Objetivo para 2019: rescatar Doñana en cuatro pasos

Es el primer paso. Y este año se deberían dar todos. El Gobierno ha anunciado oficialmente que va a declarar sobreexplotado el acuífero de Doñana. O, como se diría según sus propias palabras: “el inicio de la tramitación para declarar las masas de agua subterránea La Rocina, Almonte y Marismas en riesgo de no alcanzar el buen estado”.

Es una medida de urgencia. Tanto burocrática, como ecológica. Administrativa porque hace un mes la Comisión Europea decidió elevar a los tribunales la inacción de España ante el deterioro de Doñana. Y una urgencia ambiental, porque el espacio protegido se está quedando literalmente seco.

“El desvío de grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales está deprimiendo la capa freática”, señalaba la Comisión Europea. Y añadía: “la abrupta disminución del nivel de las aguas subterráneas ha agudizado la vulnerabilidad de los espacios de la red Natura 2000 frente a las temporadas secas de la zona y propiciado su mayor deterioro”.

En una visita a la zona con una investigadora del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), Carmen Díaz Paniagua, este diario pudo comprobar cómo muchas de las lagunas del norte de Doñana se habían desecado, mientras, a escasos metros de la valla del parque, los pozos ilegales drenaban las aguas subterráneas.

“Las lagunas permanentes están dejando de serlo, porque hay una bajada del nivel freático que impide que se llenen las lagunas y tengan una duración normal. Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora, si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera”, explicaba.

Ahora, por fin, le toca poner orden al órgano estatal responsable, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH), que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Su presidente, Joaquín Páez, le explica a eldiario.es Andalucía cuáles son los cuatro pasos que se tomarán para declarar sobreexplotado el acuífero y frenar la sangría.

“Lo primero que hemos hecho, en la Junta de Gobierno celebrada ayer (jueves), es anunciarle a la Junta de Andalucía que hemos comenzado la tramitación administrativa para que a lo largo de este año declaremos en riesgo de no alcanzar el buen estado la masa de agua subterránea de La Rocina, Almonte y Marismas. Son las tres masas que están más al norte. Las otras dos (que se encuentran en Doñana) están en buen estado y, por tanto, no tienen que ser declaradas. Son precisamente las que están en la zona más sensible”, desgrana el presidente de la CHG.

El siguiente paso: “a lo largo de 2019, habrá otra junta de gobierno en la se haga la declaración”. ¿Y a partir de ese momento? Hay hasta seis meses para constituir una comunidad de usuarios, aplicando así la gobernanza de agua, y otros seis meses para elaborar un plan de actuación. El objetivo, explica Joaquín Páez, es que todos esos trámites queden resueltos este año.

“Temor” de los regantes

La comunidad de usuarios permite que los propios regantes participen en el reparto de agua que ha de regar sus cultivos. Páez subraya este punto, porque “este tipo de iniciativas no se han dado nunca en el entorno de Doñana y hay cierto temor ante lo desconocido. Los alcaldes, por su parte, temen por la mano de obra, pero eso no tiene que suponer que se va a frenar la agricultura, sino que se va a hacer de una manera más racional, aplicando el principio del desarrollo sostenible” para una industria, la de los frutos rojos, cuya exportación genera 1.000 millones de euros al año.

Un mercado en el que las grandes superficies europeas, y sus consumidores, son cada vez más exigentes con la procedencia y la sostenibilidad de los productos que compran.

El último paso es diseñar un programa de actuación, con medidas concretas y, sobre todo, un plan de extracciones que delimite la cantidad de agua se puede sacar del acuífero, sin seguir poniendo en peligro los ecosistemas, las lagunas y, en fin, la vida de Doñana. Es decir, tratar el agua como lo que es: un recurso limitado. Ese plan “nos va a posibilitar la protección de las masas de agua y cuantificar el agua que se va a extraer. Los técnicos estudiarán si hay que establecer ciertos perímetros y si se pueden construir infraestructuras al lado de ciertas zonas más sensibles”.

Proliferación de cultivos ilegales

Uno de los mayores problemas de la zona es la proliferación de regadíos ilegales. Según cálculos de la organización ecologista WWF, una de cada tres hectáreas de los cultivos situados al norte de Doñana son ilegales. En el control y clausura de esas hectáreas regadas con pozos ilegales está el quid de la cuestión.

Los datos que ofrece el Gobierno es que han realizado más de 1.000 inspecciones, abierto 656 expedientes y 328 sancionadores en el entorno de Doñana. Prometen que “en un espacio corto de tiempo vamos a proceder a la finalización de un expediente que empezó en 2014 y que culmina con el cierre de 77 pozos ilegales”. El presidente de la CHG añade un dato: van a aumentar la vigilancia con teledetección por satélite (ya está en marcha), drones y, sobre todo, “vamos a licitar una asesoría externa para el apoyo, control, tramitación y vigilancia de Doñana”.

En WWF, que denunció en Europa el expolio del entonces acuífero Almonte-Marismas, consideran que se trata de “un paso importante”, porque limita la extracción de agua y supone “la suspensión de nuevas concesiones de aguas subterráneas, de acuerdo a la Ley de Aguas”.

Pero no lanzan a las campanas al vuelo. Se trata, dicen, de una “medida insuficiente. Las Tablas de Daimiel fue oficialmente declarado sobreexplotado en 1988 y su situación sigue siendo crítica 30 años después”. El quid de la cuestión, insisten, está en acelerar el cierre de los pozos ilegales. “Para hacer frente a este problema, las autoridades andaluzas diseñaron en 2014 el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana que conllevaría el cierre de más de 2.000 hectáreas de cultivos ilegales. Sin embargo, años después de su aprobación, el Plan sigue sin aplicarse totalmente”, recalcan.

El trasvase, ¿una solución?

¿Es el trasvase, aprobado por el Gobierno, una solución para dar de beber a los sedientos cultivos de la zona? La CHG, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, defiende que el nuevo “nos permite utilizar el trasvase para llevar agua superficial a los regadíos y que el acuífero y las lagunas mejoren. Queremos sustituir concesiones de aguas subterráneas con aguas superficiales”.

Los ecologistas, por su parte, lo ven innecesario y creen que antes hay que cerrar las fincas ilegales, controlar el consumo de agua de las fincas legales y seguir apostando por el ahorro de agua en el riego. “El trasvase sería la última opción”, subraya Felipe Fuentelsaz, ecologista de WWF.