establece una financiación compartida al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas. No se cumple, pero tampoco cuando estaba en las manos del propio Moreno.
Porque se da la circunstancia que aquella normativa de 2013 la firmó la exministra del PP Ana Mato cuando el ahora presidente andaluz era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio de Sanidad. Moreno ocupó ese puesto durante algo más de dos años (diciembre 2011-marzo 2014), antes de ser designado por Mariano Rajoy para liderar el PP de Andalucía. El otro día en el Parlamento dijo que la Junta estaba acometiendo una “reforma estructural” del sistema de la dependencia, al menos a nivel autonómico. Ya cuando era secretario de Estado en la materia dijo algo parecido: “Vamos a reordenar el modelo, vamos a hacerlo sostenible en el tiempo para que no se nos caiga”.
El porcentaje de financiación del Estado hacia Andalucía cuando Moreno era secretario de Estado fue 25,47% en 2012, bajó al 22,85% al 2013 y siguió bajando al 22,51% en 2014. Ya con Moreno como líder del PP, pero con Rajoy como presidente del Gobierno, la asignación hacia Andalucía continuó decreciendo hasta el 19,67% en 2108 en que acabó su mandato. Desde entonces, la financiación hacia la comunidad autónoma no ha hecho más que crecer hasta el ya citado varias veces 37,74%, de acuerdo siempre a la estadística oficial.
Desde CCOO se apunta que Moreno, de la cantidad que dice que pone la Junta “no ha descontado lo que sale de los bolsillos de las personas usuarias”, que el sindicato estima que puede estar “en torno a los 400 millones de euros”. Asimismo, como ya expresó CCOO la pasada semana en rueda de prensa, se encuentra en ciernes una nueva Orden que incrementaría en “más del 50%” el copago que tiene que asumir las familias para ser beneficiarias del derecho a la atención. “Muchas no van a poder pagarlo”, advirtió Nuria López, quien pidió ampliar los mínimos exentos de copago.
Habrá que ver cómo se concreta esa Orden pero, según denuncia CCOO, “sobre la parte que financian las personas dependientes hay una opacidad total”. El sindicato estima, en función de un estudio del CES, que se trata de un porcentaje medio del 20%. “Las comunidades autónomas no dan este dato, no lo separan”, lamenta CCOO, que ha solicitado sin éxito la cifra a la Junta de Andalucía y al Imserso, al que han pedido que exija a las comunidades qur aporten esa financiación por parte de los usuarios. Según los cálculos contenidos en su informe, una persona mayor con grado III con la prestación de ayuda a domicilio que ingresa la pensión media de Andalucía tendrá un copago de más del 25% de sus ingresos.
El sindicato anunció movilizaciones para 26 de octubre, a sumar a las previstas por el propio sector, avanzadas en este periódico. Trabajadoras de la dependencia del sindicato CGT se plantaron en San Telmo el viernes tras una marcha a pie desde Málaga a Sevilla pidiendo “cuentas a Juanma”. “El sistema de cuidado y la protección a personas dependiente se está debilitando, y desde UGT Andalucía, decimos basta. Se está sobrecargando a las familias ante la falta de un apoyo institucional adecuado y muchas han tenido que asumir la carga de cuidar a sus miembros dependientes”, ha denunciado otro sindicato, UGT, también la pasada semana.
Cuando reunió con las entidades que componen el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía el pasado 11 de septiembre, ya reclamó al Gobierno de España “que llegue al 50% de la financiación de la dependencia en la comunidad andaluza como lo hace en otras comunidades autónomas”, si bien esa circunstacia no se da en ninguna.
Moreno dijo aquel 11S que Andalucía estaba ya “al tope de sus capacidades financieras” en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales. Y lo dijo en su recurrente contexto de contienda política por la financiación autonómica, a rebufo del pacto fiscal entre el PSOE y los independentistas catalanes que se viene arrastrando desde hace meses ya. Desde aquel lamento, el presidente andaluz ha anunciado en este tiempo una nueva rebaja fiscal para la compra y el alquiler de vivienda para jóvenes y la gratuidad de las escuelas infantiles para alumnos de dos a tres años.
A vueltas con algunas otras cifras, Moreno se congratuló de los 76.120 beneficiarios de las prestaciones en Andalucía (“a usted le puede parecer poco, pero es una realidad gracias a la gestión de este Gobierno”, le dijo a Espadas) y de las 85.923 prestaciones más que hace cinco años (“un 33% más, fíjese de dónde partíamos”, le insistió) y de la subida de “un 138% de la atención a domicilio (casi 90.000 personas más)”.
En 2023 había 420.976 personas de Andalucía dentro del sistema de dependencia, lo que supuso un descenso del 0,4% respecto a 2022 pese a que el número de personas mayores viene creciendo en España. De las 289.000 personas actualmente beneficiarias del sistema en Andalucía, el 37% del total de prestaciones vigentes se corresponden con el servicio de ayuda a domicilio (155.969 prestaciones), el 31,8% con la teleasistencia (única prestación para casi un tercio de los beneficiarios del sistema) y el 19,6% de se corresponde con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (el 27,4% de las personas con grado III de dependencia reconocido solamente tienen esta prestación).
Y, ¿qué pasa con la gente que espera que se le reconozca el derecho? Moreno presumió de haber conseguido con su gestión “la reducción a la mitad de las listas de espera”. Lo cierto es que el tiempo medio de gestión sigue superando el año y medio, duplicando el tiempo máximo que permite la Ley de Dependencia para la obtención de la prestación efectiva. El tiempo medio de espera era de más de 557 días al final de 2023, y a 31 de agosto de 2024 es de 603 días pese a que hay menos solicitudes (como se refleja en los informes del Imserso), es decir, menos personas en el sistema pese a que el número de mayores viene creciendo en todo el país.
La Junta reconocía hace menos de un mes que ha subido la media de espera, algo que también vino a asumir la consejera Loles López, que defendió la nueva gestión de la dependencia en Andalucía, implantada desde marzo, pese a que sube la espera y caen las prestaciones. La lista de espera total de personas pendientes de recibir su prestación es de unas 60.000. Según denunció el otro día CCOO, la administración se está centrando en reducir la lista de espera de personas pendientes de PIA y de prestación efectiva, por lo que la lista de las personas pendientes de resolución de grado se ha incrementado.
Por otra parte, fuentes de la sección sindical de CCOO en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ya informaron de los ceses de las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba y en Granada tras meses de “caos” en la gestión de la materia y después de “plantarse” ante “las barbaridades que se están implementando desde la dirección gerencia con el procedimiento de simplificación, y sin contar con la opinión de nadie”.
Según CCOO, ambas trabajadoras habían solicitado instrucciones por escrito para no respetar la antigüedad de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia. “La ciudadanía no puede llevar casi dos años esperando una valoración de dependencia y que atendamos primero a las personas que la presentaron hace unos meses”, dicen desde el sindicato, pidiendo a la Agencia “que cese en este plan descabellado y ponga cordura”.
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