La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha archivado por prescripción la investigación abierta en relación a cinco ayudas concedidas a la Asociación de los Juegos Mediterráneos de Almería y a cuatro municipios (La Barca de la Florida, La Puebla del Río, Camas y Chiclana de la Frontera) porque, al haber pasado más de diez años desde su concesión y por referirse a ayudas inferiores a 450.000 euros, los delitos han quedado prescritos.
Entre las ayudas archivadas esrtá una de 24.000 euros al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando ocupaba la Alcaldía el actual vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios. En un auto fechado el 16 de mayo, difundido este martes por el TSJA y consultado por Europa Press, la magistrada considera prescritos los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos asociados a esta ayuda tras haber transcurrido más de diez años desde que fue pagada al Ayuntamiento de Chiclana.
En otros cuatro autos, y por la misma causa de prescripción de delitos, la instructora archiva la investigación contra los exalcaldes de La Barca de la Florida (Cádiz), Manuel Roque; La Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez González, y Camas, Encarnación Díaz Cerezo, así como la relativa a la ayuda de 180.304 euros concedida a la Asociación de los Juegos Mediterráneos de Almería.
En el auto relativo a Jiménez Barrios, que nunca ha estado en la causa como investigado, la juez hace referencia a la ayuda de 24.000 euros concedida al Ayuntamiento de Chiclana con cargo a la partida 31L por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para la financiación de la Feria de Muestras y Turismo VII Centenario a celebrar en esta localidad del 8 al 11 de mayo de 2003.
De este modo, el convenio de colaboración por el que se acordó conceder esta ayuda fue suscrito por el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el que fuera director general del antiguo IFA, Francisco Mencía (ya fallecido), tras lo que el pago de la ayuda se efectuó el 27 de noviembre de 2003 mediante oficio remitido por el IFA.
La juez, que estima que los hechos investigados “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, señala que la ayuda “se destinó en su totalidad a la finalidad para la que se concedió”.
Asimismo, indica que consta resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de fecha 10 de abril de 2014 en la que se exige la devolución de la ayuda por haberse decretado tras una revisión de oficio la nulidad del convenio de colaboración suscrito entre la Dirección General de Trabajo y el IFA el 5 de noviembre de 2003, en base a lo cual el Ayuntamiento de Chiclana devolvió la ayuda concedida.
La juez se refiere seguidamente al auto de 9 de marzo en el que la Audiencia Provincial de Sevilla declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Mercedes Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte y dice que en este caso “no existe otra resolución previa que reúna la condición de 'actos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito'”.
JIMÉNEZ BARRIOS, CITADO COMO TESTIGO
La magistrada argumenta que, tratándose de una ayuda inferior a 450.000 euros, “en la cual podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado”, estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de IDEA exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, y habiéndose realizado el pago el 27 de noviembre de 2003, “hace más de diez años”, procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación y archivar la causa por esta ayuda al Ayuntamiento de Chiclana en la etapa en que era alcalde Jiménez Barrios, al que cita como testigo el 5 de julio.
Asimismo, y constando la devolución de la ayuda, la juez acuerda no traer al proceso como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo al Ayuntamiento de Chiclana.
Por los mismos motivos, la juez archiva la causa contra Manuel Roque, que fuera alcalde de La Barca de la Florida cuando el Ayuntamiento recibió en 2003 una ayuda de 18.000 euros para cubrir parte del presupuesto del gasto de una muestra de recursos locales y artesanales en la localidad (IV edición correspondiente a 2004 y solicitada en julio de 2003).
Tras el convenio suscrito entre Guerrero y Mencía, el pago de esta ayuda se efectuó el 27 de noviembre de 2003, destinándose “en su totalidad a la finalidad para la que se concedió”, aunque consta resolución de la Consejería de Economía de 17 de diciembre de 2013 en la que se exige la devolución de la ayuda por haberse decretado la nulidad de dicho convenio, resolución en base a la cual el Ayuntamiento devolvió los 18.000 euros referidos, por lo que tampoco trae al proceso al Consistorio. Roque es citado como testigo el 5 de julio.
LOS CASOS DE CAMAS Y LA PUEBLA DEL RÍO
La juez archiva también por prescripción de los delitos la causa contra Encarnación Díaz Cerezo, que fue alcaldesa de Camas cuando el Ayuntamiento recibió una ayuda de 60.101,21 euros para financiar la II Feria Empresarial en base a un convenio de colaboración suscrito entre Guerrero y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
En este caso, la ayuda se pagó el 17 de febrero de 2003 y, al igual que en los supuestos anteriores, “se destinó en su totalidad al destino para el que se concedió”, constando resolución de la Consejería de Economía de febrero de 2013 decretando la nulidad del convenio de colaboración. En este caso, la juez Núñez sí acuerda traer al proceso como responsable civil directo en su condición de partícipe a título lucrativo al Ayuntamiento de Camas. Además la juez cita el 12 de julio como testigo a Encarnación Díaz, al interventor y al secretario general del Ayuntamiento.
Por los mismos motivos, la instructora archiva la causa contra Julio Álvarez González, que fue alcalde de La Puebla del Río cuando la Junta concedió al Ayuntamiento una ayuda de 78.130 euros para financiar el material necesario para la formación a impartir en relación al Proyecto de Seguridad e Higiene de prevención de riesgos laborales del Plan Integral de Empleo.
Esta ayuda fue pagada por la Junta el 25 de julio de 2003 y “se destinó en su totalidad a la finalidad para la que se concedió”, dice la juez, que resalta que en este caso también consta resolución de la Junta de fecha 22 de mayo de 2013 en la que se exige la devolución de la ayuda por haberse decretado la nulidad del convenio que dio lugar a la misma.
El Ayuntamiento de La Puebla recurrió dicha resolución y solicitó la suspensión de su ejecutividad, una suspensión que fue acordada por el TSJA el 29 de mayo de 2013. La juez también trae en este caso al proceso como responsable civil directo al propio Ayuntamiento. El exalcalde Julio Álvarez es citado como testigo el 5 de julio.
JUEGOS MEDITERRÁNEOS ALMERÍA 2005
En un quinto auto, la magistrada archiva la causa contra cuatro personas en relación a la ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 para la elaboración de cursos de formación 'on line' del voluntariado, para la que se destinaron también fondos del programa presupuestario 31L a fin de subsanar parte de los gastos que se hubieran podido ocasionar al realizar dichos cursos.
El convenio de colaboración para esta ayuda fue suscrito en septiembre de 2003 por la asociación y el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, verificándose el pago en febrero de 2005, dice la juez, que, habiendo transcurrido más de diez años desde dicho pago, acuerda archivar la causa contra cuatro responsables de los Juegos Mediterráneos, citando como imputados a Viera, Guerrero y Fernández. Guerrero ha sido convocado por la juez el 30 de junio y Viera y Fernández el 7 de julio.