El fenómeno de ocupación ilegal de viviendas, que sirve de reclamo para las empresas de seguridad y de campaña para la oposición contra el Gobierno de España y también desde las comunidades autónomas de otro color político por su supuesta “pasividad”, parece haberse estacando, a juzgar por los datos. Por lo menos en Andalucía, donde en 2020 se registraron 2.372 usurpaciones, según cifras del Ministerio del Interior a las que ha tenido acceso este diario. Es el mismo número que dos años antes, 2018, y supone una reducción superior a un 8% con respecto a las registradas en 2019.
De hecho, en el conjunto del país, en un año de pandemia con las segundas residencias inalcanzables para su propietarios por las restricciones de movilidad durante buena parte de 2020, solo hubo 54 ocupaciones más que en 2019 (14.675 frente a 14.621). No hay grandes diferencias entre el primer semestre, marcado por una estricta restricción de la movilidad con el estado de alarma más duro, y el segundo, con medidas excepcionales más relajadas. De hecho, el primer semestre de 2020 hubo 7.528 denuncias en España, y en el segundo, 7.685. En Andalucía fueron 1.299 y 1.193, respectivamente, o sea, al contrario: más el primero que el segundo.
Esto prueba, entre otras cosas, lo que han señalado varias veces los autores de esta estadística a partir de denuncias registradas, y es que el objetivo no es ni la primera ni la segunda residencia de particulares, sino mayoritariamente, la propiedad de entidades bancarias y fondos de inversión que mantienen inmuebles vacíos a la espera de un mejor momento para el negocio, o simplemente de la oportunidad para el mismo.
De este modo, se registraron menos denuncias en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y sobre todo en Sevilla, donde cayeron casi un 20%, mientras que crecieron en Granada, Jaén y Málaga. El leve incremento del problema en el conjunto del país (0,2%) se debe a las comunidades autónomas que sí cerraron el ejercicio con más denuncias: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja. De todas formas, Andalucía continúa siendo la segunda comunidad autónoma con más casos en número absolutos, si bien tiene tres veces menos que la más afectada, Cataluña, que en 2020 ha experimentado un ligero descenso. Mientras, la Comunidad de Madrid, que figura en el tercer lugar con más impacto de este fenómeno, vivió una caída similar a la de Andalucía el pasado año.
Estos datos son previos a la puesta en marcha por la Junta de Andalucía de su “sistema de lucha contra la ocupación ilegal y de asesoramiento para la protección de la vivienda”, que se presentó en diciembre de 2020. El objetivo es ofrecer a las víctimas “atención personalizada y asesoramiento sobre las diferentes vías para lograr el desalojo”. El PP y Ciudadanos defendieron este servicio para luchar “contra un problema social que se ha venido incrementando en los últimos años y que es motivo de preocupación no solo para los propietarios que pueden verse despojados de ellos o recuperarla con daños, sino también de la ciudadanía en general”, en referencia a los conflictos de convivencia. Cierto es que si se mira cinco años atrás, en 2020 se produjeron unas 300 usurpaciones más, pero la cifra se mantiene bastante constante el último lustro.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y los consejeros de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, presidieron además la constitución de la mesa de coordinación para la puesta en marcha de iniciativas “que garanticen los derechos de los ciudadanos que sufran la ocupación”.
Desde la Junta de Andalucía no han ofrecido datos sobre este primer semestre de funcionamiento de un plan para “conseguir que Andalucía sea una tierra libre de ocupas”. Esta mesa estaba previsto que echara a rodar el 1 de enero de 2021 en las distintas delegaciones territoriales de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, a la vez que urgían que el Gobierno de España pusiera en marcha “un plan nacional”.
De lo que sí hay datos de los primeros meses de este año es de los desahucios, que no han podido ser frenados ni por la crisis sanitaria ni por el decreto del Gobierno de España para blindar el hogar de las familias más vulnerables durante la pandemia.
Los datos recién dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifran en 1.778 los lanzamientos el primer trimestre de 2021 en Andalucía. El grueso son por impago de alquiler. En el conjunto del país, se incrementaron casi un 13,5% durante el primer trimestre, hasta situarse en 10.961. Por delante de Andalucía solo se sitúa Cataluña, con 2.437, por lo que sufre en torno a uno de cada cinco desahucios del total.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncian que “esta situación no es más que la consecuencia de la pobreza histórica instalada en Andalucía, acentuada en este último año por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias más vulnerables”.
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