La huelga indefinida de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cumplía este lunes una semana, pero su función es tan determinante que en pocos días ha hecho estallar el cronograma del Gobierno de Juan Manuel Moreno para reducir las listas de espera.
En diciembre de 2023 en esa lista había más de un millón de andaluces esperando por una operación o una cita con el especialista, y más de 53.000 habían rebasado el plazo máximo legal para una cirugía. Para recuperar el control, la Consejería de Salud ha anunciado en los últimos seis meses dos “planes de choque”, ambos consistentes en derivar a miles de pacientes, operaciones y pruebas de diagnóstico a la sanidad privada.
Esos dos planes -uno en concurso público, otro en contratos a dedo- deben pasar necesariamente por mesas de contratación administrativa en presencia de uno de esos letrados de la administración sanitaria que desde el pasado lunes están en huelga indefinida. El colectivo es de apenas 42 abogados en toda Andalucía pero tienen paralizado los dos grandes planes de Salud para aliviar el principal problema político del Gobierno de Moreno: las listas de espera.
El acuerdo marco que fija las condiciones generales, y en abierto, para contratar con la sanidad privada la derivación de pacientes en lista de espera para operarse en la pública se licitó el pasado octubre, con un presupuesto estimado de 533,3 millones de euros para cuatro años. El SAS está revisando aún los requisitos de las clínicas privadas que participan en ese concurso, pero la tramitación iba tan lenta que en enero la nueva dirección decidió un 'plan b' para acelerar las cosas: los contratos negociados sin publicidad ni concurrencia con las mismas clínicas privadas, aprobados en un Consejo de Gobierno el pasado 21 de febrero. Esos contratos a dedo tienen un presupuesto inicial de casi 120 millones de euros, prorrogables hasta 2025 con una ampliación de gasto ya autorizada hasta los 275,6 millones.
Ambos procedimientos han tropezado con la huelga de letrados, puesto que se han visto suspendidas las mesas de contratación administrativas previstas para la semana pasada por ausencia de los mismos. En total, más de 809 millones de euros reservados en contratos con la sanidad privada en el aire por la huelga de los letrados del SAS. Mesas relativas a esos procedimientos (en Granada -contratación de 28 millones-, Jaén -contratación por 24 millones- o Cádiz -contratación por 38 millones) no se han podido celebrar por ese motivo en los últimos días, detallan las fuentes, que comentan además que cada expediente de contratación requiere de varias mesas.
Los abogados, funcionarios por oposición y asociados en ALAS, han informado de que su huelga ha afectado ya a casi un centenar de juicios los que se han celebrado sin la asistencia de letrados que defiendan los intereses de la administración, con más de 250 plazos procesales sin atender (contestaciones a la demanda, recursos, medidas cautelares, etc), y 33 mesas de contratación suspendidas, algunas de las cuales que tenían por objeto contratación ordinaria pero entre ellas también las referidas a “una de las medidas estrella del presidente de la Junta”, dicen en alusión a los planes por aliviar las listas de espera en la sanidad andaluza.
“Las 33 mesas de contratación de la semana pasada se han suspendido todas porque no había letrado disponible”, indican los letrados, que han informado de “los primeros efectos” de una huelga que ha tenido un seguimiento del 90% y que han decidido hacerla antes sus “condiciones lamentables”, derivadas de acuerdo a sus argumentos por la falta de un nuevo reglamento que regule la asistencia jurídica que prestan al Servicio Andaluz de Salud. Esas mesas, si bien la gran mayoría son relativas a la actividad ordinaria del Servicio Andaluz de Salud, “son necesarias para adjudicar contratos públicos, muchos de ellos financiados con fondos europeos”, detallan.
