Las elecciones de este domingo en Andalucía se encuadran en un marco de disputa habitual: todos contra el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno. Pero también representan un cambio de paradigma electoral: es el voto ideológico, que tradicionalmente ha funcionado de percutor para movilizar a las izquierdas, contra el voto útil, de sesgo más conservador.
Este último se lo disputan Moreno y su principal rival, el socialista Juan Espadas, representantes del bipartidismo desgastado. Es la disputa clave, porque quien gane esa batalla tendrá a su favor el sistema electoral andaluz, que beneficia a la fuerza más votada.
Andalucía tiene ocho provincias y este domingo se libran ocho elecciones autonómicas, una por cada circunscripción. La ley d'Hondt, el sistema de cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español, establece un mínimo del 3% de los votos emitidos para obtener representación parlamentaria en cada provincia. Da igual el número y el porcentaje de votos que obtenga un partido en todo el territorio andaluz, lo que cuenta es rebasar ese 3% en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en Granada, en Córdoba, en Almería, en Huelva y en Jaén.
La circunscripción es lo que transforma votos en escaños. Pero ese 3% no es el mismo en todas las provincias, depende de la población y de la participación. Donde hay más andaluces censados (Sevilla y Málaga, 18 y 17 diputados en juego respectivamente), un escaño cuesta menos votos; y donde hay menos población (Jaén y Huelva 11 escaños cada una) obtener representación está más discutido.
En teoría, un 3% es un listón bajo -en las generales es el 5%-, pero en la práctica el umbral lo determina la barrera electoral, es decir, el porcentaje de escrutinio que obtenga el partido más votado en cada provincia. Mientras más fuerza tenga el primero, más votos necesitará el último para entrar en el Parlamento.
En 2018, el último escaño de la provincia de Huelva fue para Vox: costó 17.573 votos, el 8,33% del total. Vox obtuvo la misma representación que Adelante Andalucía, que también logró un escaño, sólo que la coalición de izquierdas había recabado el doble de papeletas (30.187). Un poquito más que esa diferencia de votos es lo que le costó al PP su tercer escaño, el que impidió a Adelante lograr el segundo (alrededor de 12.600 papeletas a la basura).
Esta misma situación explica que la papeleta en blanco beneficie siempre al grupo más votado: por ejemplo, imaginemos que en Jaén se registra un total de 1.000 votos a los distintos partidos, otros 200 en blanco y 50 nulos. Si sólo se contabilizasen los votos a los candidatos -1.000-, a un partido le bastarían 30 votos (3%) para lograr escaño. Pero al contabilizarse también los votos en blanco, el total son 1.200 votos válidos, y el 3% ascendería a 36 papeletas. Es sólo una simplificación. La realidad de Jaén, de hecho, será bastante más compleja en estos comicios. Tiene 11 diputados en juego para ocho formaciones con posibilidades: las seis principales -PSOE, PP, Ciudadanos, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía, además de Jaén Merece Más -la marca de la España Vaciada- y Andaluces Levantaos.
Hay un consenso generalizado sobre la ley d'Hondt y cómo ésta favorece a los partidos grandes y la concentración de voto. Pero en Andalucía no es la principal razón que castiga a las fuerzas minoritarias.
En Andalucía hay 8,5 millones de personas y este domingo están convocados a las urnas 6,6 millones de votantes. Los partidos políticos compiten por el reparto de los 109 escaños del Parlamento autonómico y la mayoría absoluta está en 55 sillones. Los 109 escaños están repartidos de forma desigual entre las ocho provincias, en función de la población: Sevilla, con más habitantes que el resto, tiene 18 escaños, Málaga 17, Cádiz 15, Granada 13, Almería y Córdoba tienen 12 cada una y Huelva y Jaén 11 respectivamente. No en todas las comunidades es así, por ejemplo, Euskadi asigna los mismos escaños a cada provincia -25- con independencia de su población (Vizcaya tiene el triple de habitantes que Álava).
La crisis del bipartidismo PSOE-PP arrancó en 2008 y se ha agudizado con los años, hasta dejar a los parlamentos muy fragmentados, con la irrupción de nuevas formaciones políticas de peso, y sin una mayoría clara. Este escenario ha multiplicado la importancia de la concentración del voto, por eso hemos visto a Juan Manuel Moreno, candidato del PP, hacer un llamamiento al voto útil de las derechas en torno a su formación, y a Juan Espadas, candidato del PSOE, apelar en el mismo sentido dentro del espacio de las izquierdas.
A priori, ninguno de estos dos grandes partidos corre el riesgo de quedarse sin representación parlamentaria, pero ambos compiten por ser la fuerza más votada. La fuerza más votada, no sólo en Andalucía, sino en cada una de las ocho provincias. Obtener la primera posición a una distancia holgada de la segunda es decisivo para absorber todos los votos desechados de las candidaturas minoritarias que no logren rebasar el umbral legal para obtener representación en cada provincia.
