Un total de 125 organizaciones se han puesto de acuerdo para emitir un comunicado y advertir a la Junta de Andalucía que emprenderán “todas las vías administrativas y judiciales a nuestro alcance” si siguen adelante con el acuerdo suscrito entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox por el que se comprometen a ceder los datos a la Policía y Guardia Civil de las personas migrantes en situación irregular, según informa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
Como ha informado este viernes eldiario.es Andalucía, los tres partidos citados han dado un paso más en los presupuestos para 2020 en la pretendida expulsión de “inmigrantes irregulares” por parte de la extrema derecha al prever un convenio para compartir con Interior archivos de la Junta y ordenar “adecuadamente los flujos migratorios”.
El acuerdo alcanzado en junio por PP, Cs y Vox en Andalucía para desbloquear los presupuestos ya se advertía: “Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”.
Ahora, el punto 27, con un lenguaje también algo confuso, se apuesta para 2020 por “continuar negociando” con el Ministerio del Interior y “remitir una propuesta de convenio de colaboración” para la creación de un “órgano de coordinación” dependiente de la Secretaría General de Interior de la Consejería de Presidencia para “la coordinación y gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la administración andaluza”. El objetivo final, según se desprende de este punto, es “luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y, por último, garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular”.
Cabe recordar que el acuerdo suscrito entre PP y Vox el pasado 9 de enero para investir al nuevo presidente de la Junta, ejecutado una semana después, señalaba que se trabajará “decididamente” para cumplir varios objetivos, entre ellos “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
De manera más ambigua de la que se contemplaba en las exigencias primeras de Vox al PP, que aludía a que la Junta “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. El desarrollo previsto supondría aportar a la Policía los ficheros de Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde están registradas las personas que tienen acceso a la atención sanitaria normalizada a pesar de estar en situación administrativa irregular en virtud de una cifra (52.000 inmigrantes) que está usando Vox, y que sale precisamente de un informe de un sindicato policial como cifra de personas en situación irregular con tarjeta sanitaria. La ley, en todo caso, prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía pues inclumpliría “el principio de proporcionalidad”.
Carta al presidente
Las entidades han remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una carta en la que recuerdan al Gobierno andaluz que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, “tienen derechos fundamentales” y que “el acuerdo anunciado vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”, por lo que le requieren a que “dé marcha atrás respecto al acuerdo firmado con Vox” y rechace expresamente la iniciativa.
Según el comunicado de APDHA, la propuesta de cesión de datos a partir de ficheros sanitarios y sociales, que permitiría su identificación, localización y posible expulsión del territorio español, se enmarca en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020. El acuerdo, firmado durante el mes de junio de este año, contiene un total de 35 puntos que, tal y como han manifestado las entidades, son “claras concesiones al ideario ultra de Vox”.
Algunas de las organizaciones ya anunciaron que el “acuerdo firmado el pasado verano suponía una criminalización de las personas migrantes”. Ahora, la ratificación de aquel acuerdo, sostienen, “está más cerca de materializarse”. En concreto, el punto 27 del documento recoge una propuesta de “Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular” que, a ojos de las organizaciones, “supone un flagrante atentado contra los derechos fundamentales de las personas migrantes”.
En cuanto al contenido de dicho acuerdo, “se solicita la creación de una institución de coordinación entre las Administraciones autonómica y estatal” que facilite la información sanitaria y social con “el único propósito de agilizar las expulsiones de personas migrantes”. Según las organizaciones andaluzas, el solo anuncio de esta medida “va a generar un efecto de desaliento en el acceso a los servicios sanitarios y sociales”. Se trata de un efecto que, tal y como informó el Defensor del Pueblo Español (DPE) en julio de este mismo año, se está produciendo cuando las personas migrantes interponen una denuncia ya que, como reconocía, “recibe incesantes quejas de personas extranjeras que al acudir a denunciar haber sido víctimas de delito, salen de las dependencias policiales con un expediente sancionador de la Ley de Extranjería por situación documental”.
Por su parte, concluye el comunicado que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ya afirmó en enero de este año que “desde los Colegios de Médicos de Andalucía se piensa solamente en mejorar la sanidad” y que se oponen a “identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político”, en un claro posicionamiento contra esta iniciativa.