Las fuentes indican que su intervención en las mesas de contratación sirve “para garantizar el cumplimiento de la legalidad en la contratación llevada a cabo”, si bien advierten de que no son los responsables de la existencia de las listas de espera. “El perjuicio que los responsables de la Administración están causando en los presupuestos de la Junta de Andalucía por las pérdidas derivadas de la falta de atención de los procedimientos judiciales y la paralización de toda la contratación pública sanitaria, que se irá incrementando a medida que avancen los días de la huelga indefinida, es causa directa de una falta de negociación seria por parte de la Administración”, aclaran.
Por parte del Comité de Huelga se está procediendo a la recogida de datos para poder seguir dando información sobre los efectos de una huelga que califican de “devastadores” para la Junta de Andalucía, que “sigue sin hacer una propuesta mínimamente seria que permita resolver el conflicto”. Los abogados piden además “que no trasladen la responsabilidad al ciudadano, ni a los profesionales ni a los propios letrados de sus servicios jurídicos, y que asuman que esta situación es derivada de su falta de interés por solucionar un problema que se remonta a años y que tendrá repercusiones graves a medio plazo y serán responsables de las mismas”.
“Solamente el importe de los juicios celebrados esta semana en la provincia de Almería sin la asistencia de letrados del SAS ha supuesto un importe de más de 2 millones de euros. La falta de una solución a la huelga de los letrados de dicho servicio jurídico va a poner en riesgo millones de euros por la desatención de los juicios”, advierten en una información enviada a la prensa este lunes.
Así resumen su “situación de conflicto”: “No se ofrecen soluciones, ignorando una vez más el volumen y la repercusión económica de los miles de procedimientos judiciales que se atienden en la Asesoría Jurídica del SAS. Procedimientos de cuantías que superan con creces el importe de la partida presupuestaria necesaria para aprobar el reglamento que se demanda y atender las peticiones de mejora que se vienen solicitando desde hace años”, criticando la “pasividad del Gobierno autonómico” ante un “problema que ya se venía advirtiendo a los responsables de la Administración”
De hecho, en diciembre, como informó este periódico, ya advertían de las consecuencias para la salud pública puesto que “pone en riesgo” la viabilidad de las licitaciones públicas, de la gestión de los fondos europeos y de los procedimientos en los que es preceptiva su intervención, así como la defensa del personal sanitario, según ya decían los letrados, que hacía varios meses pedían desbloquear la situación de un colectivo que se reconocía parte “importante” del engranaje del sistema sanitario público andaluz.
Y así también lo reconocieron fuentes oficiales de la Consejería de Salud allá por el mes de noviembre: “Desde esta Consejería se reconoce la labor que realizan estos profesionales y las múltiples funciones que desarrollan y que son indispensables para el buen funcionamiento de la administración sanitaria y la protección del personal del SAS”.
Fuentes e la Consejería han informado a este medio de que este se ha celebrado una “nueva reunión” con el comité de huelga de letrados, con representación tanto del SAS como de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Dice la Junta que en ese encuentro “se le ha transmitido al comité de huelga una propuesta de acuerdo para la desconvocatoria de este paro, que pasa por la constitución de un grupo técnico de trabajo para concretar el proyecto de decreto regulador de la asistencia jurídica al SAS, con una cita fechada para el próximo día 15 de abril”.
En dicho documento, añaden las fuentes oficiales, “se plasma la voluntad del Gobierno andaluz de regularizar y ordenar el funcionamiento vía Decreto de este cuerpo recién creado, el 14 de diciembre de 2023, por la Ley de Función Pública, tal como piden los letrados y letradas”. Además, “se fija como prioridad del grupo de trabajo estudiar la cuantía de un complemento de productividad que valore el especial rendimiento, actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del personal de los miembros de este cuerpo”.
Por último, la Administración andaluza “se compromete a la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) y, especialmente, la adecuación de las características esenciales y de los complementos específicos de cada uno en función de la dificultad y complejidad de sus funciones”. Al cierre de esta edición, la Junta no había recibido respuesta sobre si mantienen o no la convocatoria de huelga, dado que el comité de huelga está analizando todas las cuestiones.
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