Es lo que los expertos llaman los restos o votos desechados: cientos y miles de papeletas para un partido que no le reportan ningún escaño, porque se quedan a unos pocos votos de la barrera electoral que fija el precio del diputado en cada circunscripción, y que viene determinada por la participación y el porcentaje de apoyos que haya alcanzado la fuerza más votada.
En Sevilla, el último de los 18 escaños en juego en 2018 se lo disputaron Adelante Andalucía y Ciudadanos y los restos fueron para el cuarto diputado de la coalición por 9.878 votos, convirtiéndose en segunda fuerza, por detrás del PSOE. En esta provincia es donde la coalición de izquierdas logró más escaños con un 18,88% de apoyos.
En Málaga, los restos fueron para el cuarto diputado de Ciudadanos, que se lo arrebató al PSOE por 3.438 votos; en Cádiz, donde la marca personal de Teresa Rodríguez era más fuerte [Adelante obtuvo su mejor nota provincial: 19,19%], los restos fueron para el segundo diputado de Vox por 8.288 votos, por encima de Ciudadanos; en Granada, los naranjas también se quedaron los restos y sumaron su tercer escaño por 3.681 votos sobre Vox.
En Córdoba los restos se fueron para el PSOE por 16.274 votos, seguido de Ciudadanos; en Almería, fue el PP quien se quedó los restos y sumó un cuarto escaño por 3.417 papeletas; en Jaén, los populares también le arrebataron los restos al PSOE y lograron su tercer escaño por 10.215 votos; y en Huelva los restos se los quedó el PP por una diferencia de 1.698 votos sobre Adelante Andalucía, consiguiendo así su tercer diputado.
Reformas electorales sin futuro
Izquierda Unida ha sido siempre el principal damnificado del sistema electoral andaluz y también el que más veces ha llevado una propuesta de reforma electoral al Parlamento. También lo hizo hace dos legislaturas Ciudadanos, que llegó a pactarlo en el acuerdo de investidura de Susana Díaz, suscrito junto al PSOE. La idea de fondo era la misma: mejorar la representatividad en las circunscripciones menores (principalmente Jaén y Huelva: suman 22 escaños, cuatro menos que Sevilla), donde a los grupos minoritarios les cuesta el doble de votos que a los grandes obtener escaño.
De aquella discusión surgió un grupo de trabajo en el que participaron 70 expertos, sociólogos, politólogos, responsables de agencias demoscópicas... Una de las propuestas que barajaron, entre muchas, fue ampliar el número de diputados del Parlamento andaluz, una de las Cámaras legislativas autonómicas con mayor desproporción respecto a la población a la que representa (109 diputados para 8,5 millones de habitantes). Para eso se debía crear una bolsa de restos, redibujando el mapa electoral para que Andalucía sea una circunscripción única, en lugar de ocho (y por tanto no haya un número de escaños distribuido por cada provincia, como ahora).
Algunos planteaban quitar escaños de las provincias más pequeñas y llevarlos a otras más grandes, donde no se necesitan tantos votos para obtener un diputado, pero el PSOE replicó, con cierta ironía, que “el ideólogo de esta propuesta fuera en persona a explicárselo a los jiennenses y a los onubenses”. En todo caso, cualquiera de estas fórmulas requeriría la modificación del Estatuto de Autonomía que, al tener rango de Ley Orgánica, debe ser ratificado primero por la mayoría del Parlamento andaluz, y luego por el Congreso de los Diputados.
Desde hace 14 años nadie ha logrado alcanzar los 55 escaños de la mayoría absoluta, que permiten gobernar en solitario sin la confluencia de otras formaciones rivales. La última mayoría absoluta fue del último Gobierno de Manuel Chaves, en las elecciones andaluzas de 2008, en las que el PSOE logró 56 diputados con 2,1 millones de votos.
El sistema electoral andaluz ha beneficiado al bipartidismo durante 40 años. Sin embargo, en Andalucía ha habido gobiernos con mayoría absoluta, gobiernos en minoría parlamentaria, gobiernos de coalición de PSOE y Partido Andalucista, gobiernos de colación de PSOE con IU y gobiernos de coalición PP-Ciudadanos, apoyados desde fuera por Vox. Esta diversidad parlamentaria ha sido el argumento más fuerte para postergar el debate de la reforma electoral. Ni siquiera la formación naranja ha impulsado esa ley estando en el Gobierno, aunque fueron precisamente ellos quienes abrieron el debate en la legislatura pasada. Con el cambio de gobierno, también cambió la perspectiva y la prioridad de las cosas.