El nuevo comunicado (no es el primero) de dos asociaciones de jueces en defensa de la imparcialidad que se le presupone a una jueza, en este caso María Núñez Bolaños, es el último episodio de la difícil relación judicial entre la sustituta de Mercedes Alaya y el Partido Popular. El PSOE también se las tuvo con su antecesora pero las divergencias entre Bolaños y el PP son más diversas y alcanzan hasta el ámbito familiar, como ha sido el detonante de esta última discrepancia.
El caso es que las secciones territoriales en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador) y de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (a la que pertenece Bolaños) emitieron este lunes un comunicado “ante la difusión en varios medios de comunicación poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada”. Las otras dos asociaciones que existen son la progresista Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
La comunicación de las asociaciones pide en líneas generales “respeto” a la labor de la jueza pero, sorprendentemente, coincide con el PP casi textualmente en una frase. “Sin juez imparcial no existe verdaderamente proceso judicial” (argumentaron los populares en su último recurso contra la jueza), “sin juez imparcial no hay verdaderamente un proceso jurisdiccional revestido con todas las garantías” (dicen las asociaciones). El fin es el mismo pero, si hacemos un repaso al historial de recusaciones a la jueza, no parece que estén de acuerdo en muchas más cosas. Casi tan pocas como su antecesora, Mercedes Alaya, que no le abonó precisamente el terreno cuando la desprestigió para quedarse con un par de macrocausas y dijo que en ella no se daban “las máximas de seriedad y rigor necesario”.
Empezando por lo último, el PP andaluz ha recurrido ante la Audiencia la decisión de Núñez a primeros de noviembre de inadmitir el incidente de recusación planteado por los populares en la causa donde se investigan las transferencias de financiación recibidas por IDEA. La jueza alegó que el partido “no es parte” en el procedimiento al no haberse resuelto aún sobre la fianza de 30.000 euros que le impuso para poder ejercer la acusación popular. La recusación se pidió, entre otras cuestiones, porque una cuñada de la magistrada trabaja en la agencia andaluza. La Junta no tardó en aclarar que la familiar “nunca” gestionó transferencias de financiación.
“Enmarañar” la causa de la formación
En este caso, el PP ha tenido el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pero no siempre ha sido así. Los fiscales acusaron al PP de “enmarañar” la causa de los cursos de formación, precisamente la cuestión que había motivado en julio de 2016 el primer comunicado de las asociaciones de jueces en defensa de Bolaños, en alusión a un escrito de los populares en el que se ponía de manifiesto que le habían entregado unas grabaciones “incompletas” pertenecientes a la causa de los cursos de formación.
En relación con este misma causa de la formación, el Consejo General del Poder Judicial archivó otra denuncia del PP-A contra Bolaños por la supuesta filtración del archivo de la pieza 'política' de los cursos de formación, que la magistrada había archivado y que los populares habían señalado “como origen o fuente” de una noticia publicada por varios medios de comunicación varios meses antes, atribuyendo a la magistrada una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función.
También en el otoño del pasado año, el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP-A contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales.
Eso sí, el PP ha tenido una reciente buena nueva en relación con la jueza Bolaños. La Audiencia de Sevilla la ha obligado a admitir el escrito de acusación presentado por el PP en la causa por el denominado delito societario relacionado con Mercasevilla, donde serán enjuiciados el ex director general de la lonja Fernando Mellet y otros 13 acusados.