El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha defendido que la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, de la que depende el colegio San Patricio, ha tratado con “exquisitez” al menor transexual de seis años que se siente niña. Sin embargo, ha criticado a la Junta de Andalucía por “abuso de poder” al “amenazar” con quitar el concierto al centro por “motivos espurios”.
“El colegio y la fundación defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre”, ha manifestado este viernes el obispo en un desayuno con periodistas. Más aún, ha dejado claro que “le respetamos más que todos ellos”.
Al respecto, Catalá ha precisado que todas las exigencias del Ejecutivo andaluz “se basan en una ley --en referencia a la normativa sobre transexualidad-- que aún no está aprobada y, por tanto, no existe”.
“La pretensión de la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte --Patricia Alba-- y la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual --Flor de Torres-- era obligarnos a tratar al niño según una ley inexistente”, ha expuesto.
A juicio del prelado malagueño, “la Junta no ha respetado al niño porque, según todos los certificados y estudios, un niño de seis años aún no ha desarrollado la sexualidad”. “Forzada por la madre --ha declarado--, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor”.
En este punto, ha insistido en el proceso abierto por el Ejecutivo andaluz para retirar el concierto al colegio San Patricio y ha señalado que “la Junta de Andalucía es la que no respeta al niño y hace desviación de poder”.
“La Junta tiene un poder administrativo y hace una amenaza al colegio acerca de 'como no hagas lo que yo te digo, que no tiene nada que ver con la educación, te quito el concierto'”, ha lamentado, agregando que “es una amenaza por un motivo espurio”, ya que “hemos cumplido las condiciones del concierto no al cien por cien, sino al 110 por ciento”.
Precisamente, ante el archivo por parte de Fiscalía de la causa abierta para determinar si existía discriminación por identidad sexual en el trato a este menor transexual, el obispo ha precisado que “fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias”.
Asimismo, Catalá ha indicado que, tras comunicarles este archivo la propia Fiscalía General del Estado, “no fue hasta dos semanas después cuando llegó la respuesta de la fiscal de Málaga”.
Se ha referido también a las movilizaciones habidas en defensa de la escuela que denomina “estatal” y ha denunciado que “hubiera colegios que abusaron de sus hijos y salieron a hacer manifestaciones, sacando de las escuelas a niños”.
“Nosotros jamás hemos sacado a un niño de un aula por respeto a él”, ha aseverado, agregando que “yo podría sacar ahora a los niños delante de las consejerías, pero sería abusar de los escolares, que lo que necesitan es que se les den clases, no que se les utilice”. Más aún, ha afirmado que “no manipulamos a los niños como si fueran instrumentos cuando colegios estatales sí lo han hecho”.
HOSPITAL SANTO TOMÁS
Sobre el Hospital Santo Tomás, en el centro histórico, cuya propiedad se trasladó al Obispado el pasado año, tras la extinción de la Fundación Benéfico Particular que llevaba el mismo nombre que el inmueble, Catalá ha señalado que se están llevando a cabo varias intervenciones de consolidación y limpieza del inmueble, que por dentro se encuentra en estado ruinoso.
Ha asegurado que tiene claro el nuevo uso --se habló de que albergara el Museo Catedralicio y los archivos históricos de la Catedral, la Diócesis y del mismo hospital--, aunque dependerá de la normativa de Patrimonio de la Junta y no solo de los proyectos del Obispado, teniendo en cuenta que el edificio se encuentra en el entorno de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como el templo mayor.
“Hay unas deficiencias que tenemos que reparar para evitar que se deteriore más, tras 50 años de dejadez, y mi propuesta sería cubrirlo todo para evitar aspectos como la lluvia”, ha manifestado Catalá, quien ha precisado que el Obispado invertirá en este inmueble “varios millones de euros”.
No obstante, ha advertido de que la Junta de Andalucía obliga al Obispado a restaurar el edificio, que data del siglo XVI, según como se volvió a levantar en el XIX tras su demolición con motivo del terremoto de 1884. “Es un abuso que en tres meses pretendan que se restaure como estaba en el XIX; denme tiempo”, ha subrayado.
“Quiero hacer en el siglo XXI una restauración adaptada a las necesidades de ahora”, ha manifestado Catalá, añadiendo que “no quiero entrar en polémicas, pero es muy complicado”.